El Ministerio Público Fiscal denuncia a la cámara por aprietes y por el fallo de un caso que implica a gremios pesados. Los magistrados reprochan instrucciones.
Hector David, fiscal general adjunto de Córdoba
Dos causas de alta resonancia social e indudable impacto político, alienta una pelea que no parece extraña para la Justicia de Córdoba. El conflicto involucra a magistrados de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 3ª Nominación de la ciudad de Córdoba, y a la conducción del Ministerio Público Fiscal de la provincia.
Los jueces Gustavo Ispani, María de los Ángeles Palacio y Leandro Quijada son cuestionados por la rápida resolución de una intrincada causa que involucra a gremios con vínculos políticos y económicos de peso. También por realizar públicos reproches al accionar de los fiscales, tanto de instrucción como de casación. El MPF, que advierte que casará la sentencia de la Cámara, desliza sospechas sobre su voluntad de esclarecer aquel caso. En paralelo, pidió la intervención del TSJ para que evalúe el comportamiento de los jueces.
Los cruces entre magistrados y fiscales tuvo su punto más notorio durante el reciente juicio por el asesinato de Gabriela Pérez, una trabajadora de limpieza que recibió un balazo mientras participaba de un asado organizado por la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza (Soelsac). Desde un primer momento, el crimen quedó enmarcado en la disputa por la conducción del gremio, que preveía elecciones tras casi 20 años bajo control de Sergio Fittipaldi, un dirigente identificado con el peronismo, extitular de las 62 Organizaciones, que meses antes había quedado como primer legislador suplente.
Las sospechas se dirigieron automáticamente a una facción opositora, que respondía a la conducción del Sindicato de Recolección de Residuos y Barrido (Surrbac), el gremio de los trabajadores de higiene urbana, con control de Franco Saillén, exlegislador provincial y referente del kirchnerismo mediterráneo.
El caso sirvió para echar luz sobre los vínculos de las agremiaciones con el poder político. Marginales en la estructura histórica de las centrales, ganaron preponderancia a partir de la privatización de servicios esenciales. Presente en todas las escuelas de la provincia, el Soelsac logró gran penetración territorial. Con estrategia y músculo, el Surrbac se convirtió en partícipe de decisiones políticas que corresponden a los intendentes.
La trama de la causa expuesta involucró también a facciones de las barras del Club Atlético Talleres, implicadas en disputas por el control del narco en la ciudad y también, cómo no, por el mando en su propia tribuna.
Con todos esos ingredientes, el desenlace dejó insatisfecha a buena parte de la sociedad. El único acusado por el crimen, Gustavo Herrera, hermanastro de la víctima, fue absuelto por unanimidad por el jurado popular y la Cámara 3ª del Crimen. En los fundamentos, difundidos esta semana, los magistrados cuestionaron duramente la investigación realizada por la fiscal Silvana Fernández, así como la defensa de la misma que realizaron sus pares de cámara, Laura Battistelli y Marcelo Sicardi.
En su decisión, el tribunal apuntó la falta de pruebas contundentes para sostener la acusación por los delitos de tentativa de homicidio criminis causae y homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria imputados a Herrera. No permiten establecer, dicen los tribunos, que el autor del ataque haya sido el acusado.
En una conclusión que se lee como un serio revés a la instrucción, la sentencia también descarta que el motivo haya sido un conflicto gremial. Para el tribunal, las acciones desplegadas el día del hecho “tuvieron su origen en la disputa por la conducción de la barra La Fiel”. Es decir, la barra de Talleres.
La respuesta del Ministerio Público Fiscal tomó un cariz inusualmente duro. Para reforzar su postura, extendió sus observaciones a otra investigación con vinculaciones políticas, cuyo abordaje también compete a la Cámara 3° del Crimen. Conocida como megacausa Bomberos, tiene más de 10 acusados, entre ellos altos funcionarios policiales, por haber facilitado certificados falsos a empresarios que querían habilitaciones municipales para sus emprendimientos. La voz cantante corresponde a Héctor David, fiscal general adjunto, al que corresponden los esquemas para definición de fiscales para cada causa. En sus más de 20 años en el MPF no se le conocen intervenciones sobre las causas en curso.
Esta vez, acudió directamente al Tribunal de Ética Judicial, dependiente del Tribunal Superior de Justicia, para denunciar una serie de intentos de violación, recurrentes y concurrentes, de la independencia y las facultades del MPF.
Según expone, en las mencionadas causas los camaristas incurrieron en graves faltas. En primer lugar, habrían intentado remover a los fiscales de cámara designados para la causa Pérez, acudiendo directamente al fiscal general, Carlos Lezcano. Sin suerte en tal cometido, habrían cuestionado abiertamente, con términos impropios, la acción de Fernández y Batistelli durante las audiencias del juicio.
La misma presentación también observa un “avasallamiento” en la causa Bomberos. Allí, además de un intento por cambiar el fiscal asignado, los camaristas habrían sugerido a éste cómo encuadrar los hechos investigados. Incluso, habrían expresado duros cuestionamientos al accionar del instructor que completó la pesquisa.
Con esas cartas sobre la mesa, David también confirmó que el MPF apelará la absolución de Herrera. Pedirán una revisión y la consideración de elementos que la cámara no tuvo en cuenta. Además, unificarán más de 10 expedientes conexos en que se instruyen antecedentes de violencia entre las agremiaciones. Con tal acción esperan avanzar también en la elucidación de las verdaderas razones del ataque.
Junto a ello, pedirán que se inicie una investigación sobre una supuesta pista narco, denunciada por Fittipaldi en las audiencias. Según acusó, los referentes del Surrbac querían tomar control del gremio para expandir “su red de distribución de drogas”.
El recelo entre jueces y fiscales remonta al siglo pasado ya. Calificadas fuentes apuntan a las resistencias de los primeros para implementar un sistema acusatorio, en el que las funciones de cada parte están claramente determinadas. “El MPF investiga y acusa, la defensa representa al imputado y el tribunal decide”, explican.
Las mismas voces achacan a los jueces por sostener un “sistema perimido”. En sus palabras, los magistrados no querrían resignar un “sillón de privilegio, desde el cual pretenden controlar todo el proceso. O ajustarlo a un guion prefijado. Más que cámaras, actúan como camarillas”, fustigan.
La generalización se desgrana al analizar el accionar del mencionado cuerpo colegiado en aquellas causas. Entre dientes, los fiscales rechazan las acusaciones formales de los jueces. Según remarcan, no son ellos los que carecen de voluntad por esclarecer hechos que refieren a poderosos sindicatos. “Esta estampida de violencia que escaló en las calles fue gremio contra gremio, Surrbac contra Soelsac, a cualquier precio”, afirmó la fiscal Battistelli, quien acusó a la cámara de sembrar dudas que no existen en la investigación.
Además de cuestionar el fallo, desde el MPF impugnan el escaso tiempo dedicado al abordaje de un extenso expediente. “Quisieron cuatro audiencias. Nada más. Parecían apurados en cerrar todo. Ni siquiera consideraron la posibilidad de extender los horarios. Y fueron ellos mismos los que dejaron avanzar los tiempos hasta los límites posibles”, desliza otra fuente consultada
La concatenación no es casual. Desde hace tiempo sobrevuelan variadas sospechas sobre la voluntad de los funcionarios de Justicia por ir a fondo en las causas en que se afecta al poder real, aquel que se define en cifras pero se expresa a través de la política.
Sobre tales aprensiones se edifica también la desconfianza de los cordobeses en el Poder Judicial.
