Entidades obligadas a reportar operaciones por posible lavado esperan la letra chica del ministro de Economía. La mira en el impuesto a las Ganancias.
Toto Caputo y Javier Milei
El GAFI, que supervisa políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, y los bancos y otras empresas responsables de verificar el origen de los fondos esperan con preocupación el anuncio que preparan Javier Milei y Toto Caputo para poner en circulación los dólares sin declarar que están “debajo del colchón” y en cajas de seguridad.
Distintas conversaciones y chats se dieron en los últimos días, a la espera de los anuncios. Los intercambios fueron in crescendo con cada declaración pública del Presidente.
“Al narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, usted no utiliza la economía para combatir el delito”, le dijo a Antonio Laje en A24. Y sobre la evasión, agregó: “Lo lamento por el que no se pudo escapar, pero el otro no hizo nada, es una declaración de envidia. El que pudo escapar, genial, no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón”.
El Gobierno quiere que estos dólares, que estima en u$s 170.000 millones, se pongan en circulación para “remonetizar” la economía sin crear pesos. Para esto, según trascendió, habilitará operaciones comerciales con estos dólares sin declarar. Podría ser la compra de propiedades, autos y otros bienes.
El ministro de Economía adelantó que esperan impulsar la venta de autos 0 km en cuotas en dólares.
Si estos dólares se ponen en circulación, habrá más oferta en el mercado oficial. Porque los impuestos y otras obligaciones, como salarios, se seguirán pagando en pesos y las empresas deberán vender los dólares que reciban para hacerlo.
El Gobierno está desesperado por hundir el tipo de cambio para bajar la inflación y comprar reservas debajo de la banda de flotación.
"Lo que estamos trabajando, entre ARCA, el Ministerio de Economía y el Banco Central, es para que usted pueda gastar esos dólares y nadie lo moleste”, siguió Milei, en diálogo con Luis Majul en LN+.
“Entonces usted, que se quiere comprar una casa de u$s 200.000 con los crocantes, va y lo paga y nadie le tiene que preguntar nada", abundó.
Para que esto ocurra, flexibilizará controles. Dos fuentes consultadas coincidieron en que lo más viable -y que no requiere de apoyo en el Congreso- es modificar la reglamentación del impuesto a las Ganancias.
El artículo 3 de esta norma que debería cambiar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obliga a que los contribuyentes incluyan, en su declaración jurada anual, “la clase y monto de las ganancias percibidas o devengadas a su favor en el año y que consideren exentas o no alcanzadas por el impuesto”.
Es la manera en que el fisco le pide al contribuyente que informe su patrimonio al inicio del cada año y su evolución.
Esto funcionaba, para el fisco, como un mecanismo de control. Era información para contrastar patrimonios con transacciones y tener una referencia sobre el perfil del contribuyente.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la normativa se flexibilizó. Con Mercedes Marcó del Pont en la AFIP, ya durante la presidencia de Alberto Fernández, el fisco reforzó los controles.
Al relajar estos controles, el contribuyente podría usar estos dólares sin declarar sin temor a ser investigado por evasión.
La duda entre especialistas del país y del exterior es si el Ejecutivo irá más allá. Este es el punto en el que entra la normativa antilavado. El Gobierno no puede cambiar por decreto la Ley Penal Tributaria.
Aunque podría flexibilizar las reglas por las que los distintos sujetos obligados deben cumplir con el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que elevan a la Unidad de Información Financiera (UIF) en el caso de detectar inconsistencias.
Esto es un requisito del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y debe pasar por su filtro. El país puede exponerse a ser enviado nuevamente a una lista gris de países con deficiencias en el control del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
María Marano, especialista que pasó por la función pública e integra la organización Futuros Mejores, afirmó: “ARCA no puede dejar de pedir la declaración jurada patrimonial, porque en base a ella se liquidan los impuestos. Sí puede pasar que se restrinja esta información a los sujetos obligados”.
Bancos, fintech, concesionarias automotrices, casas de juegos de azar, inmobiliarias y otros son sujetos obligados a informar a la UIF ante cualquier movimiento sospechoso de dinero.
Cada sector tiene una matriz de riesgo y determinados protocolos, a partir de los cuales se efectúa el ROS. Luego, la UIF decide si avanza o no con la investigación y si llega, finalmente, a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la unidad antilavado del Ministerio Público Fiscal.
En el GAFI, donde se sientan representantes de los países, empezaron a hacer preguntas informales. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, trató de tranquilizar y dijo que el país cumplirá con los lineamientos en materia antilavado. Se especula con una flexibilización en los pisos a partir de los cuales los sujetos obligados deben emitir un ROS, algo que podría salir por decreto.
Lo mismo ocurrió en bancos locales, los sujetos obligados más exigidos para informar cualquier transacción sospechosa. El Banco Central no adelantó ningún cambio sustancial en los controles antilavado. Los bancos preguntan, y mucho. Sobre todo los internacionales. Sin hacer comentarios, dejaron trascender que el sector piensa que los controles son necesarios para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El GAFI tolera los blanqueos de capitales y elaboró documentos para que estas exteriorizaciones cumplan con determinados controles mínimos. En cada blanqueo, los sujetos obligados debieron reportar operaciones sospechosas.
Expertos con paso por este organismo enfatizaron que la obligación de reportar nunca puede evitarse sin exponerse a sanciones internacionales.
Aunque el Gobierno juegue al fleje y no rompa el sistema de controles, Marano remarca que el daño ya está hecho. “Si el presidente le dice a la gente que no tiene que pagar impuestos, que el que no paga es un héroe, es un desastre para el Estado”, dijo.
“El ahorrista informal, el que va a la cueva, no sabe de dónde salen esos dólares. Si se legitima esa última etapa del lavado, que es la reinserción del dinero al circuito formal, estamos fritos”, advirtió.