Es el casillero judicial más codiciado por el poder político. Por allí pasa la organización de las elecciones. El tablero de Mahiques y la nueva Corte Suprema.
Armado judicial. La diputada nacional Romina Diez, junto con Karina Milei y el ministro Mahiques.
El tablero que Juan Bautista Mahiques tiene sobre la mesa para las negociaciones que la Casa Rosada lleva adelante con los gobernadores incluye la designación de 11 jueces de primera instancia que tendrán competencia electoral en las provincias, el casillero más codiciado por el poder político.
Río Negro, Neuquén, San Juan, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Tucumán, Jujuy, Chaco y Misiones son los distritos en los que el juzgado federal de primera instancia N° 1 está vacante u ocupado actualmente por un juez subrogante o que fue trasladado desde otra jurisdicción, a la espera de que el Poder Ejecutivo, el Senado o el Consejo de la Magistratura, según el caso, avancen en el proceso de selección de los titulares definitivos.
Los nombres de los jueces federales de primera instancia de cada jurisdicción son de interés particular para los gobernadores ya que, además de tramitar las causas relacionadas con delitos federales, son los magistrados que tienen a cargo la organización y el control de los procesos electorales y de los partidos políticos en sus respectivos distritos. Los mandatarios provinciales siempre intentan tener una buena relación con el ocupante del juzgado electoral.
Esa silla codiciada abre una instancia de negociación clave entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo nacional, que tiene a su cargo la selección final y el envío de pliegos al Senado. Bajo la órdenes de Karina Milei, el ministro Mahiques avanza sin pausa con récord de nombramientos y busca llegar a la negociación final por las dos vacantes de la Corte Suprema. El envío de los pliegos para el máximo tribunal podría darse antes de fin de año, como frutilla del postre de una negociación que incluye la pata judicial, el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO.
Entre las once provincias hay diferentes situaciones que abren distintas instancias de negociación con los gobernadores. El Consejo de la Magistratura ya le envió al Ejecutivo las ternas de los candidatos para ocupar los juzgados federales de primera instancia de Viedma (Río Negro), Tucumán, San Juan y Corrientes. En el caso de Río Negro, Tucumán y San Juan, el envío data de 2024. Corrientes se sumó en junio de 2026.
En la terna para San Juan aparecen Luis Recio Bogni, Gema Guillén Correa y Gonzalo Gasull. Para Viedma quedaron Leandro Gómez Constenla, Carlos Oneto y Verónica Medina. En Tucumán figuran Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella. Para Corrientes, los candidatos son Diómedes Rojas Busellato, Juan Carlos Vallejos y María del Carmen Mareco.
La definición está ahora en manos del Presidente, que debe enviar los pliego al Senado. La definición dependerá de las conversaciones de la Casa Rosada con los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Marcelo Orrego (San Juan) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Se trata de gobernadores que, hasta ahora, se movieron como aliados del Gobierno nacional.
Un poco más demorados son los casos de los juzgados de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén, cuyos candidatos todavía están en proceso de selección en el Consejo de la Magistratura, ya sea en evaluación de antecedentes o de entrevistas personales con la Comisión de Selección, que preside María Fernanda Vázquez. En el caso de Neuquén, todavía no tiene jurado sorteado.
Es de prever que los procesos de selección demoren algunos meses y hasta ni siquiera lleguen a concretarse este año, ya que el Consejo entrará en un impasse de funcionamiento por la renovación de cuatro representantes de los magistrados, que irán a elecciones el 8 de octubre. Las listas de candidatos cerraron el viernes pasado. Se presentaron dos opciones por la lista Celeste, una por la Bordó y otra por el espacio de Compromiso Judicial. Según pudo saber Letra P, ningún concurso avanzará hasta tanto no se defina la nueva confirmación.
En tanto, los juzgados con competencia electoral de Resistencia (Chaco), San Salvador de Jujuy y Posadas (Misiones) también esperan por nombramientos porque están ocupados por magistrados que fueron trasladados, por lo tanto, no ocupan el lugar de manera definitiva y deben concursar para quedarse en el cargo, según estableció la Corte Suprema en el fallo sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de noviembre de 2020.
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del juzgado federal de Resistencia, es en realidad titular del juzgado de Luis Sáenz Peña y fue trasladada a la capital provincial en 2015, por decreto de Cristina Fernández de Kirchner. El Senado aprobó su traslado en 2020. Niremperger se presentó a concurso para ocupar una silla en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Quedó primera en la terna, lo que implica que es posible que deje próximamente el juzgado electoral.
El caso de Posadas es similar. La jueza María Verónica Skanata, designada para ocupar el juzgado federal de Oberá, Misiones, también fue trasladada en 2015 y consiguió la aprobación del Senado a principios de 2020, antes del fallo de la Corte.
En el caso de Jujuy, el magistrado a cargo del juzgado federal N°1 es Esteban Hansen, que recibió acuerdo del Senado para ocupar el juzgado de Libertador General San Martín, de la misma provincia, pero fue trasladado en diciembre de 2018 a la capital por un decreto de Mauricio Macri, con el visto bueno del exgobernador Gerardo Morales. En abril, Hansen dispuso la intervención del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy y removió a los enviados del kirchnerismo, a quienes reemplazó por Ricardo Villada, un funcionario salteño alineado con el gobernador Gustavo Sáenz.
En cualquier caso, los juzgados electorales pueden ser una moneda de alto valor de cambio en las negociaciones con los gobernadores, en la búsqueda de votos para temas que la Casa Rosada considera clave, como la eliminación de las PASO. Mahiques tiene todo el tablero en la cabeza y la disposición para abrir conversaciones, en el caso de que los mandatarios presionen por nombrar a los ocupantes definitivos de las sillas.
