A contramano de la decisión de Javier Milei de permitir el uso libre de los dólares no declarados, el Gobierno de Santa Feendurecerá los controles para evitar el lavado de dinero proveniente del delito. Para ello se conformará un comité creado especialmente para trabajar el tema y que estará integrado por distintas áreas del Estado.
El grupo cruzará información económica apuntada a personas y bandas condenadas, involucradas en investigaciones judiciales o de inteligencia, generando sistemas de alerta. La Casa Gris lo definió como “un programa de disrupción patrimonial y financiera”.
“Si no atacamos la capacidad económica esta guerra va a estar siempre incompleta y está expuesta a rebrotes. No podemos permitir que un grupo criminal tenga plata para mandar a matar gente”, planteó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, al comunicar la creación del nuevo comité junto a su par de Economía santafesino, Pablo Olivares.
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El gobernador Maximiliano Pullaro y sus ministros tenían en estudio una serie de medidas para limitar el blanqueo de capitales provenientes de las organizaciones criminales. Trabajaron durante meses con una fundación a la que habían contratado para que los asesorara en la materia.
El anuncio del ministro de Economía, Toto Caputo, que se esperaba desde hace algunos días, obligó a acelerar la puesta en marcha de una serie de acciones.
Las diferencias con Javier Milei
En una conferencia de prensa apurada tras el anuncio de Caputo, los ministros hablaron de acciones de seguridad y control que deberán redoblar frente a controles más “laxos” por parte de la Nación.
“Todos aquellos que querían o podían sacar los dólares del colchón ya tuvieron un blanqueo generosísimo. Si se habilita a los que ya tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, si se están retirando controles para que lo hagan, nos están obligando a abrir más los ojos”, advirtió Olivares.
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El Gobierno anunció la libre disponibilidad de los dólares no declarados. Santa Fe busca evitar que organizaciones delictivas se beneficien con la medida.
El ministro de Economía aceptó que la medida dispuesta por la administración nacional podía colaborar en la reactivación y ayudaría al 99 por ciento de la población. Sin embargo, el gobierno de Santa Fe creyó inevitable trabajar para que “el uno por ciento restante no pueda sacar ventajas a estas medidas que anunció el gobierno nacional”.
El responsable del área de Seguridad explicó que no se trata de suplantar los actuales controles ni de crear otros. El flamante comité realizará un cruce de información más profundo trabajando con áreas de investigación criminal, lo que buscará generar un sistema de alertas que permitan bloquear la circulación económica vinculada con actividades delictivas. Para eso, buscará la colaboración de organismos nacionales.
“Una persona que está en lista negra, procesada por narcotráfico, no puede inscribir una sociedad comercial, un inmueble o hacer operaciones”, comentó a modo de ejemplo Cococcioni.
Santa Fe y el decomiso de bienes
Entendiendo que era clave atacar las estructuras económicas de las organizaciones narcocriminales para debilitarlas, Santa Fe promulgó en 2016 la ley 13.579, que permite el decomiso y remate de bienes provenientes de esos grupos delictivos.
En 2018, con el socialista Miguel Lifschitz en el gobierno y Pullaro como ministro de Seguridad, se realizó la primera subasta.
“Era fundamental sacarle los bienes a estas organizaciones, quitarles poder económico. Nosotros, en Santa Fe, entendimos esto”, aseguraba en aquel momento el ahora gobernador y entonces ministro.
A comienzos de semana, en una entrevista televisiva, el presidente Milei opinó en sentido contrario sobre la manera de perseguir y golpear a las bandas que se dedican a la comercialización de drogas. “El narcotráfico se combate con el ministerio de Seguridad, el de Defensa. No se utiliza la economía para combatir ese delito”, planteó.