La Justicia, al banquillo

Juicio a la Corte Suprema: el oficialismo prepara los dictámenes y espera la orden de Sergio Massa

Quienes integran la comisión tendrán listas las acusaciones después del ballotage. Hay tiempo hasta el 30 de noviembre para firmarlas.

Mediante reuniones de asesores, encuentros virtuales vía Zoom y conversaciones diarias en WhatsApp, la tropa del Frente de Todos que reúne a la mayoría de quienes integran la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados elabora los dictámenes de acusación por mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. Los tendrán listos para después del ballotage, con el objetivo de despacharlos antes del 30 de noviembre, la fecha límite, pero para tomar la decisión esperarán una orden de Sergio Massa, si es que resulta electo presidente el domingo 19.

El ministro de Economía y candidato oficialista envía sus mensajes a través de dos vocales en la comisión que provienen del Frente Renovador: Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán. En sus últimas entrevistas dijo no haber leído los informes sobre la conducta de los supremos y dejó abierta la puerta a revisar cada uno de ellos si le gana la segunda vuelta a su rival, el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El oficialismo levantó la reunión en sólo dos minutos, lo suficiente para cumplir el trámite formal e impedir que la oposición abriera el debate sobre la investigación judicial de una supuesta red de espionaje ilegal, en la quedó implicado el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, a partir de un chat con el expolicía detenido Ariel Zanchetta.

De todos modos, el diputado no está imputado ni figura en el expediente del fiscal Gerardo Pollicita. Aún así, este jueves la Coalición Cívica pidió la expulsión de Tailhade de la comisión de Juicio Político. La presidenta de ese cuerpo, la oficialista Carolina Gaillard, descartó esa posibilidad. "La inhabilitación no la define una comisión, sino la Cámara", respondió a Letra P.

Además, si un miembro de una comisión deja su lugar no se altera la relación de fuerzas, porque las vocalías corresponden a los partidos políticos, que pueden rotar sus integrantes si lo desean. Suelen hacerlo cuando alguno no puede asistir a una reunión.

La fecha para emitir dictámenes sí es más estricta: vence una semana antes del final del periodo ordinario de sesiones. Por pedido de Massa, el presidente Alberto Fernández lo extendió hasta el 9 de diciembre y el plazo para firmar las acusaciones se corrió hasta fin de mes. Los jueces tienen motivos para presionar: con el recambio de la Cámara, el oficialismo perderá presencia en el recinto y tal vez no pueda volver a dominar la Comisión de Juicio Político. Por lo tanto, si la investigación vuelve a fojas cero, quizá sea imposible retomarla.

Para que sean elevados ante el Senado (que es donde se hace el juicio), luego de ser despachados en la comisión, los dictámenes de acusación requieren la aprobación de dos tercios del recinto de la Cámara baja, una mayoría que con la composición actual y con la que habrá desde el 10 de diciembre ninguna fuerza asegura por sí misma.

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Otro dato que inquieta a los jueces es que, si bien los dictámenes emitidos caen cuando se renueva la mitad de las Cámaras, por reglamento, la comisión de Juicio Político les asigna a los de acusación un año más de vigencia. Pero si antes del 30 de noviembre no se firman, perderán validez los expedientes, acumulados a partir de 27 audiencias y decenas de testigos.

En el oficialismo empezaron a contemplar esa posibilidad, en caso de que sea un pedido de Massa, siempre y cuando gane el ballotage. "De todos modos, la evidencia de las irregularidades que develamos van quedar y la Corte no será la misma", sostuvo ante Letra P una de las oficialistas que domina la Comisión.

En una entrevista radial, este miércoles, Tailhade desechó cajonear la investigación. "Vamos a hacer lo que tangamos que hacer. Ninguno de esta mafia nos va a sacar del camino que tenemos trazado", retrucó.

Las acusaciones

El trabajo que realizan estos días referentes del oficialismo que integran la Comisión de Juicio Político consiste en evaluar los informes con los cargos acumulados contra los jueces para extraer fragmentos que nutran los dictámenes de acusación a cada uno de ellos.

Desde el martes, Juntos por el Cambio exige eliminar todos los cargos porque, entienden en la alianza, utilizaron material surgido de inteligencia ilegal, a parir de la investigación del fiscal Pollicita. En el Frente de Todos niegan esa hipótesis. Aclaran, además, que los supuestos chats que fueron usados para la investigación (entre el vocal de la Corte Silvio Robles y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro), fueron sólo una fuente más

Por caso, este material fue contemplados en la causa sobre la coparticipación, pero por este asunto también se acusa a los magistrados de no haber permitido la defensa de los gobiernos provinciales o haber calculado el nuevo monto que debe recibir la Ciudad sin parámetros objetivos, planteos refutados por Rosatti y Rosenkrantz en sus descargos.

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En el oficialismo consideran la posibilidad de descartar determinadas acusaciones si algunas de las respuestas esgrimidas por los dos magistrados que eligieron ejercer su defensa resultan convincentes, en cualquiera de las temas por los que fueron implicados.

Rosatti y Rosenkrantz recibieron cargos además por firmar el fallo que permitió la salida anticipada del represor Luis Muiña, con la aplicación del cálculo de 2x1; y el que cambió la composición del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y sancionar a integrantes de la justicia federal.

Maqueda fue responsabilizado por los casos de la coparticipación y de la Magistratura, pero arrastra además la acusación por su rol en la administración de la obra social del Poder Judicial. Como debe jubilarse el año que viene, en la Comisión de Juicio Político creen que ignoró el proceso porque sabe que se extinguirá con su salida.

Lorenzetti fue el juez que salió mejor parado de la investigación: sólo fue acusado por la causa de la coparticipación y la de Magistratura, aunque en este caso votó en disidencia. No recibió cargos por la administración de la obra social, aun cuando fue presidente del Tribunal durante los años en los que se detectaron irregularidades.

El rafaelino se benefició de su buena relación con sectores del oficialismo, a la que le agrega un vínculo iniciado con Milei, que le permite vaticinar un final mejor que el de sus colegas, con los que mantiene un feroz enfrentamiento.

Sergio Massa y Alberto Fernández
juicio a la corte: en dos minutos, el fdt pateo los dictamenes para despues del ballotage

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