El Senado aprobó un proyecto de declaración promovido por Martín Lousteau que exige aplicar la emergencia. El jefe de Gabinete dejó los dedos marcados.
Discapacidad: la oposición rechazó el decreto de suspensión y encontró un antecedente que complica a Francos
La oposición del Senado no dejó pasar este jueves la decisión de Javier Milei de no aplicar la emergencia en Discapacidad, mediante una inédita suspensión publicada en el Boletín Oficial. Este jueves, se aprobó una declaración promovida por Martín Lousteau que desconoce esa decisión y recuerda un antecedente de Guillermo Francos que podría complicarlo en Tribunales.
La nota fue aprobada con 54 votos a favor (respaldaron Unión por la Patria, la UCR y los partidos provinciales), dos tercios de los presentes, que permitieron no tener que pasar por comisión. Se señalan dos razones que impiden al jefe de Gabinete justificar la suspensión de la norma por falta de recursos, que fue la excusa que utilizó Francos para anunciar que no aplicará la ley.
La primera es que el artículo 19 de la emergencia en Discapacidad detalla con claridad las fuentes de financiamiento. Señala que está habilitado a reasignar partidas de todas las áreas del presupuesto, a excepción de servicios sociales. Francos, en el decreto de promulgación, sostuvo que esa descripción no era "fehaciente" y por lo tanto no entendía bien de dónde sacar plata.
Sin embargo, Lousteau descubrió que hace un año el jefe de Gabinete envió un proyecto de ley para reformar el régimen penal juvenil, en el que se habilitaba a Francos a "reasignar las partidas correspondientes" para su implementación. "O sea, para este tema sí puede mover partidas; pero para Discapacidad no", ironizó el economista.
La decisión de no implementar la emergencia en Discapacidad le costó a Francos pedidos de moción de censura por parte de Unión por la Patria en ambas cámaras; mientras que en Diputados fueron presentados proyectos por Encuentro Federal y Coherencia y Desarrollo (exlibertarios).
Por ahora no hay consenso para tratarlos, porque de prosperar, estas iniciativas implicarían la remoción de Francos. Los aliados del Gobierno que avalaron la emergencia en Discapacidad prefieren no ir tan lejos. Mayans advirtió que si la emergencia no se aplica, "tomarán medidas", una clara advertencia.
En el Senado está aprobada una interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, que tendría fecha para después de las elecciones. No prosperaron los pedidos para llevar al banquillo a Karina Milei, por el escándalo de la ANDIS. Francos quedó apuntalado por su rebeldía, sobre todo porque podría repetirse si no quiere aplicar la ley de emergencia pediátrica y la de presupuesto universitario, cuyos vetos fueron rechazados este jueves.
Ambas iniciativas plantean que las partidas para financiar también deben ser parte de reasignaciones de Francos, quien aplicó este mecanismo al menos 20 veces este año. No le queda otra: como el presupuesto vigente es de 2023, los montos están desactualizados y la recaudación es superior.
Francos quedó al borde de la destitución por no cumplir una ley aprobada con amplias mayorías. La norma contempla un incremento en el pago de las prestaciones que se desembolsan por discapacidad, ya sea mediante el fondo compensador (financiado por obras sociales y prepagas); o el Estado, que aporta a quienes no tienen cobertura mediante el programa Incluir Salud.
Para ambos casos -que tienen los montos congelados hace un año- la ley dispone un pago por única vez para compensar la pérdida de inflación retroactiva a 2023, para luego indexar los aranceles con la suba de precios para los meses siguientes. También se establecen perdones fiscales a prestadores.
Además, la emergencia -que dura un año- ordena el sistema de pensiones, con la creación de una nueva para "protección Social", que absorbe las de invalidez laboral y contempla el 70% del haber mínimo. De todos modos, estos beneficios caerían si las personas con discapacidad acceden a un empleo de hasta dos salarios mínimos.
Las fuentes de financiamiento de la ley están especificadas en el artículo 19: se permite usar todas las partidas que no estén destinadas a servicios sociales. El Gobierno no participó de las negociaciones durante el largo debate parlamentario, pero justificó el incumplimiento de la norma en los fundamentos del decreto firmado por Milei, Francos y Lugones, encargado de ejecutar las prestaciones.