La mayoría oficialista que domina la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados firmará el próximo martes los dictámenes de acusación por mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. El presidente electo Javier Milei ya anunció su rechazo al proceso y su alianza con el PRO alcanza para que en el recinto no sea posible alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para aprobarlos.
La reunión fue convocada por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, quien antes del ballotage no la había citado por indicación de Sergio Massa, que estaba decidido a bloquear el proceso si ganaba las elecciones, para asumir con un gesto favorable a los jueces. Así lo hicieron saber en reuniones internas del oficialismo los dos miembros que Massa tiene en la Comisión: Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán.
De todos modos, por pedido de Massa, el presidente Alberto Fernández prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, para permitir que los dictámenes pudieran firmarse hasta el 30 de noviembre, el plazo que el actual oficialismo usará para completar el trámite.
La victoria de Milei dejó a la Corte sin un contacto con el oficialismo para protegerse. Después de varias conversaciones, los integrantes del oficialismo que componen la Comisión de Juicio Político decidieron que fuera citada para el próximo martes, con la intención de firmar los dictámenes contra los jueces Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La convocatoria se conoció poco después de que los cuatro magistrados recibieran a Mariano Cúneo Libarona, quien será ministro de Justicia desde el 10 de diciembre. En una entrevista televisiva, este miércoles Milei reiteró que no respalda el juicio político a la Corte. "Si no lo bajan ellos (por este Gobierno), lo bajaré yo”, prometió.
Los números indican que puede hacerlo. La Cámara de Diputados tiene 257 integrantes y para llegar a los dos tercios se necesitan 172 votos. O sea, con 85 voluntades alcanza para impedir que las acusaciones contra los jueces se aprueben y se habilite así el Juicio político, que se realiza en el Senado. La cifra es similar a la que podría llegar la fusión del PRO y La Libertad Avanza en el recinto a partir del 10-D.
Además, se oponen al proceso la UCR y la Coalición Cívica, que hacen imposible llegar al número. El oficialismo sabe que es el final, pero avanzó igual con el proceso para exponer las irregularidades de los magistrados y dejarlas plasmadas en los dictámenes, que seguirán vigentes el año que viene.
Es que a diferencia del resto de los despachos, los emitidos en la Comisión de Juicio Político tienen un año más de vida luego del recambio legislativo.
Las sesiones para acusar a los supremos se iniciaron el 26 de enero y se repitieron casi todas las semanas con la declaración de decenas de testigos, incluidos funcionarios de la Corte Suprema.
Rosatti y Rosenkrantz son los más complicados por las acusaciones. Fueron acusados de mal desempeño por su participación en tres medidas de la Corte: la cautelar que incrementó los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, el fallo que permitió la salida anticipada del represor Luis Muiña, con la aplicación del cálculo 2x1; y el que cambió la composición del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y sancionar a integrantes de la justicia federal.
Maqueda también fue responsabilizado por los casos de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura, pero arrastra además la acusación por su rol en la administración de la obra social del Poder Judicial. Como debe jubilarse el año que viene, en la Comisión de Juicio Político creen que ignorará el proceso, porque sabe que se extinguirá con su salida.
Lorenzetti fue el juez que salió mejor parado de la investigación: sólo fue acusado por la causa de la coparticipación y la Magistratura, aunque en este caso votó en disidencia. No recibió cargos por la administración de la obra social, aun cuando fue presidente del Tribunal durante los años en los que se detectaron irregularidades.
Rosatti y Rosenkrantz rechazaron las acusaciones a través de un descargo por escrito, mientras que Maqueda y Lorenzetti prefirieron no hacerlo. En su documento, el presidente de la Corte sostuvo que el proceso tuvo "una arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal”.