El asesinato de una trabajadora arroja sombras sobre el proceso de reacomodamiento que se produce en el escenario gremial cordobés, a tres meses del cambio de manos del gobierno provincial, en plena transición generacional para un peronismo cordobesista que seguirá en el poder por cuatro años más.
El caso, en plena investigación judicial, por el momento apunta a una disputa por la conducción del Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (SOELSAC), actualmente en manos de Sergio Fittipaldi, líder de las 62 Organizaciones Peronistas de Córdoba y legislador electo por Hacemos Unidos por Córdoba.
Desde su entorno señalan hacia Franco Saillen, integrante de la comisión directiva del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC), quien auspicia a una lista opositora para enfrentar a quien hace 18 años, primero como secretario gremial, luego secretario general, integra la cúpula del SOELSAC.
Tres días después del crimen, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, ordenó suspender la asamblea extraordinaria convocada para definir la conformación de la junta electoral que dirigiría el proceso de renovación de autoridades, con fecha de elecciones para octubre.
La disposición contempla tanto razones administrativas (“resulta llamativo que la entidad haya comunicado 24 horas antes al Ministerio la convocatoria al acto asambleario en cuestión”) como “los gravísimos hechos ocurridos el día 9 de septiembre”. A tal fin, exige “acompañar un protocolo de seguridad de la jurisdicción en la cual se lleve a cabo el acto asambleario, el cual deberá ser aprobado por la autoridad competente”.
El propio Fittipaldi había ratificado la realización de la asamblea, pese al estado de conmoción que aún envuelve a decenas de personas. En particular a los familiares de Gabriela Pérez, una joven de 24 años, quien había asistido al evento organizado por la conducción del SOELSAC. Según su hermana, “por presión de delegados gremiales”.
Madre de un bebé, Pérez trabajaba para una empresa tercerizada que prestaba servicios de limpieza en el Palacio 6 de Julio, sede de la Municipalidad de Córdoba. Tras cumplir su horario se dedicaba a otras actividades. Otra historia del pluriempleo, en condiciones de informalidad.
Fittipaldi y Saillén no son parte del entramado de la CGT Córdoba, tampoco están en la trama de reconfiguración abierto tras la “normalización” dispuesta por la conducción nacional. Sin embargo, sus nombres son conocidos en el ecosistema en que se vinculan las entidades sindicales y las dirigencias políticas.
Hace casi 20 años, ambos formaron parte de la conformación de la CGT Rodríguez Peña, un espacio afín al kirchnerismo que planteó disputas a la GGT Regional, cuya dirección, por años en manos de José Pihen, mantenía una cuidada sintonía con los gobiernos cordobesistas.
Por aquel entonces, Fittipaldi iniciaba su mandato en el SOELSAC con el apoyo de un SURRBAC que plantaba cara a la conducción nacional de Camioneros y le pulseaba a los gobiernos municipales. En especial al de Ramón Mestre, al que recibió con paros y protestas para marcar presencia ante la renegociación del servicio de higiene urbana.
Ya escindido de su ligazón nacional, la conducción del gremio de recolectores acumularía poder. De la mano de Mauricio Saillén, padre de Franco, lograría mejoras sustanciales para sus afiliados, todos empleados de los servicios de higiene, limpieza y recolección de residuos que concesiona la Municipalidad.
En paralelo, el referente de limpieza también ganaría predicamento entre pares y afiliados. Su gestión se vería beneficiada por decisiones tomadas por los gobiernos peronistas. La primera fue la tercerización de los servicios de limpieza en dependencias públicas, idea que remonta al plan de modernización del Estado impulsado por José Manuel de la Sota a comienzos de siglo. La segunda fue un dictamen de Trabajo de la Provincia, que permitió al SOELSAC, en tanto sindicato de oficios, disputar la representación de trabajadores de otros gremios.
El consecuente crecimiento en las cápitas, hasta llegar a los 23 mil afiliados de hoy, no se compadecería con una mejora en los ingresos de los trabajadores, que perciben en promedio cifras que oscilan entre 120 y 130 mil pesos. Tal es, aún, uno de los principales cuestionamientos hacia una dirigencia que afrontaba por primera vez una posibilidad de derrota en el horizonte.
La causa
Afinidades e intereses comunes adoquinarían un camino cada vez más vinculado a la política partidaria. En 2015 Franco Saillén sería electo legislador provincial por la alianza Córdoba Podemos, representación del kirchnerismo que llevó a Eduardo Accastello, hoy ministro de Industria y nuevamente candidato a intendente de Villa María, como aspirante a la gobernación.
Cuatro años después, mientras negociaba su lugar en la lista de candidatos a diputados que presentaría el Frente de Todos, Saillen sería imputado en una investigación de la Justicia Federal por lavado de activos, asociación ilícita, usura y defraudación, delitos cometidos a través de la obra social (Ossurrbac) y la mutual (Amsurrbac) del Surrbac, por la que terminaron detenidos y procesados su padre, titular del sindicato, y la mano derecha de éste, Pascual Catrambone
Aunque se trató de una de las causas más resonantes de la reciente historia gremial, aún no ha sido elevada a juicio. No obstante, marcaría un punto de ruptura con antiguos aliados. Entre ellos el mismo Fittipaldi y el abogado Ricardo Moreno, quien abandonaría la representación legal de los dirigentes recolectores para consolidar su vínculo con los de limpieza. Juntos protagonizarían, meses después, el relanzamiento de las 62 Organizaciones, hoy punto de apoyo sindical para las candidaturas de Martín Llaryora, Daniel Passerini y, por supuesto, Juan Schiaretti.
Fruto de tal apoyo, con la conveniente supervisión de Moreno, Fittipaldi lograría un lugar en la lista de legisladores provinciales que representará al oficialismo por los próximos cuatro años.
Algunos ubican en ese punto el inicio de una belicosidad que ha tenido varios capítulos. El más sonado, precisamente en un acto de campaña del electo intendente, que se iba a celebrar en Argentino Peñarol, club que preside Fittipaldi. Con pasado de barras y renovados vínculos con ellas, nombres de uno y otro sindicato ya habían protagonizado peleas en un partido de la liga local entre aquel club y el del Amsurrbac.
Preocupados por la escalada de la violencia, referentes de las entidades que son parte de la CGT esperan una rápida intervención de la Justicia. Temen también por la funcionalidad de los hechos al discurso antisindical que enarbolan dos de los tres candidatos con más chances a acceder a la presidencia de la Nación.
En simultáneo, desde la oposición aprovechan para escarbar ligazones de los dirigentes gremiales con el Municipio y la Provincia. Concejales de Juntos por el Cambio ya presentaron un pedido de informes. Desde los andariveles que vinculan a ambas administraciones rechazan cualquier tipo de idea que los vincule con la causa penal en marcha. Antes bien, circunscriben lo ocurrido a una "puja entre gremios que se disputan a los trabajadores encuadrados en convenios de limpieza, unos en ámbito público, otros en las empresas privadas".