El gobernador de Córdoba será querellante. El ministro de Salud mostró datos y gestión, mientras las muertes empiezan a cruzar la campaña electoral.
Martin Llaryora junto a su ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer
El gobierno de Martín Llaryora se constituirá en querellante en la causa en que se investiga la distribución de fentanilo contaminado por parte de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Esta investigación es sustanciada por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.
De esta manera, la provincia de Córdoba será la segunda en sumarse como denunciante en la causa, que remonta al mes de mayo, en la que se intenta dilucidar responsabilidades penales por casi 100 muertes que estarían vinculadas a partidas adulteradas del fármaco.
La acción del gobierno de la provincia fue anunciada en la tarde de este jueves por el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, quien brindó una conferencia de prensa que concitó la atención de medios de todo el país. Muchos destacaron que el funcionario es una de las pocas autoridades sanitarias en dar explicaciones en medio del escándalo desatado a nivel nacional.
Ante los micrófonos, el ministro, quien estuvo acompañado por Carlos Giordana, secretario de Salud, remarcó que la provincia de Córdoba, en tanto distrito, no tiene casos de contaminación con fentanilo reportados a la Justicia.
“En ningún hospital de Córdoba existe el lote 31202. No tenemos ningún caso reportado a la Justicia. Tenemos certezas, propias y por parte del juzgado, que el lote contaminado no está disponible en los hospitales de la provincia. Desde el día en que ANMAT presentó la alerta, la Dirección de Farmacias instruyó a todas las farmacias de los hospitales, públicos y privados, a que separaran el lote informado. Luego, el Ministerio de Salud tomó la decisión de separar absolutamente toda la medicación del laboratorio HLB Farma”, precisó Pieckenstainer.
La afirmación se cierne, sobre todo, a los hospitales públicos. Hasta el momento hay dos causas en curso, ambas por decesos en clínicas privadas. Las mismas fueron abiertas por familiares de personas fallecidas, quienes piden a la Justicia que investigue si existe alguna vinculación con el suministro de aquella droga.
Ampliando el ángulo, son 18 los sanatorios a los que se ha pedido informes oficiales: todos ellos son de la órbita privada.
“De la misma manera en que nosotros hicimos un reporte al juzgado, cada una de las clínicas que tenía la posibilidad de contar con el lote de fentanilo contaminado debía obligatoriamente informar al Juzgado y al Ministerio de Salud de la Nación. Y que, ante casos sospechosos, informarlo en el SISA. Esa obligación indelegable es responsabilidad de los directores de cada una de las clínicas, nosotros no tenemos la potestad de poder hacerlo”, amplió.
Las explicaciones del ministro y su secretario no incluyeron dardos dirigidos a autoridades del gobierno de Javier Milei. Ni siquiera al cuestionado ministro de Salud, Mario Lugones.
Pero el deslinde de responsabilidades habló por sí mismo. La presentación de fechas, números y procedimientos desde la cartera provincial ofreció un inmediato contraste al mutismo escogido por la administración nacional.
Simultáneamente, el escándalo en torno a la cuestión, de indudable vinculación con la retirada del Estado nacional de acciones de contralor sobre la salud pública, será explotado por un cordobesismo que se muestra como contracara en materia de gestión de las problemáticas esenciales.
Tampoco es ambigua la decisión de constituir a la Provincia como querellante en una causa en la que el juez Kreplak debe sobrellevar anuncios sobre recusación en su contra, cursado por Salud de la Nación, por su vínculo familiar (hermano) con Nicolás, titular de la cartera en Buenos Aires.
Se sabe, el silencio ante investigaciones en curso es uno de los atributos con que el cordobesismo vocifera su respeto por la institucionalidad en todo el país. Y lo volverá a orear cuantas veces sea necesario, lanzada ya la campaña hacia las elecciones de octubre.
La exposición de Pieckenstainer llegó el día posterior a que el tema se colara en la agenda política mediterránea merced a sendas acciones de la oposición.
El miércoles, el bloque de la UCR recordó que el gobierno peronista archivó un pedido de informes presentado por los legisladores José Bría y Matías Gvozdenovich, hace ya más de 2 meses, “cuando la crisis por el fentanilo contaminado ya se había cobrado 33 vidas”.
“Los legisladores insisten en conocer a fondo qué es lo que hizo la provincia: si ubicó y retiró todos los lotes contaminados; si recibió alertas tempranas sobre el caso; si tiene protocolos y sistemas de control y vigilancia para evitar futuros casos y si capacitó al personal médico para hacer detecciones tempranas ante este tipo de situaciones. El gobierno provincial nos debe una respuesta que nos de tranquilidad a todos los cordobeses”, expresaron a través de un comunicado.
Paralelamente, desde el bloque del Frente Cívico, el legislador Juan Pablo Peirone, pidió la creación de una comisión investigadora en la Unicameral.
En diálogo con Punto a Punto Radio, el también médico pidió abordar la cuestión “con seriedad” y también deslizó cuestionamientos a la ANMAT, por el tiempo transcurrido entre las primeras alarmas y la decisión de detener la distribución del fentanilo contaminado.