El Juzgado Federal N°4 de Rosario está vacante tras la salida del magistrado acusado de delitos varios. Cómo sigue el proceso para definir un asiento caliente.
La Justicia mira de cerca quién ocupará el lugar que durante años tuvo el renunciado Marcelo Bailaque.
El Juzgado Federal N°4 de Rosario estuvo a cargo de un único juez desde 2008: Marcelo Bailaque. Con la renuncia del magistrado efectivizada el 1 de julio, luego de quedar acorralado y en prisión domiciliaria por distintas causas, se abrió un concurso para ocupar la vacante. Finalmente, casi un centenar de inscriptos pulseará para ocupar una silla caliente de la Justicia.
La nómina del concurso N° 528 que maneja el Consejo de la Magistratura y a la que accedió Letra P se abrió el 29 de septiembre y se cerró el viernes pasado. Quienes se postularon estuvieron hasta última hora completando los formularios para pugnar por un lugar que estuvo en la mira en los últimos meses. El paso siguiente será la prueba de oposición, programada para el próximo 30 de octubre.
Entre los nombres inscriptos varios son conocidos o tuvieron su momento de exposición pública tras fallar en causas con impacto mediático. Uno de ellos, Juan Agustín Argibay Molina, siguió de cerca lo que ocurrió en el Juzgado N° 4 en los últimos años. Fiscal federal de la delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Molina fue uno de los investigadores que le dieron sustento a las causas contra Bailaque por prevaricato, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. Primero en la lista de postulantes por estricto orden alfabético, el nombre de Argibay Molina sobresale por aquella pesquisa.
No son pocos los inscriptos que ya recorren los pasillos de la Justicia Federal. Tomás Malaponte, del área de Ejecución Penal, y Matías Mené, de la Oficina de Narcocriminalidad, son algunos de los que figuran en una planilla extensa.
También hay nombres conocidos del ámbito provincial. La fiscal rosarina de Homicidios Dolosos, Georgina Pairola, es uno de ellos. Desde la ciudad de Santa Fe hay varias postulantes, como la jueza Cecilia Labanca, que ha tenido en su juzgado causas como los destrozos en la Legislatura durante el debate de la reforma previsional o la detención por enriquecimiento ilícito del expresidente comunal de Villa Saralegui Walter Sola. También desde la capital provincial presentó papeles Rosana Marcolín, fiscal de la causa de Nicolás Mattioli, hijo del recordado cantante Leo Mattioli, acusado del homicidio culposo de una ciclista a la que atropelló en 2024. Orlando Toniolo, defensor público en Reconquista, resonó en 2023 cuando la Legislatura rechazó su pliego para convertirse en Fiscal Regional de Rafaela tras haber sido propuesto por el entonces gobernador Omar Perotti.
Por último, también aparecen nombres con vinculación política nacional como Federico López Spada, funcionario en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2013. Llamó la atención la inscripción de un Urtubey, apellido con peso e historia en la vida política nacional. Se trata de Rodolfo Javier Urtubey. La confusión inicial entre quienes estudiaban la lista se produjo ante la posibilidad de que fuera Rodolfo Julio, exjuez y exsenador, hermano del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.
Investigado por Argibay Molina, Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (MPA), Bailaque renunció antes de que el Consejo de la Magistratura lo destituyera. Antes, en abril pasado, el juez Eduardo Rodrigues da Cruz había ordenado la prisión preventiva del magistrado en el marco de tres causas por extorsión, vinculación con narcotraficantes y por darle el manejo de fondos de una cooperativa intervenida a una mutual.
Por estas horas, la causa sumó una novedad de impacto: el empresario Fernando Whpei, imputado y detenido con prisión domiciliaria por la causa de extorsión, declaró como arrepentido. Carlos Vaudagna, exdirector regional de la AFIP también involucrado en la causa, se había acogido a la misma figura algunos meses atrás. En el caso de Whpei su declaración como arrepentido ya fue homologada la semana pasada.
Al tratarse de un concurso abierto, los perfiles de quienes se postulan son variopintos: fiscales de fueros provinciales y federales, secretarios de Cámara y hasta abogados particulares. Un jurado llevará adelante la selección teniendo en cuenta distintos aspectos, entre los que figuran la experiencia profesional y académica o las publicaciones en las que participaron.
Luego se realizarán entrevistas personales y habrá lugar para las impugnaciones. El jurado titular está conformado por Enrique Lilljedahl -docentes magistrados-, Gabriel Ignacio J. Anitúa -docentes especialistas-, Erica Elizabet Gorbak -derecho constitucional- y Silvia Adriana Berardo -docentes competencia general-, cada uno con una suplencia asignada.