LA QUINTA PATA

Javier Milei, Patricia Bullrich... ¿y vos?: ¡Muerte al Estado!

Elecciones 2023 en marcha. El libertario y su prédica dinamitadora son solo el ápice visible del témpano de una narrativa nueva. ¿Regular o liberar?

El probable triunfo de alguna versión de la derecha en las elecciones de este año parece algo más que un producto de la natural alternancia democrática, sobre todo después de una gestión peronista que, evidentemente, ha resultado fallida en al menos tres cuestiones clave: coherencia política, inflación y pobreza. Tampoco luce solamente como producto de una grieta apta para enloquecer el péndulo del humor social. Tendencias más profundas parecen explicar la sintonía fina del momento.

Una de ellas es la cadena interminable de pesadas herencias, que llena a la población de escepticismo y desconfianza respecto de su dirigencia conocida. Otra, la combinación de inestabilidad y empobrecimiento persistente de los sectores medios, algo que en prácticamente todo tiempo y lugar ha resultado un llamador para salidas de ultraderecha. Una tercera, que vale la pena analizar, pasa por la emergencia de una idea difundida en una parte amplia de la sociedad –posiblemente mayoritaria– que estigmatiza al Estado como una parte crucial del problema argentino y que, en paralelo, rechaza totalmente la noción de que este es un componente necesario para una solución. "Maten al Estado" es la consigna de la época.

Esto último hace que cualquier discurso progresista resulte hoy prácticamente inaudible. Sin embargo, tal resultado no se explica por una simple tendencia de opinión, desenganchada de la realidad. El progresismo –diseminado hoy en diversas opciones peronistas o independientes, más dispersas todavía– ni siquiera presume de tener una receta para superar las penurias actuales.

Javier Milei, Patricia Bullrich y ya plenamente Mauricio Macri son las expresiones más claras del discurso estaticida, mientras que Horacio Rodríguez Larreta parece seguirlos a un paso de distancia. El primero, se sabe, ya no habla de incendiar, pero sí de "clausurar" el Banco Central, la entidad que, entre otras funciones, debe supervisar y garantizar el funcionamiento de un sistema bancario que el minarquista planea convertir en offshore. Para diferenciarse –un poquito–, Macri interpreta que aquel propone "dinamitar todo", mientras que él plantea simplemente “semidinamitar todo".

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Esta semana, el diputado radical Martín Tetaz publicó una columna interesante aunque discutible, claro, en La Nación. Además de denunciar la inaplicabilidad e inviabilidad política de las propuestas del economista ultra –y de invitar implícitamente a la base de este a optar por el voto útil de Juntos por el Cambio–, postuló que "si con la misma irreverencia, la misma peluca y los mismos gritos (aquel) hubiera tenido ideas de izquierda, lo mismo hubiera dado: tendría exactamente el mismo apoyo popular". La concordancia verbal no es lo único que cabe objetarle a esa sentencia.

Privatizar la autoridad

Milei o la Bullrich que promete una "descontaminación legal" o regulatoria y un cambio radical, no "tibio", no expresan solo enojo. Juan Grabois también está furioso y lo hace saber, pero nada indica que mueva multitudes que lo conviertan en una opción ganadora.

Lo que los dos primeros tienen en común es la prédica estaticida, por más que sus recetas deberían involucrar mucho trabajo estatal para imponerse, incluso con la aplicación de dosis importantes de represión. Uno y otra hablan de diluir al Estado en toda la medida posible, pero su "liberalismo" y vocación por el ajuste del gasto no tocan en lo más mínimo al aparato policial que promueven. Eso sí, la lógica privatizadora alcanza a la dimensión de la seguridad. "El problema es la política, que tiene el monopolio de la violencia", dijo en su momento Milei. "El que quiere estar armado que ande armado", señaló Bullrich con excesivo simplismo.

El gran estorbo

Los argumentos están allí para quien quiera creerlos.

El Estado ensaya controles de precios, pero la inflación se dispara y, peor, lo hace en una medida aun mayor al promedio en ítems como alimentos y educación, sujetos a acuerdos recientes entre el Gobierno y las empresas formadoras de precios.

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El Estado impone un cepo cambiario, pero ese dispositivo resulta más eficaz para impedir el ingreso de dólares que para obturar su fuga y termina constituyendo un obstáculo mayúsculo al crecimiento de la actividad.

El Estado pisa y subsidia las tarifas de electricidad, pero la luz se corta cada vez más frecuentemente y por períodos más prolongados.

El Estado sube algunos impuestos y crea otros, pero el déficit fiscal en vez de reducirse, aumenta.

El Estado despliega más y más efectivos, pero el delito no cede y el narcotráfico se adueña de una de las ciudades más importantes del país, Rosario.

El Estado interviene en el mercado laboral y las negociaciones salariales, pero los ingresos, en vez de crecer, caen.

El Estado mete mano en el mercado inmobiliario y la oferta de viviendas en alquiler se desploma, mientras se impone su flexibilización y dolarización vía Airbnb.

El diagnóstico es lapidario: el Estado es el problema. Dinamítenlo.

¿Dónde está la verdad?

Según muestran las encuestas, muchas de las personas que se proponen votar en agosto y en octubre por opciones estaticidas no pertenecen, precisamente, a los estratos más acomodados de la sociedad. Son gente enojada, frustrada, de clase media y aun trabajadora que encuentra lógica en ese tipo de discurso. Personas, en definitiva, que no deberían darse el lujo de prescindir del Estado en tanto fuente de seguridad, educación, salud, subsidios, pensiones, jubilaciones, salarios familiares y medidas tributarias –las retenciones– para contener la internacionalización de los precios locales de la comida…

El drama es que esas formas de intervención han perdido casi toda eficacia al calor de una crisis que se ha ganado el calificativo oximorónico de "permanente". En los últimos años –¿lustros, décadas?– se ha generado una situación que, a nivel regulatorio, es equivalente a lo que la curva de Laffer representa para los impuestos: su incremento inicial sube la recaudación, pero uno mayor que el prudente la derrumba.

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El progresismo argentino –o cualquier vocación, incluso coyuntural, vinculada a la sensibilidad y la empatía– no quiere, no puede y no debe prescindir del uso del Estado para intentar el equilibrio de relaciones sociales que el mercado no hace más que desbalancear. Sin embargo, la cruda verdad es que no ha encontrado formas de intervención novedosas, inteligentes y menos "analógicas", capaces de dar cuenta de una realidad que, con las recetas conocidas, se le escapa como agua entre los dedos.

Sin propuestas superadoras en la campaña que se avecina, la trágica falta de resultados que se evidencia puede conducir hacia una consigna tan ganchera como autodestructiva: "maten al Estado".

Así las cosas, ¿qué será de nosotros?

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