Cocinan un acuerdo como el que ya firmaron Frigerio, Zdero y Sadir y negocia Llaryora. Los proyectos que promete continuar la Nación y lo que falta definir.
El gobernador Maximiliano Pullaro y Guillermo Francos, jefe de gabinete de Javier Milei
La ronda de reuniones que el jefe de gabinete Guillermo Francos inauguró con gobernadores para negociar el traspaso de la obra pública nacional a las provincias tendrá un próximo episodio: será con Maximiliano Pullaro. El gobernador santafesino pretende continuar los proyectos nacionales con fondos propios si fuese necesario y su equipo ultima detalles del acuerdo con la Casa Rosada.
Como contó Letra P, el traspaso de la obra pública nacional a la órbita de las provincias es un reclamo de los gobernadores desde que Javier Milei decidió frenarla en los albores de su gestión. A pesar del ofrecimiento de los distritos de hacerse cargo, el tema recién se activó cuando el presidente empoderó a Francos como jefe de gabinete.
El tema es crucial para los gobernadores. Hay proyectos que quedaron por la mitad y quieren evitar “elefantes blancos”. Además, muchos de ellos dependen de créditos internacionales que si no se ejecutan pueden acarrear sanciones al país. Y hay un motivo cada vez más acuciante: la obra pública es una herramienta del estado para combatir una recesión que golpea con fuerza.
Es una de las diferencias que Pullaro remarcó con la administración libertaria en una entrevista exclusiva con Letra P. El gobernador consideró clave a la obra pública y se jactó de que sea uno de los pilares de su gestión: “Este año vamos a poner 500 millones de dólares. Tranquilamente los podríamos guardar, pero acá viven 43 mil personas de la obra pública”
Entre los proyectos que Nación cedería a la Casa Gris se encuentra, por ejemplo, la finalización de ocho centros de infancia -algunos de ellos en avanzado estado de construcción-. Hay complejos de viviendas en toda la provincia, “con distintos grados de avance”, que también serían traspasados. No es lo único: en los borradores figura la terminación de la escuela secundaria N° 386 de Andino, en el sur santafesino, a la que le falta un 20%, y la obra de iluminación de la avenida Circunvalación de la ciudad de Santa Fe.
En la mesa de negociación figuran también las obras que la Casa Rosada venía financiando en municipios y comunas y que no van a continuar. “No son de gran monto, pero son mucha cantidad”, informaron desde la cartera provincial de Obras Públicas. No sería la primera vez: hace algunos meses que Santa Fe le provee asfalto al gobierno nacional para la reparación de las rutas que cruzan la provincia. “Si no hacíamos eso, no teníamos manera de que reparen las rutas, no tenían ni el material”, explicaron. Dicho esquema de auxilio continuará.
Dentro de las conversaciones, hay tres obras que el gobierno nacional le avisó a su par santafesino que continuarán bajo su tutela. Una de ellas es la protección de la cascada del Arroyo Saladillo, que atraviesa el sur rosarino y que se viene desmoronando hace años. Esa erosión pone en peligro la estabilidad del puente de la avenida Ayacucho, que atraviesa dicho curso de agua y comunica las ciudades de Rosario con Villa Gobernador Gálvez. Justamente, la otra etapa de esa obra es el fortalecimiento del puente y estará a cargo de la provincia.
Nación también avisó que continuará la ampliación de la planta potabilizadora de Granadero Baigorria. Se trata de una inversión de casi 3 mil millones de pesos para aumentar la producción de agua potable que se inyecta en el Acueducto Gran Rosario disponible para abastecer al oeste rosarino y localidades aledañas y así beneficiar a unas 800 mil personas. Fue frenada por el gobierno nacional cuando ya estaba casi al 15% de avance.
A partir de la certeza de que habrá más agua para distribuir, el objetivo del gobierno provincial es avanzar con la extensión del acueducto y cumplimentar la segunda etapa. “Tanto esa obra como la del Hospital Regional Sur -frenado hace años- son obras que de alguna manera hay que poner en el horizonte, aunque sea a mediano plazo porque para Rosario y la zona son fundamentales”, se entusiasmaron desde el gobierno provincial.
Hay una tercer proyecto que el gobierno nacional decidió quedarse pero ya advirtió que lo construirá a un ritmo menor del previsto en el contrato. Se trata del Acueducto San Javier-Tostado. Se trata de una obra de 360 kilómetros de cañerías con nueve estaciones de bombeo que abastecerían a 124 mil habitantes de 14 localidades del centro-norte y noroeste santafesino. Según informaron en el gobierno provincial, la Nación avisó que, en vez de encarar de avanzar en cuatro frentes simultáneos como venía haciendo, solo lo hará por uno, por los plazos serán mucho más largos.
Hay dos temas en los que la Casa Gris ya movió y aún no tuvo respuesta de Francos. Uno es el pedido formal que se hizo para que la Nación ceda el control de las rutas que van hacia los puertos -la 33, la 34, la 9, la 11 y la A012- o por lo menos acceda a integrarlos en una unidad administrativa única con las que son de jurisdicción provincial en los tramos cercanos a las terminales. “Es para que la provincia se encargue de, mediante un sistema de concesión único, administrarlas y mejorarlas”. “Son un desastre el estado en el que se encuentran”, se quejan en Santa Fe. El tema, como contó Letra P, se tiene que charlar con los intendentes de las localidades ribereñas, reacios a dejar de cobrar.
El otro tema que la provincia gestionará es la autorización federal para construir un nuevo puente carretero entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Durante la última administración del peronista Jorge Obeid (2003-2007) se firmó un convenio: el gobierno provincial asumió un crédito internacional para transformar en autovía la ruta nacional 19 y el la Nación como contrapartida construiría el nuevo puente carretero. Santa Fe cumplió, pero la Nación no y el viaducto se deterioró al punto de hoy estar cerrado por obras de mantenimiento.
Pullaro pretende construir un nuevo puente al lado, con recursos provinciales, destinado solamente al tránsito liviano. Eso descongestionaría la artería principal. Para eso, como cruza el Río Salado, precisa la autorización del gobierno nacional. Algo similar sucedió en los años 50 y 60, cuando se pretendió construir un puente que uniese Santa Fe y Paraná: como la Nación no otorgó la autorización, las provincias decidieron construir un túnel subfluvial por debajo del lecho del río, con administración biprovincial.