La mayoría oficialista que domina la comisión de Juicio Político resolvió este martes avanzar con la exposición y votación de los cargos de mal desempeño que recaen contra los cuatro jueces de la Corte Suprema, por tres investigaciones realizadas desde el inicio del proceso, el 26 de enero. En la reunión, además, declararon testigos que complicaron al supremo Carlos Rosenkrantz en la acusación que recibió por fallar a favor de exclientes suyos.
La votación de los cargos se realizará en la próxima reunión y fue pedida por el diputado del Frente Todos, Rodolfo Tailhade. Abarca las investigaciones sobre el fallo 2x1 (que habilitó la salida de acusados por crímenes de lesa humanidad), el del Consejo de la Magistratura (que cambió la composición del organismo encargado de nombrar y sancionar jueces) y la cautelar de coparticipación federal (que aumentó los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires).
"Corresponde, agotada la investigación, que se formulen los cargos y se corra traslado de cargos y pruebas a los jueces, a efectos de que ellos quieran hacer un descargo", anunció Tailhade, al inicio de la reunión.
La intención del oficialismo es aprobar los cargos y, si los magistrados no se defienden, incorporarlos en los dictámenes de acusación. Hasta ahora, el único tema de investigación que tuvo este trámite fue el de las supuestas irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial. En este caso, las responsabilidades recayeron sobre el juez Juan Carlos Maqueda, quien tuvo diez días hábiles para defenderse, pero no lo hizo.
La próxima semana se definirán responsabilidades contra los cuatro jueces que integran la Corte. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rossatti, y Rosenkrantz están acusados por las tres investigaciones, mientras que Ricardo Lorenzetti sólo está implicado en la de coparticipación, aunque algunos sectores del oficialismo no descartan involucrarlo en la causa Consejo de la Magistratura, porque firmó en disidencia. "Se opuso a resucitar una ley vieja, pero no a cambiar la composición", explican.
La Coalición Cívica, de todos modos, tiene iniciada una acusación por mal desempeño contra Lorenzetti que se tratará en las próximas semanas. El diputado de ese bloque, Juan Manuel López, pidió una lista de testigos para iniciar la investigación, entre ellos el exadministrador de la Corte, Héctor Marchi, desplazado del cargo este año por enfrentarse a Rosatti.
Como anticipó LetraP, las acusaciones se formalizarán en noviembre, a través de cuatro dictámenes que podrán tratarse en el recinto en cualquier momento de los próximos tres años, pero que necesitan dos tercios para su aprobación. Sólo de esa manera, se inicia el juicio político en el Senado, que requiere la misma mayoría.
Los clientes de Rosenkrantz
Rosenkrantz quedó este martes complicado en el proceso de acusación, porque uno de los secretarios de la Corte, Gustavo Naveira de Casanova, confirmó que en octubre de 2021 el magistrado pidió, por nota, intervenir en causas judiciales que involucran a los exclientes que tenía en su estudio jurídico, antes de asumir como juez del máximo tribunal. En el oficialismo detectaron que Rosenkrantz actuó en 69 expedientes en los que, al menos una de las partes, había recibido sus servicios como abogado. La mayoría involucra a empresas grandes como Supercanal, AMX (Claro), Clínica Estrada, YPF, supermercados DIA, Grupo América, Pan American Energy y Piero.
Rosenkrantz tiene otras dos acusaciones. Una es por haber reclamado ante la Corte, siendo juez y por entonces su presidente, el pago de honorarios por representar a la provincia de Santa Fe en una causa sobre coparticipación. Habría pedido 18 mil millones de pesos. También se estudia su actuación en una causa que involucra a Tabacalera Sarandí, en la que intervino su exsocio, Gabriel Bouzart.
Consultado por el diputado oficialista Leopoldo Moreau, Naveira de Casanova, titular de la secretaría judicial 7 de la Corte (abocada a temas tributarios, aduaneros y bancarios) confirmó que conoce la nota enviada por Rosenkrantz para solicitar intervenir en casos que involucren a sus exclientes, por considerar que habían pasado cinco años de su asunción como juez y ya no había ningún conflicto de interés. En el oficialismo no encontraron ninguna documentación que avale ese argumento.
Moreau logró poner nervioso al funcionario con un episodio curioso: el 7 de marzo, Naveira de Casanova declaró como testigo en la comisión, reconoció la existencia de esta nota, pero no pude precisar los detalles. Sin embargo, el diputado descubrió que ese mismo día el funcionario había certificado ese documento para remitir al Congreso. "Es raro que no recordara bien qué decía", se burló el oficialista de origen radical.
Naveira de Casanova contó que estaba al tanto de la lista de exclientes de Rosenkrantz y en cada expediente "él decidía si se excusaba". Su declaración activó la reacción de la oposición para defender al juez. Pablo Tonelli, del PRO, dijo que Rosenkrantz esperó cinco años para olvidar su pasado como abogado por "un acto voluntario", porque "nadie le puede imponer que se excuse". "En el Banco Central, la prohibición de haber trabajado en Bancos es de tres años", apuntó.
Moreau le respondió: "Esto confirma que Rosenkrantz se adjudicó un derecho a sí mismo. Fue una decisión individual y arbitraria para inventar una norma". Según Vanesa Siley, del Frente de Todos, el juez trató de legitimar su participación en las causas sobre grandes empresas cuando renunció la exjueza Elena Highton de Nolasco. "Tenían que construir una nueva mayoría".
También declararon los periodistas Ari Lijalad (El Destape) y Juan Alonso (El Cohete a la Luna), quien investigó el caso de los honorarios que pidió Rosenkrantz. El último testigo en exponer fue Roberto Saggese, secretario de la vocalía de Rosatti. El oficialismo lo indagó por la causa Consejo de la Magistratura, que instruyó a poco de asumir.
FUENTE: maqueda
