El gobierno santafesino reclama más que un gesto antes de firmar el compromiso que exige Toto Caputo. Charlas tirantes y un menú de demandas.
Javier Milei y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.
El plan de Toto Caputo para sacar los dólares del colchón generó roces entre lugartenientes de Javier Milei y Maximiliano Pullaro. El gobierno de Santa Fe anunció medidas para evitar que la iniciativa sea utilizada por el narcotráfico y se abrió una tensa negociación secreta para que la provincia firme un convenio similar al que suscribieron una decena de distritos.
No es un secreto que en la Bota no cayó bien el pomposo “plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”. Concretamente, la suba a $50 millones del piso a partir del cual los bancos deben reportar las operaciones fue vista como una medida necesaria y beneficiosa, pero a través de la cual se le puede facilitar el trabajo a los actores del microtráfico, el que realmente afecta a los suburbios rosarinos. “Si en los barrios matan por $500 mil pesos, $50 millones son 100 sicarios”, dimensionan en un despacho de la Casa Gris.
Ante el anuncio, el gobierno santafesino organizó una conferencia de prensa donde Pablo Olivares y Pablo Cococcioni-ministros de Economía y de Seguridad y Justicia- anunciaron que la Casa Gris crearía un comité encargado de cruzar información surgida de tareas de inteligencia criminal para crear una lista -”blacklist”, la apodan- de personas cuyos movimientos financieros serían seguidos en detalle, en virtud de su vinculación con actores de peso del narcotráfico. “No podemos permitir que un grupo criminal tenga plata para mandar a matar gente”, planteó Cococcioni.
El tono de esa conferencia no cayó bien en la Casa Rosada y motivó una tensa conversación telefónica entre Olivares y Juan Pazo. Durante la comunicación, el titular de la ARCA le reclamó al santafesino por algunas de las frases dichas frente al periodistmo y se quejó de supuestos dichos públicos en el mismo sentido por parte del propio Pullaro. El ministro de Economía le señaló que el gobernador no se había referido al tema y le explicó la postura provincial: no está en contra de las medidas, pero sí pretende establecer controles especiales que no impliquen una mayor regulación.
En esa conversación, Pazo le transmitió a Olivares el deseo de que Santa Fe firme un acuerdo -más precisamente, una adhesión al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias- con la Casa Rosada similar al que le fue ofrecido a otras provincias y ya suscribieron, por ejemplo, Neuquén y Río Negro. Las que no lo hagan, informó la ARCA en un comunicado, "perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados", superiores a los $ 50 millones por mes por persona.
Involuntariamente, el Gobierno le fabricó a la Casa Gris una oportunidad: Santa Fe no recibe esa información desde 2017, luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a su favor en la demanda que entabló por un decreto de Fernando de la Rúa que facultaba a la entonces AFIP a quedarse con el 1,9% de la recaudación del IVA en la provincia y destinar esos fondos al fondo de jerarquización del organismo recaudador. “Fue una especie de represalia que tomaron en ese momento y ahora no tienen cómo obligarnos a firmar”, se jactó una figura cercana a Pullaro.
Así las cosas, el gobierno santafesino dejó en claro lo que pretende: una negociación. Consideran que el convenio solo tiene un peso simbólico que la Casa Rosada necesita para respaldar su plan. “Tenemos un montón de reclamos sin respuesta y ahora pretenden que salgamos corriendo a firmarles una adhesión que sólo les sirve a ellos sin nada a cambio”, explican en Santa Fe. “A nosotros no nos cambia en nada firmarlo o no. No tenemos una plaza llena de ahorristas reclamando”, suman.
Hay una cuestión que fortalece la postura santafesina. Varios ministros de economía provinciales se comunicaron con su par santafesino para preguntarle qué haría, aseguran en la Casa Gris. Uno de esos llamados, dicen, vino desde La Plata. La Bota se transformó en una voz autorizada en materia de lucha contra el narcotráfico, por lo que en algunos distritos temen quedar en offside si firman la adhesión y luego el gobierno de Pullaro la critica por facilitarle la vida a los narcos.
Es un conjunto de elementos que, entienden en el gobienro provincial, fortalece la posición santafesina a la hora de negociar. ¿Qué puede poner sobre la mesa el gobierno de Milei? Transformar la sanción en zanahoria -es decir, reanudar el flujo de información si firma- no le interesa al gobierno de Pullaro. Sí lo seduce, por ejemplo, un acuerdo para que la ANSES comience a pagar la deuda de $1.3 billones que tiene con la Caja de Jubilaciones, similar al que selló Córdoba hace algunas semanas y puso en guardia al círculo más cercano del gobernador santafesino.
No es lo único. En Santa Fe también mencionan la autorización para tomar un crédito con la Corporación Andina de Fomento de cara a la organización de los Juegos Odesur 2026 en Rosario, que el Ministerio de Economía tiene pisada sin argumentos técnicos. También hacen referencia al freno a la obra pública, un tema que preocupa especialmente a Pullaro con respecto al pésimo estado de las rutas nacionales que atraviesan su provincia. Un menú de exigencias que Caputo deberá escuchar si quiere robustecer su plan para sacar los dólares del colchón.