Las designaciones clave abren la temporada de disputa entre el PRO, el peronismo y La Libertad Avanza. Fechas, actores y plazos.
La Legislatura porteña puso en marcha los mecanismos para renovar y designar autoridades en algunos de los organismos más sensibles del esquema de control y administración judicial. La discusión involucra la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y el Ente Único Regulador, en un escenario político atravesado por la irrupción de La Libertad Avanza (LLA).
La activación formal de los expedientes comenzó a tomar forma en la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura, que será el ámbito encargado de canalizar las negociaciones políticas y los acuerdos necesarios para avanzar con las designaciones más importantes del año.
Durante casi dos décadas, los organismos de control y los cargos institucionales de la Ciudad de Buenos Aires se negociaron bajo un equilibrio relativamente estable entre el macrismo y el peronismo. Sin embargo, la irrupción electoral de LLA alteró esa lógica y abrió una nueva disputa por el reparto de poder dentro de la estructura porteña.
La discusión más importante pasa por la futura designación del fiscal general, cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y responsable de conducir la política criminal local. El cargo tiene un mandato de siete años, requiere acuerdo legislativo con mayorías especiales y la propuesta del candidato corresponde de manera exclusiva al jefe de Gobierno.
Jorge Macri ya envió el pliego para formalizar al actual fiscal general interino, Javier López Zavaleta, quien había quedado al frente del organismo tras el pase de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia de la Nación. El procedimiento se activó bajo el mecanismo previsto por el Decreto 381/12, que regula las propuestas de candidatos para cargos judiciales y del Ministerio Público.
El envío del pliego rompió la expectativa y el pacto no escrito de que presumía que las negociaciones por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y el Ente Regulador se resolverían como parte de un acuerdo integral entre oficialismo, peronismo y libertarios.
La decisión del oficialismo de avanzar primero con el fiscal general aceleró las tensiones y empujó al resto de los espacios a activar sus propias discusiones. En paralelo, comenzó a moverse el proceso para la renovación de la Defensoría del Pueblo y la Junta de Ética, presidida por el peronista Matías Lammens, fijó la audiencia pública para el 10 de agosto.
La Constitución de la Ciudad establece que la Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo y autárquico cuya conducción requiere el voto de dos tercios de los legisladores presentes. Además del titular del organismo, la negociación suele extenderse a las defensorías adjuntas y a distintos cargos internos de peso administrativo y político.
El tercer capítulo pasa por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, organismo encargado de controlar concesiones y servicios bajo órbita de la Ciudad, como el subte, la higiene urbana y el alumbrado público. Sus autoridades también son designadas por la Legislatura porteña y, en los últimos años, varias continuaron en funciones mediante prórrogas por falta de acuerdos políticos.
El trasfondo de la discusión excede la dinámica institucional. En la Legislatura ya reconocen que LLA empezó a hacer valer el peso político que obtuvo en las urnas y busca disputar espacios concretos dentro de los organismos de control. Ese bloque planteará que si, como se presume, el Fiscal General será el propuesta por el oficialismo y el peronismo retiene la Defensoría -hoy en manos de María Rosa Muiños-, el Ente debería estar encabezado por un o una libertaria.
La tensión apareció con claridad en las últimas negociaciones parlamentarias, especialmente durante la aprobación de la ampliación presupuestaria impulsada por Jorge Macri, donde el bloque libertario condicionó parte de su acompañamiento al avance del RIGI y el RIMI porteño.
Ese nuevo equilibrio de fuerzas empezó ahora a trasladarse al tablero institucional. Mientras el PRO busca sostener posiciones estratégicas vinculadas al Ejecutivo y al Ministerio Público Fiscal, el peronismo pretende conservar y ampliar influencia en organismos de control, en virtud de que es la primera minoría parlamentaria, controlando un tercio de la cámara. Los libertarios, en cambio, comenzaron a reclamar un lugar propio dentro del nuevo reparto de poder porteño.
La discusión recién empieza, pero en la Legislatura ya admiten que la etapa en la que el PRO y el peronismo ordenaban en soledad el mapa institucional de la Ciudad quedó atrás. Con peso parlamentario propio y capacidad para condicionar votaciones clave, LLA busca ahora traducir sus resultados electorales en lugares concretos dentro de la estructura estatal porteña.
