Si impugnan la ampliación del bloque, el PJ pedirá marginar a la segunda minoría. La jefa de la bancada libertaria busca una salida. Villarruel, al margen.
Patricia Bullrich y José Mayans, durante una sesión en el Senado. Negocian lugares en el Consejo de la Magistratura.
La definición de los representantes en el Consejo de la Magistratura en el Congreso amenaza con paralizar el Senado. José Mayans, el jefe del interbloque del PJ, le ofreció a Patricia Bullrich repartir los cuatro cupos y dejar sin lugares a la segunda minoría, que es la UCR.
El 18 de noviembre es la fecha de recambio del organismo encargado de nombrar y sancionar jueces. La jefa de la bancada oficialista, por ahora, no quiere romper con el partido centenario. Prepara un dictamen constitucional para que La Libertad Avanza (LLA) tenga dos lugares, el peronismo y la UCR se repartan los restantes.
"No vemos viable romper con el radicalismo", señalaron fuentes cercanas a Bullrich. Pero en el radicalismo encendieron las alertas. Ante la decisión de Victoria Villarruel de no dirimir la contienda, cualquier variable deberá votarse en el recinto para imponerse. Sumados, el peronismo y LLA superan con creces la mayoría de la cámara. Sin el PJ, un acuerdo debe tener contentos a casi todas las demás fuerzas.
En la negociación también está en juego la presidencia de la comisión de Acuerdos. La propuesta de Mayans parte de la posibilidad de que la Justicia anule la incorporación a sus filas del riojano Fernando Rejal, que le permitió convertirse en la fuerza más numerosa del recinto. Alcanzó 22 y superó a La Libertad Avanza, que registra 21.
En el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, preparan una impugnación. El argumento que utilizarán es el mismo que empleó la Corte Suprema de Justicia en 2022para anular la incorporación del exsenador Martín Doñate como consejero por la segunda minoría. Cristina Fernández de Kirchner había promovido la división de su bloque para que ese casillero fuera ocupado por una figura cercana y sumar además dos por tener la bancada más grande.
Los abogados del Ministerio de Justicia esperan que se oficialice la presentación del PJ para objetarla en Tribunales, pero el peronismo se anticipó y empezó a negociar con Bullrich, quien por ahora no tomó la oferta. Si el Gobierno acepta la propuesta de Mayans, se evitarán planteos judiciales y podrán conformar a sus tropas.
Pero la disputa por los cargos en la Magistratura expone la interna del Gobierno y el nexo protagónico que tiene Bullrich con los aliados del Senado, reflejado en la sesión de este jueves. Si bien es quien jurídicamente tiene que oficializar la elección de consejeros, Villarruel definió una estrategia para no participar: poner a votación un eventual acuerdo para repartir cargos. Con ese dato, Mayans le solicitó a la exministra repartirse los cuatro lugares en partes iguales.
La resolución del conflicto no es sencilla, ya que, si hay un empate entre las dos bancadas mayoritarias, la ley vigente no establece cómo resolverlo. La interpretación del peronismo es que con la paridad se anula el cargo de consejero para la segunda minoría. La propuesta resolvería la interna oficialista por los consejeros. Lule Menem y Karina Milei impulsan a Nadia Márquez. La jefa del bloque libertario propone al cordobés Luis Juez. En el peronismo los nombres están definidos: Eduardo De Pedro y la riojana Florencia López.
Fuentes cercanas a la presidenta de la bancada libertaria contaron a Letra P que por ahora Bullrich prefiere no romper con el radicalismo y prepara un dictamen constitucional para justificar el reparto que busca: dos consejeros para LLA y los otros para el peronismo y la UCR.
El texto que elaboran los juristas de la exministra considera que debe tomarse en cuenta la conformación de los bloques al inicio del año en curso, que sería el 1 de marzo cuando LLA y el peronismo tenían 21 senadores. Estudian el reglamento del Senado para justificar que LLA prevalezca sobre el peronismo y sostenga dos casilleros.
Pero este dictamen de Bullrich no será fácil de imponer en el recinto, porque debería ser votado por otros aliados que se quedan sin nada, como el PRO, Provincias Unidas o partidos provinciales de Misiones, Catamarca, Salta o Tucumán. Tendrían que colaborar para darle al radicalismo un cargo tan relevante por cuatro años.
Es por eso que hay otros botines que pueden ser parte de la negociación. Uno es la presidencia de la Comisión de Acuerdos, encargada de tomar audiencia y dictaminar sobre los candidatos a magistrados. Ante el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto, el cargo fue ocupado por el radical Maximiliano Abad, uno de los aspirantes a la Magistratura.
Abad fue uno de los aliados que se ausentó de la última reunión de la Comisión de Acuerdos para impedir que Márquez asumiera la presidencia. El marplatense quedó a cargo y convocó a audiencias públicas para el 17 y 18 para que expongan candidatos a jueces. Ese día la neuquina volverá a buscar los votos de los aliados para tomar el lugar que tenía Pagotto, pero para conseguir el acuerdo de los aliados necesita tener resuelta la negociación de la Magistratura.
Todas las opciones están sobre la mesa. Si el peronismo quisiera negociar una doble votación en el recinto y en la comisión podría intentarlo. Otra alternativa para el oficialismo es contentar a los aliados con Acuerdos y repartirse con el peronismo los cargos en la Magistratura. La interna también juega: Bullrich no acepta que Márquez controle la comisión y sea consejera. Es una opción que Juez sea el que coordine las audiencias.
Karina Milei y los Menem (Lule y Martín) quieren participar de la negociación y no descartan intervenir el bloque para evitar una maniobra de la jefa, que hace mucho no pide permiso. Pero en la Casa Rosada tampoco hay una estrategia para resolver la disputa por la Magistratura.
