La comisión de juicio político de Diputados recibió este martes a testigos que declararon sobre las presuntas irregularidades de la administración de la obra social del Poder Judicial y complicaron a los cuatro miembros de la Corte Suprema. Auditores, peritos y ex funcionarios de la obra social aportaron elementos que confirman las anomalías denunciadas por los diputados del Frente de Todos como la falta de presentación de presupuestos, fallas en registros contables, vacantes en el directorio, delegaciones de firmas y las contrataciones irregularidades.
La declaración que más sorprendió a la mayoría oficialista fue la de María Guadalupe Burgos, quien confirmó lo que los diputados planteaban como hipótesis: que fue designada como virtual protesorera para firmar cheques de la obra social sin una resolución que la habilitara. Sólo negó ser sobrina del juez Juan Carlos Maqueda, elegido por sus pares para administrar la obra social entre 2008 y 2021.
Con respuestas monosílabas, ante un riguroso interrogatorio de los kirchneristas Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, no supo identificar los actos administrativos que le permitieron pasar de atender la mesa de entradas de la Corte a manejar las finanzas de la obra social que atiende a más de 100 mil afiliados. Tantas fueron sus dilaciones, que la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, anunció que pedirán la documentación en detalle.
"¿Recuerda la fecha aproximada en la que fue ascendida?", consultó Tailhade. "No recuerdo", respondió Burgos. Fueron las dos palabras que más usó en su declaración.
Burgos sólo identificó su cargo administrativo de prosecretaria, pero no dejó claro si la habilitaba a dar indicaciones. "Estas cosas pasan: son cargos de planta y son derivados a diferentes cargos, a veces como castigo", trató de ayudarla Juan López, de la Coalición Cívica, quien junto a su par Paula Olivetto fueron los únicos opositores que estuvieron en toda la reunión.
"Puede ser que alguien pase castigado a atender la mesa de entrada, pero no a firmar cheques de millones de pesos", la cruzó Moreau. Dubitativa, Burgos desconoció la cantidad de proveedores, la elaboración de presupuestos de la obra social, pero sí identificó a las otras tres personas que firman los cheques con ella. "Lo lamento mucho", la despidió el ex radical.
El testimonio de Burgos estaba previsto para la semana próxima, pero se adelantó por la ausencia de Aldo Tonon, ex director de la obra social, quien se excusó en las causas judiciales que lo involucran. Gaillard anunció que no es justificativo, lo citará otra vez y si no asiste lo mandará a buscar por la fuerza.
La primera en declarar fue la médica María Cristina Interlandi, perito de la Corte Suprema de Justicia, quien firmó un informe crítico sobre el manejo de la obra social encargado por el máximo tribunal. Su presidente, Horacio Rosatti, no imaginaba que sería usado para llevarlo a un juicio político.
Interlandi confirmó que había vacantes como la de subdirección médica, que "hace a la organización administrativa dentro del sistema. Me imagino que lo cubría otra persona", especuló. Admitió que se utilizaba contratación directa y no había licitaciones. "Es importante recordar que estos actos tienen hasta un monto", aclaró Gaillard.
Quien detalló la mayoría de las irregularidades denunciadas fue Oscar Fernández, un contador que formó parte de la auditoría de la Corte a la obra social. Ratificó que la obra social no tenía auditores, carecía de un sistema informático para agilizar los trámites y no se elevaban los presupuestos. "No vimos ninguno en 13 años".
Fernández aseguró que no hay un sistema contable y por lo tanto no es posible registrar los gastos e ingresos. Como consecuencia, ninguno de los balances pasó por el consejo de ciencias económicas. "Es lo que se acostumbra para que sea visto por terceros", explicó Fernández.
Tampoco la pasó bien al brindar testimonio la contadora Melisa Solana, quien estuvo a cargo de la obra social menos de un año, según confirmó, nombrada por el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, quien aún así no le dio recursos para trabajar. "No tenía oficina y recibía a los auditores como podía", relató.
También declararon Laura Coulín y Liliana de Brito, trabajadoras del Poder Judicial y afiliadas a la obra social. Denunciaron que la obra social no abona los reintegros por tratamientos de sus hijos.
La semana próxima la comisión volverá a reunirse para seguir la investigación sobre la obra social y declararán contadores que participaron de la auditoría.
