Los choques en cadena, como todos los dramas colosales, no tienen una única causa, sino que responden a una sumatoria de errores concurrentes; esa es la situación de la Argentina. El momento es difícil y el mediano plazo luce desafiante en modos de los que, tal vez, todavía no seamos del todo concientes. ¿Esto es así por la mala praxis de sucesivas administraciones en materia de manejo macroeconómico, lo que se expresa en una inflación desquiciante y en una pobreza asombrosa para nuestra memoria histórica? ¿Es el aluvión de deuda que Mauricio Macri nos dejó a nosotros y a nuestra descendencia? ¿Es acaso la deuda que hasta ahora permanecía oculta y recién empezamos a ver, la que surgió de la manipulación del INDEC, un “crimen” que se revela no tan perfecto como se pensaba para ahorrar el pago de los cupones PBI que surgieron de la renegociación llevada a cabo durante la administración de Néstor Kirchner? Todo eso y más. He ahí el choque en cadena.
Por si le faltara algo con los tropiezos de la incalificable interna que libra dentro del Frente de Todos, el cristinismo encadenó esta semana reveses políticamente severos, cuyo abordaje supondrá nuevas cargas para las argentinas y los argentinos.
Días atrás fue el fallo de primera instancia –apelable– por la decisión del tándem Cristina Fernández de Kirchner-Axel Kicillof de no extender en 2012 a los demás accionistas la compra de la mayoría del paquete accionario de YPF, algo por lo que el fondo Burford, que compró el juicio, reclamará entre 8.300 y 19.376 millones de dólares. El exministro de Economía salió a defender la reestatización, recordó que hay camino legal por recorrer, habló de "embestida buitre" y descalificó el fallo de la jueza Loretta Preska como un "absurdo jurídico". Opiniones aparte, podría replicarse que CFK y Kicillof debían saber entonces que la posibilidad de litigar en Estados Unidos existía y que hoy no deberían sorprenderse de que el que VAR funcione como funciona en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con la que el país ya se ha quemado en el caso de Thomas Griesa.
La novedad este miércoles fue otra sentencia –también apelable–, esta vez a cargo del Tribunal Superior de Londres, que dictaminó que el cambio de la metodología para calcular el crecimiento de la economía –que gatillaba pagos a los acreedores– supuso un perjuicio para los bonistas y que el Estado debe hacer frente a un resarcimiento de 1.330 millones de euros –1.460 millones de dólares–. Ah, en el tribunal de Preska está presentada una demanda gemela y no puede descartarse que este precedente active nuevas malas noticias derivadas del "crimen –no tan– perfecto" del INDEC.
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2010. La entonces presidenta Cristina Kirchner, junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en la explanada de Casa Rosada.
Cabe señalar que esa decisión sobre el PBI se tomó en 2014, también en la gestión de Kicillof, la que buscó, se supone, subsanar las inconsistencias que había creado la intervención del INDEC iniciada en 2007. Dicho fácil: como el producto bruto interno se mide en pesos, si la inflación se subestimaba, parte del crecimiento nominal de la valuación de los bienes y servicios de la economía terminaba siendo atribuido, erróneamente, a una actividad mayor que la real y el Tesoro quedaba indebidamente obligado por el cupón PBI, que operaba cuando la expansión superaba el 3,26%.
Es el pasado que vuelve: el fallo londinense produjo este miércoles una fuerte caída en la cotización de los bonos en dólares y un consiguiente incremento del riesgo país.
Todo lo anterior es pasto seco para el fuego verbal de Juntos por el Cambio, que por arte de magia se siente reivindicado para hablar de deuda y mala gestión.
Otra vez aparece la imagen del choque en cadena. ¿No sería buena idea que la dirigencia nacional se dejara de chambonear?
La dureza de la hora
Todo eso se resolverá más adelante, cuando esos procesos –y otros– tengan sentencia firme. Mientras, hay otras urgencias no necesariamente más sencillas de resolver, hechas, como se sabe, de inflación, falta de reservas, sequía, caída de exportaciones y recesión en ciernes.
Con eso debe lidiar Sergio Massa, quien anunció la tercera edición del "dólar soja" –ahora llamado "dólar agro"–, de vigencia entre el próximo lunes y el 31 de mayo, al que seguirá una ventana para las economías regionales hasta el 30 de agosto.
La intención es poner a funcionar al máximo posible la maquinaria exportadora golpeada por la sequía, con la intención de acercar 10.000 millones de dólares al Banco Central –la consultora Equilibra calcula algo menos, 8.900 millones–.
Dada la gravedad de la seca y la urgencia de dólares cabe esperar que esta vez Máximo Kirchner no se queje de que el esquema es una imposición humillante del sector agrícola. Más concreto es el dato de que el tipo de cambio que se deberá reconocer para alentar las liquidaciones será de 300 pesos, 40% superior al mayorista, lo que supone una nueva devaluación parcial del oficial que, emisión extra mediante, podría complicar algo más el panorama inflacionario.
El plan, verdaderamente de emergencia, no consta solo de eso. También supone la suspensión de las ejecuciones fiscales y bancarias, así como de los anticipos de impuestos. Además, implicará la suspensión del CUIT de empresas que no cumplieron en liquidar ventas externas por 3.700 millones de dólares.
