Toto Caputo desarmó regímenes de control de la ex AFIP, pero el fuerte serán los cambios en las leyes Penal Tributaria y de Procedimientos. El FMI vigila.
El Gobierno quiere atar de manos a ARCA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Toto Caputo y Juan Pazo eliminó regímenes con los que reunía información y subió los pisos a partir de los que bancos y comercios deben reportar operaciones. El Gobierno anunció también que busca cambios en las leyes Penal Tributaria y de Procedimientos Tributarios. El combo dejará desarmada la ex AFIP.
Esta fue la percepción de especialistas consultados por Letra P. A priori, el anuncio que encabezaron el vocero presidencial, Manuel Adorni; el ministro de Economía; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el titular de ARCA pareció la caída del muro de Berlín de un estado kafkiano.
En la práctica, los cambios anticipados buscan desburocratizar. Algo necesario, según fuentes de gestiones pasadas. Pero el combo dependerá de los cambios en las leyes que deberá definir el Congreso.
ARCA elevará los umbrales a partir de los cuales los bancos, billeteras virtuales y comercios deben informar depósitos, transferencias, retiros de efectivo y operaciones de compra-venta. El mínimo a partir del cual esto debe reportarse partirá desde los 3.000 dólares.
Son cifras que, en una primera lectura, están lejos de los anhelos del presidente Javier Milei. "Si usted quiere comprar una casa de u$s 200.000 con los crocantes, va y lo paga y nadie le tiene que preguntar nada", le dijo a Luis Majul en LN+.
Pero para que la población de bien y la de mal puedan usar estos crocantes deberá intervenir el Congreso. Adorni anunció que el "plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos" tiene dos etapas.
La segunda incluye cambios en las leyes Penal Tributaria y de Procedimientos Tributarios. Con estas modificaciones, anticipó, se busca "blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro de quienes delinearon el marco normativo actual y se presentan cada cuatro años a elecciones".
La ley Penal Tributaria pena con hasta seis años de cárcel la evasión simple y con hasta nueve años la evasión agravada. En este caso, cuando el monto evadido supere los 4 millones de pesos. Las cifras quedaron desactualizadas por la inflación y porque los bancos no informarán nada debajo de los $ 10 millones.
La ley de Procedimientos Tributarios es más importante a los fines del Gobierno, porque fija los plazos de prescripción de la acción y porque le da elementos a ARCA para intervenir ante determinadas sospechas.
Adorni avisó que esto se termina: "Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario", dijo el vocero.
El tributarista Sebastián Domínguez, ceo de SDC Asesores, explicó a Letra P la relevancia de los anuncios. "Que cambien los plazos de prescripción es relevante. Y también lo es que cambie la inversión de la carga de la prueba", dijo.
"Hoy, ARCA puede usar una presunción legal, por ejemplo, por un patrimonio no justificado, notifica la vista (del expediente) y se invierte la carga de la prueba, por lo que el contribuyente debe demostrar que tiene todo en orden. Si se eliminan las presunciones legales, será más complejo para ARCA hacer determinaciones", añadió.
Pasando en limpio, al eliminar y flexibilizar regímenes de información, ARCA tendrá menos datos a disposición. Si bajan los plazos de prescripción de la acción, tendrá menos tiempo para perseguir a los evasores. Y no podrá accionar ningún cobro preventivo, sino que deberá demostrar la culpabilidad de la persona investigada.
En los papeles, la propiedad de u$s 200.000 dólares que se pague con dólares crocantes deberá informarse. En la práctica, ARCA tendrá pocos recursos para fiscalizar. Quedará en poder del contribuyente incluir este inmueble en su patrimonio, si está alcanzado por el impuesto a los Bienes Personales.
Si adhirió al Régimen Especial de Ingreso a Bienes Personales (REIBP) que se incluyó en la ley Bases, congeló su patrimonio fiscal para los próximos ejercicios.
Lo que suceda en el Congreso será clave y todo ocurrirá bajo la mirada del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI).
La vocera del Fondo, Julie Kozack, marcó la cancha y recordó que el Gobierno se comprometió, en el último memorando de entendimiento, a transparentar y mejorar el control del lavado de activos.
“Quisiera señalar, y esto está incluido en nuestro staff report, que las autoridades se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera y a alinear el marco normativo para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de la Argentina con los estándares internacionales, así como a desregular la economía para fomentar su formalización”, dijo Kozack este jueves, en conferencia de prensa.
La UIF anticipó que elevará los umbrales a partir de los que los bancos y otros sujetos obligados deben reportar operaciones sospechosas. El organismo de control del lavado de activos sufrió la motosierra, con recortes de personal y de salarios.
Los bancos esperan la nueva normativa de la UIF y los pasos que dará el Banco Central para migrar hacia un sistema de "finanzas abiertas", que permitirá a los clientes compartir su historial crediticio y otros datos públicos.
Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), celebró: "Las medidas anunciadas son relevantes y simplificaran la forma en que las personas y empresas operaran con los bancos", dijo.
Según los bancos nacionales, "la eliminación de exigencias del Estado de procesos, regímenes informativos y regulaciones inconducentes, pero gravosos, permitirá a los bancos a aplicar controles con un enfoque en base a riesgos. De esta forma los controles y recursos sólo se focalizará en las operaciones riesgosas, lo que promoverá la seguridad e integridad del sistema financiero".