Llaryora y la ruptura de la UCR permitieron el cuórum. El bloque radical sumó ayudas inesperadas, como Tetaz, Sánchez y Banfi. Se espera una larga sesión.
Miguel Pichetto con Álvaro González, Oscar Carreño, Nicolás Massot, Ignacio García Aresca y Emilio Monzó. Los bloques del medio que complotan contra Javier Milei.
La oposición logró cuórum en Diputados para debatir un amplio temario con proyectos que rechaza Javier Milei, por su impacto fiscal, como la emergencia sanitaria y la mejora del presupuesto universitario. Con las divisiones entre los gobernadores, la mayoría llegó con la colaboración de legisladores que responden al cordobés Martín Llaryora y de un sector de la UCR.
Sólo así fue posible abrir una sesión que hasta este martes no estaba confirmada porque incluso los gobernadores que no armaron listas comunes con LLA en sus provincias querían evitar pelearse con el gobierno nacional. Ni siquiera influyó que la sesión incluyera los proyectos para sumar fondos a las provincias, aprobados en el Senado, como el reparto de ATN y el impuesto a los combustibles.
El plan de la oposición es lograr un emplazamiento para que esos proyectos se traten en comisiones y se sancionen el miércoles 20 de agosto, luego del cierre de listas para las elecciones legislativas. La sesión, que duraría más de 12 horas, también incluye un cambio de condiciones de la comisión que investiga el caso $Libra. La convocatoria estuvo a cargo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia Para Siempre (UCR crítica) y la izquierda.
Llaryora fue la excepción a la especulación de los gobernadores y sentó a su delfín Ignacio García Aresca, además de sus socios Juan Brügge y el schiarettista Carlos Gutiérrez. No llegó a tiempo Alejandra Torres. El cuórum se facilitó con la ruptura del bloque UCR, que preside Rodrigo De Loredo.
El cordobés no pudo evitar la colaboración de Gabriela Brouwer de Koning, Martín Tetaz, Julio Cobos, Roberto Sánchez, Fabio Quetglas y Karina Banfi, influenciada porque se iba a debatir el veto presidencial a la ayuda a Bahía Blanca, su ciudad. Por su pedido, el tratamiento se postergó ante la posibilidad de no reunir la mayoría especial. Roxana Reyes deambuló por el recinto, pero no estaba sentada al momento del cuórum.
Como anticipó Letra P, la mayoría de los gobernadores no iban a colaborar con la sesión, ni siquiera aquellos que la semana pasada lanzaron un espacio propio, como Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy). Sí estuvo sentada en su banca la diputada Melina Giorgi, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Hubo casos elocuentes como la ausencia de la jujeña Natalia Sarapura, quien suele ayudar a sesionar.
Mantuvieron su sociedad con Milei los gobernadores que negocian acuerdos con LLA en sus provincias, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos); y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), y Gustavo Valdés (Corrientes), quien no consensuó listas comunes con el oficialismo para la elección local. Todos dejaron sus bancas vacías.
El oficialismo también mantuvo su férrea alianza con los partidos provinciales, como los de Salta, Misiones y Río Negro, que integran el bloque Innovación Federal: ninguno de los ocho miembros pisó el recinto. La salteña Pamela Caletti, que preside esta bancada, dejó su bolso en su banca, pero luego no retornó. El gobernador Gustavo Sáenz no le permitió colaborar.
Tampoco aparecieron representantes de San Juan y San Luis, habituales socios del Gobierno. Sí volvió a jugar con la oposición la exlibertaria Lourdes Arrieta. El PRO no tuvo nadie que sacara los pies del plato. Llamó la atención la llegada tarde de Juan López (Coalición Cívica).
La sesión se inició luego de arduo debate en la reunión de labor parlamentaria, donde el oficialismo y el PRO (representado por Cristian Ritondo y Silvana Giúdici), trataron de empiojar la sesión con una larga lista de oradores. Finalmente se acordó intercalar el temario, con los emplazamientos.
Luego se tratará la reactivación de la comisión de $Libra y, por pedido de Unión por la Patria, cinco decretos delegados que busca derogar, como el que redujo los subsidios a actividades culturales y reduce las funciones a los Bancos de Datos Genéticos.
Los proyectos que empuja la oposición buscan mejorar la atención pediátrica y engrosar el presupuesto universitario. La emergencia en pediatría y residencias médicas se propone por un año y obliga a una recomposición salarial inmediata de "personal asistencial y no asistencial" que atiende a la población pediátrica, como también los residentes nacionales de salud de todas las especialidades. Estipula una actualización "en términos reales" -por inflación- a noviembre de 2023.
La iniciativa de la oposición garantiza además "programas y acciones de salud infantil y adolescente" y deroga la resolución 2109/2025, que modifica el sistema de residencias, con la posibilidad de convertirlo en una beca y ya no en un empleo en relación de dependencia. El oficialismo firmó en soledad un dictamen de rechazo, aunque tuvo un guiño de Liga del Interior (radicales oficialistas) y de la mayoría del PRO, que no suscribieron ningún despacho.
El proyecto sobre universidades tiene varios dictámenes. El de mayoría es el más ambicioso y cuenta con apoyo de la mayor parte de la oposición: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia Para Siempre (UCR crítica). Si no tienen fisuras, estas fuerzas reúnen la mayoría para imponerse en el recinto.
El despacho contempla una recomposición presupuestaria de gastos de funcionamiento de las universidades al 1 de enero de 2025, actualizado por el INDEC. Incluye hospitales universitarios y programas especiales. Para el futuro, el proyecto agrega una actualización en forma bimestral de esas partidas hasta diciembre, también indexadas por inflación.
Con el tratamiento salarial, el despacho plantea un esquema de aumentos similar. Se establece una actualización de los haberes de los docentes y no docentes en función de la inflación, con retroactividad a diciembre de 2023. El aumento debería hacerse efectivo al mes siguiente de la sanción del proyecto y debe ser remunerativo y bonificable.