Fue aprobado con 140 votos, pero no hubo acuerdo opositor con los 90 días de vigencia. La cámara alta retomará la discusión. El Presidente gana tiempo.
Tablero de votación de Diputados.
El bloque de Javier Milei en Diputados.
Javier Milei festejó en Diputados: este miércoles, la oposición no pudo sancionar el proyecto que limita los decretos presidenciales: fue aprobado con modificaciones y volvió al Senado. El Presidente tuvo respaldo del PRO, la UCR y la mayoría de los gobernadores, mientras que laderos de la Coalición Cívica -la fuerza de Elisa Carrió- voltearon un artículo e impidieron la ley.
El proyecto fue aprobado con 143 votos a favor, 81 en contra y 13 abstenciones. El problema surgió con el artículo tres, que es el que contempla el plazo de 90 días de vigencia para los decretos y permite que, en ese lapso, sean eliminados con el voto de una de las cámaras. Tuvo 127 votos, dos menos que la mayoría del recinto, que es necesaria para aprobar proyectos que regulan la Constitución.
El Senado deberá elegir entre insistir con la versión original o tomar en cuenta las modificaciones. El proyecto surgió a partir de una iniciativa de Provincias Unidas de esa cámara, nadie se opuso y fue aprobada por mayoría especial. Los números de Diputados dejan otro dato positivo para el Gobierno: la oposición quedó lejos de los dos tercios necesarios para blindar un eventual veto presidencial. Como anticipó Letra P, la mayoría de los gobernadores ayudó a Milei.
En la sesión de este miércoles, lo que evitó la sanción del proyecto es que hubo 14 miembros de la sociedad opositora que aprobaron la norma en general y luego se dieron vuelta en el artículo 3. Fueron decisivas las gestiones de Martín Menem con los diputados; y del ministro del Interior, Lisandro Catalán en las provincias, quienes celebraron la falta de sanción.
Tres de los opositores que aprobaron en el proyecto en general y se abstuvieron en el artículo tres fueron Marcela Campagnoli, Vitoria Borrego y Juan López (Coalición Cívica). Con los números finales, resultaron decisivos para que Milei pueda evitar una derrota más en el Congreso.
También pasaron de positivo en la general a abstención y o negativo Sofía Brambilla, Álvaro González y Héctor Baldassi (PRO); Fabio Quetglas y Karina Banfi (UCR); Tanya Bertoldi (Unión por la Patria), Facundo Manes y cuatro exlibertarios de Coherencia: (Oscar Zago, Eduardo Falcone, Carlos D´Alessandro y Gerardo González). El radical con monobloque Mario Barletta hizo el camino contrario: votó en contra en general y aceptó los plazos.
La mayoría para aprobar el proyecto se alcanzó con votos a favor de las fuerzas que controlan el recinto desde marzo: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda y Democracia Para Siempre (UCR crítica). Se sumaron los aliados de la UCR, PRO y Coherencia (exlibertarios), que luego se dieron vuelta para votar los plazos e impidieron la sanción.
La Libertad Avanza mantuvo de aliados a la mayoría del PRO y la UCR, que en su mayoría se abstuvo. La mayoría de los gobernadores colaboró con el Gobierno, inclusive algunos de Provincias Unidas, el frente creado para competir en las elecciones. Sólo Martín Llaryora (Córdoba) aportó sus votos para el cuórum y para las votaciones.
No colaboraron los mandatarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz). También ayudaron a impedir la ley otros gobernadores como Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalaqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan).
El proyecto que volverá a discutir el Senado restringe al mínimo el uso de los decretos presidenciales, bajo sus tres modalidades: de necesidad y urgencia (DNU), delegados (atribuciones concedidas por el congreso al poder ejecutivo) y los vetos parciales.
Lo hace con la modificación de la ley 26.122, sancionada por Cristina Fernández de Kirchner, que en los hechos permite a un Presidente blindar los decretos con la mayoría en una cámara; o mantenerlo vigente mientras en los dos recintos no se construyan mayorías para el rechazo.
Miguel Pichetto, que votó aquella norma, explicó que el abuso de los decretos obliga a una revisión. “Hay que entender que este modelo de DNU está agotado. Es imprescindible volver a recuperar el marco de debate institucional en el Congreso, recuperar el consenso y salir del conflicto institucional, que nos lleva a aumentar el caos”, sostuvo el rionegrino.
El artículo cuestionado es el corazón del proyecto: contempla que, en cualquiera de sus formas, caducarán a los 90 días si, para esa fecha, no fueron aprobados en ambas cámaras del Congreso. En ese lapso, además, se establece que si en un sólo recinto, los decretos quedan automáticamente eliminados.
El proyecto tiene otras restricciones aceptadas. Impide que los decretos tengan más de una materia, para impedir un megaDNU, como el 70/23, aún vigente porque sólo fue rechazado por el Senado. También se determina que, si un decreto es rechazado, queda prohibido dictar otro con contenido similar durante el año en curso.
Se mantiene la posibilidad de sostener los efectos jurídicos de los decretos mientras dure su vigencia, una facultad que resiste la Coalición Cívica. El jefe de la UCR, Rodrigo De Loredo, pidió sin éxito que la norma tenga aplicación desde 2028, para que no le ate las manos al Ejecutivo actual. Logró algunos aliados respecto al cuadro de votación general, pero el mencionado artículo fue aprobado con 132 votos.
El debate duró cuatro horas, con muy pocas voces de UP y quejas de LLA. El dictamen de mayoría fue defendido por la diputada Mónica Litza, quien tiene origen en el frente renovador de Sergio Massa y sostuvo que Milei abusó de los DNU.
“No todos los DNU fueron iguales, hay DNU que ampliaron derechos, la AUH fue hecha por DNU, y hay DNU que vinieron a destruir el Estado, que es una de las funciones que tenía el presidente Milei como objetivo”, diferenció. El jurista Fernando Carbajal, de Democracia Para Siempre, destacó que los DNU deben surgir, pero que “todos los presidentes han abusado de manera consciente de esta herramienta. Necesitamos un punto de solución hacia el futuro”, destacó.
El oficialismo se defendió a capa y espada. Nicolás Mayoraz cuestionó el proyecto y arrancó: “Nadie puede acá pecar de ingenuo y creer realmente que todos los que hablaron antes, y después el kirchnerismo, realmente quieren mejorar las instituciones de la República”. Por el contrario, consideró que “quieren desestabilizar al Gobierno, generar la mayor inseguridad jurídica que puedan y lo hacen a través de este proyecto de ley que modifica de la peor manera la ley”.
La exlibertaria Marcela Pagano jugó fuerte contra el Gobierno. “Este proyecto busca el equilibrio, porque el Congreso no fue creado para obedecer, para debatir, para representar y para preguntar”, destacó la periodista.