Después de dos semanas de receso, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse este jueves a las 11 para retomar el proceso de acusación a los cuatro jueces de la Corte Suprema. Se iniciará la investigación sobre el fallo emitido en 2021 que eleva la composición del Consejo de la Magistratura de 13 a 20 miembros.
El objetivo de los miembros del Frente de Todos que integran la comisión es llegar a noviembre con la información para emitir los dictámenes de acusación de los jueces y dejarlos listos para que puedan ser tratados. Ninguno quedaría librado de un pedido de juicio político.
Los dictámenes tienen una vigencia de tres años y para aprobarse necesitan dos tercios en el recinto, una mayoría que -con la composición actual de la Cámara baja- sólo es posible si accede el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. El Senado, en última instancia, es el que hace el juicio.
Si el 22 de octubre los resultados de las elecciones legislativas son similares a los de las primarias de agosto, la fragmentación en la Cámara baja será aún mayor, por lo que sólo un acuerdo amplio entre distintas fuerzas podría llevar a un juez al banquillo. Pero mientras los despachos no venzan, cualquier minoría legislativa podría pedir una sesión especial y exponer a alguno de los supremos con la información recolectada por la comisión. Será una amenaza latente.
El proceso de acusación comenzó el 26 de enero con reuniones semanales, que pocas veces se interrumpieron. Se evaluaron como causales de posible mal desempeño de los jueces la denuncia por mala administración de la obra social; el fallo 2x1, que habilitó la salida anticipada de los condenados por delitos de lesa humanidad; y la cautelar firmada en diciembre que aumentó la coparticipación a la Ciudad.
Este jueves comienza la evaluación del fallo de 2021 que derogó una ley vigente desde 2006, que había elevado la composición del Consejo de la Magistratura de 13 a 20 miembros, y dispuso que fuera sustituida por la norma anterior, que fue derogada por el Congreso. Firmaron los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkranz. No adhirió Ricardo Lorenzetti.
El proyecto de acusación del Frente de Todos considera que el agravante de este fallo es que la ley que volvió a tomarse como válida le otorga la presidencia de la Magistratura a la máxima autoridad de la Corte Suprema, que actualmente es Rosatti. Con un detalle no menor: además de nombrar y sancionar jueces, la otra función del organismo es administrar el presupuesto del Poder Judicial.
En el oficialismo consideran, por lo tanto, que el santafesino no cumplió con “reglas éticas" que le imponían “abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa".
En la audiencia de este jueves, fue citada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado y una de las abogadas de mayor confianza de Cristina Fernández de Kirchner. Peñafort tuvo a cargo el intercambio epistolar con la Corte, cuando la vicepresidenta dividió la bancada oficialista del Senado para sumar un consejero más en la Magistratura, a partir de la nueva composición. El máximo tribunal invalidó la maniobra. Para los diputados del FdT, Rosatti buscó “mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación".
También está citado Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, quien en 2013 obtuvo un fallo favorable de la Corte en contra de algunos artículos de la reforma de la Magistratura sancionada ese año, que fue tomado en cuenta por el Tribunal para 2021. El último testigo que declarará es Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte.