Oscar González será juzgado por el choque fatal de la Altas Cumbres. Recusaciones, apartamientos y sospechas también pondrán bajo la lupa al tribunal.
Oscar González durante su último período como legislador en Córdoba
A partir del lunes 3 de agosto los ojos del país volverán a posarse sobre el accionar de la Justicia de Córdoba. Desde esa fecha Oscar González, deberá sortear un delicado juicio que se sustanciará en Villa Dolores, cabecera del valle de Traslasierra, donde por años concentró más poder que nadie.
Por décadas engranaje indispensable para la estructura del peronismo cordobesista, el exministro y exjefe de Gabinete, irá al banquillo sospechado de ser el principal responsable de un tremendo siniestro vial, ocurrido en octubre de 2022, que provocó la muerte de una mujer y lesiones graves a dos niñas que la acompañaban.
El también exdiputado llegará en libertad a los Tribunales, pese a distintos pedidos en contrario. Se sentará en la sala principal acusado por el delito de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.
De ser condenado, podría afrontar una pena de entre tres y seis años de prisión. Durante el juicio, la querella intentará agravar la imputación, incluyendo la figura de dolo eventual. Es decir, cambiar el eje de discusión, planteado por la fiscalía como imprudencia, hacia una necesaria prefiguración de las consecuencias de su accionar. Si así ocurriere, la pena podría ser mayor.
Durante más de tres años, el tránsito judicial de la causa ha sido atravesado por varias sospechas, todas dirigidas al manejo del poder político.
La primera de ellas apunta al desempeño de la fiscal de instrucción, Analía Gallaratto, quien desestimó sucesivamente las observaciones realizadas por los familiares de las víctimas. Entre ellas, la tipificación del caso.
En una situación sin muchos antecedentes, la responsable de la investigación será la encargada de defender su propia acusación. El fiscal de Cámara titular, Sergio Cuello, debió apartarse por ser concuñado del acusado.
También por la existencia de vínculos con González se apartaron dos de los tres integrantes de la Cámara Criminal y Correccional. Será un solo juez, Roque Camogli, oriundo de Córdoba capital, el encargado de establecer la sentencia. Tampoco habrá jurados populares, dada la tipicidad del hecho.
El pasado año, el propio Camogli fue el encargado de rechazar una recusación interpuesta por la querella contra Gallaratto a quien acusaban de incumplimiento de deberes y prevaricato por presuntas omisiones en su investigación.
Menos suerte tuvieron las acusaciones públicas por presuntas concesiones a la representación legal de González, quien intentó con distintas maniobras evitar el juicio. Curiosamente, uno de los abogados del exfuncionario, Pedro Eugenio Despouy Santoro, llegó a defender la actuación de la fiscal, calificándola de “transparente e imparcial”.
La lupa política sobre este caso judicial responde al peso específico de González. En su trayectoria se pueden constatar las derivas del peronismo cordobés en las últimas tres décadas.
Médico, medalla de oro de la UNC, González abrevó en todas las líneas del PJ que ejercieron poder. Tras ser electo diputado en 1989, ocuparía distintos cargos en el Ministerio de Salud de la Nación durante la gestión de Carlos Menem. Secretario de Comunicaciones luego, sería uno de los puntales de la construcción del riojano en la provincia, brindando su apoyo al proyecto de la re-re. Mudando coordenadas con frecuencia, en la misma década llegaría a enfrentar en instancias internas a quienes se transformarían en los hacedores del cordobesismo.
Ya reconvertido, ocuparía puestos clave durante las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti: ministro de Gobierno en la primera gestión delasotista y jefe de Gabinete del tercer y último mandato del “Gallego”; ministro de Salud por cinco años, surfeando pasos de mando entre aquellos.
Luego se destacaría como pieza crucial en la estrategia parlamentaria del PJ. Legislador por el departamento San Javier, cumpliría tres mandatos en la Unicameral. Buena parte de ellos como presidente provisorio del cuerpo.
Durante esos 23 años, González alternaría exposiciones públicas, ora para defender iniciativas oficialistas, ora para plantarse ante los cuestionamientos, con períodos de construcción política opacos a la luz pública.
Décadas de rosca y contacto, saberes y silencios, le han permitido incrementar su influencia hasta convertirse en uno de los dirigentes más poderosos de la provincia. Atentos a ello, sus pares de bancada nunca accedieron a los pedidos de expulsión. Su salida formal obedecería a su propia renuncia, meses después del siniestro, tan pronto los cuestionamientos bajaron de intensidad.
Del expediente abierto por el choque en la ruta que conduce a las Altas Cumbres se desprendieron causas paralelas que indagan sobre su patrimonio.
La primera tiene que ver con el vehículo que conducía al momento del choque. González fue imputado como depositario infiel de un bien judicializado por el uso irregular de un auto secuestrado y tutelado por la Justicia, luego cedido a la Legislatura.
La segunda le valió una imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por parte del fiscal Maximiliano Hairabedian, quien detectara propiedades y movimientos de fondos que el dirigente no pudo justificar. Fruto de ello, en febrero de 2025 el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja le dictaría prisión domiciliaria en Villa Dolores. La denuncia original, de la legisladora Luciana Echevarría, apuntaba que, tres meses después del choque, González transfirió inmuebles de su propiedad a sus hijos para blindarlos de un eventual embargo civil.
La celeridad y severidad de los funcionarios federales ofrece un significativo contraste con los vericuetos provinciales. En tres años y medio, quienes oficiaron como defensores interpusieron varios pedidos para evitar el juicio, incluyendo ofertas de dinero a las familias afectadas y probation. Aunque no tuvieron éxito, lograron demorar el proceso.
Quienes desconfían de un accionar ecuánime del tribunal que juzgará al exlegislador reparan en sus extendidos vínculos. Recuerdan la protección de que han gozado personas cercanas. También evocan favores que obligan a reciprocidad. “Es el patrón de Traslasierra”, musitan allegados a las familias demandantes.
Desde otro ángulo, analistas judiciales creen que la alta exposición podría jugar en contra de los intereses de González. Suponen, el juez Camogli no contaría con margen para una decisión sin fundamentos. Sí coinciden en asignar pocas chances al cambio en la imputación, atendiendo a la señalada presencia de la fiscal de instrucción como fiscal de Cámara.
Abogados de peso han acompañado al acusado. El más reconocido es Miguel Ortiz Pellegrini, quien cuestionó los pedidos de prisión y sostiene que su defendido debe ser absuelto. Paradojas de la política mediterránea, fue quien defendió a los policías que se sublevaron en 2013, cuando González era Jefe de Gabinete.
En las últimas semanas se sumó Eduardo Caeiro, exdefensor público, quien hace dos años fuera acusado de violación de secreto por haber filtrado las preguntas de un examen a cuatro empleadas durante un concurso interno. Defendido por Ortiz Pellegrini, sería sobreseído por la Cámara de Acusación meses después. Aún así, presentaría su renuncia ante la vigencia de un sumario interno.
Todos estos movimientos se suceden ante el conveniente silencio del gobierno. El gobernador Martín Llaryora sólo se ha referido al caso durante la campaña previa a su elección. Interpelado por la familia de una de las niñas afectadas por el choque, se comprometió a impulsar la investigación a través de las herramientas estatales.
La demanda de justicia encuentra hoy otra repercusión, pero una misma consigna de parte de las familias de Alexa, quien padece secuelas de por vida, su amiga Marina y Alejandra, la docente que perdió la vida instantes después del choque: el caso debe ser abordado como un crimen vial.
