Alcanza a personas con cargos legislativos en el Congreso y a directivos del Banco Central. Hubo dictamen, pero podría caerse en el recinto.
Silviana Giúdici, de La Libertad Avanza, negocia las leyes de Javier Milei.
En el inicio del nuevo Congreso, con el oficialismo más poderoso por los resultados del 26 de octubre, Javier Milei no se la hizo fácil a sus aliados: este miércoles, en la sesión de Diputados, fue incluido un proyecto para sancionar con penas de prisión a funcionarios, legisladores y directores del Banco Central, en caso de provocar déficit fiscal.
La iniciativa tuvo dictamen este martes, con firmas de aliados que también respaldaron el presupuesto 2026, que son la UCR, PRO y partidos provinciales. Pero no hay certezas de que estos respaldos se trasladen al recinto. “Estamos justos. Tal vez no salga”, confió a Letra P una fuente de La Libertad Avanza (LLA). Una opción para que este proyecto no se apruebe seria dejarlo para el final, cuando la sesión se quedaría sin cuórum.
Como explicó este medio, el jefe del PRO, Cristian Ritondo, había cuestionado la regla fiscal durante una reunión con funcionarios nacionales, liderada por Diego Santilli (ministro del Interior) y Carlos Guberman (secretario de Hacienda). Milei se mantiene firme y el proyecto sigue en carpeta.
Hay más consenso en el proyecto de inocencia fiscal, que fue dictaminado sin disidencias. Se trata de una iniciativa que eleva los montos no declarados que habilitan una denuncia penal. El máximo objetivo de la sesión de este miércoles sigue siendo el Presupuesto 2026, que será aprobado, pero tendrá un duro debate en particular, con algunos artículos que se pueden caer.
El proyecto de regla fiscal prohíbe un resultado financiero deficitario, obliga a adecuar las partidas al jefe de Gabinete si eso sucede, pero, lo más llamativo, es que prevé penas de cárcel efectiva para los funcionarios y legisladores que provoquen esa situación.
La reforma del código penal que propone establece entre uno y seis años de cárcel. Después de los cuatro, suelen no ser concedidas las excarcelaciones. Los legisladores deberán incluir en cada proyecto el origen de las partidas que se usarán.
Los funcionarios, además de la prisión, serán castigados con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los que peor podrían pasarla son los funcionarios del Banco Central: sus directores tendrían penas de entre tres y diez años de cárcel si violaran la regla fiscal son sus medidas.
Ni los aliados del Gobierno pueden aceptar tantas penas y buscan un atajo para que no prosperen. "Es una locura total. Una ley deroga otra ley. Si alguien quiere gastar de más, cambia este proyecto. Y si no modificás la carta orgánica del BCRA esto no sirve" señaló un socio de LLA a Letra P.
El proyecto de inocencia fiscal fue presentado el 5 de junio y tuvo dictamen mayoritario, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, que tuvo 44 firmas a favor, sobre 74 presentes. La iniciativa eleva los montos mínimos para delitos tributarios, que son de 1.5 millones. Los eleva a 100; y crece de 15 a 1000 millones en casos de evasión agravada. El aspecto más polémico es la declaración simplificada de Ganancias, que será sólo por 1000 millones de ingresos y 10000 millones por patrimonio.
Un cambio anunciado por Laura Rodríguez Machado, del PRO, es que las variables se tomarán para la movilidad. El proyecto establece como ajuste el salario mínimo; pero el texto final incorporó las UVAS, porque serán tenidas en cuenta en el Código Penal.
La novedad es que la ARCA podrá elaborar la declaración y el contribuyente aceptará o no. La prescripción penal baja los plazos de cinco a tres años y sólo se aplica si hay una discrepancia significativa.
Unión por la Patria también presentó dictamen de minoría. Propone mantener la prescripción de cinco años para casos sensibles y diez años para la prescripción de las provincias. También acompaña la suba de montos para declarar, pero con números más bajos: 200 millones (ingresos) y 2000 (patrimonio total). Provincias Unidas también presentó su propio dictamen. No votará el proyecto del Gobierno.