Los trabajadores denunciaron irregularidades en un fallo que derivó en un proyecto impulsado por el gobernador Leando Zdero. El enganche, quid de la pelea.
Leandro Zdero, gobernador de Chaco.
Los gremios judiciales de Chaco pidieron investigar a tres conjueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por su intervención en una causa que derivó en nuevas exigencias de actualización salarial para la magistratura. El planteo incluyó objeciones al proyecto de ley impulsado por el gobernador Leandro Zdero, que reavivó el conflicto con los trabajadores.
La presentación fue dirigida a la presidencia de la Legislatura chaqueña y apuntó contra Juan Martín Bogado, Ramiro Cáceres Oliveira y Adrián Fernando Farías, quienes integraron el máximo tribunal provincial para resolver el expediente “Alonso de Martina”. El gremialismo solicitó que se analicen posibles incumplimientos de los deberes de imparcialidad, conflictos de intereses, exceso jurisdiccional y desconocimiento inexcusable del derecho.
El reclamo sindical se vinculó con el proyecto enviado por Zdero para aumentar el sueldo de magistrados y funcionarios judiciales. La iniciativa buscó acercar progresivamente sus haberes a los valores promedio de cargos equivalentes en los tribunales de provincias del Norte Grande como Corrientes, Formosa y Misiones, mediante un adicional específico.
La controversia radicó en el alcance de ese mecanismo. La Ley 468-A estableció un régimen de porcentualidad por el cual las remuneraciones de los distintos escalafones del Poder Judicial se calculan a partir de los sueldos de los jueces del STJ. El mecanismo es conocido como "enganche". Por eso, las modificaciones salariales en la cúpula repercuten sobre el resto del personal.
Sin embargo, los gremios advirtieron que el nuevo adicional beneficiaría a magistrados y funcionarios, pero no se trasladaría automáticamente a los trabajadores judiciales. Consideraron que esa diferencia rompería el sistema de enganche salarial y profundizaría las desigualdades dentro del Poder Judicial chaqueño.
El expediente “Alonso de Martina” comenzó en 2005, cuando un grupo de jueces presentó un amparo contra el gobierno provincial. Los demandantes sostuvieron que el nivel de sus salarios vulneraban la garantía constitucional de intangibilidad. Como el reclamo involucraba los ingresos de los integrantes del máximo tribunal, se apartó a sus miembros y se convocó a conjueces para resolver el caso.
La primera sentencia llegó en 2014. Los conjueces compararon los salarios del Poder Judicial chaqueño con los de cargos equivalentes de la Justicia federal, que eran superiores. A partir de esa evaluación, ordenaron al gobierno provincial pagar el 50% de la diferencia y solicitaron a la Legislatura que sancionara una ley para resolver el porcentaje restante.
El objetivo era equiparar progresivamente las remuneraciones de funciones equivalentes y establecer un mecanismo de actualización que evitara nuevos desfasajes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo y la Legislatura cuestionaron la decisión y llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), al considerar que el tribunal provincial había avanzado sobre atribuciones propias del Poder Legislativo.
En 2019, la CSJN les dio la razón. Así, el expediente regresó al STJ, que volvió a integrarse con conjueces. En 2020, ese tribunal intimó a la Legislatura y al gobierno provincial a respetar la garantía de intangibilidad salarial, “reinstaure su vigor” y estableciera un mecanismo para impedir nuevas diferencias remunerativas.
Para cumplir con la sentencia, en 2021, la Legislatura sancionó una norma que creó un adicional remunerativo. Con esa herramienta, el STJ consideró cerrado el conflicto. Sin embargo, dos años después, otro juez presentó un nuevo amparo al sostener que sus ingresos volvían a verse afectados.
El reclamo obtuvo una nueva respuesta favorable en el ámbito judicial. El tribunal ordenó otra vez al gobierno provincial que elevara las remuneraciones hasta alcanzar el promedio correspondiente a cargos equivalentes en Corrientes, Formosa y Misiones. La disputa volvió a escalar y el propio STJ reconoció que la ley sancionada en 2021 no había alcanzado para resolver el problema.
Ese escenario derivó en el envío del proyecto 2141/26 por parte de Zdero. La iniciativa abrió otro frente de conflicto con los sindicatos, que cuestionaron que el adicional previsto no se incorporara automáticamente a la base de cálculo salarial del resto de los empleados judiciales.
Además, los representantes sindicales denunciaron un “abusivo accionar” de los jueces subrogantes sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El pedido de investigación busca determinar si los tres magistrados incurrieron en conductas incompatibles con sus deberes y si existieron conflictos de intereses, dado que los conjueces pertenecían a rangos judiciales inferiores y también podían verse alcanzados por las consecuencias del esquema remunerativo discutido.
