Sanción definitiva para aplicación de fitosanitarios. Juntos y libertarios por el sí. El PJ dividido. El campo, a favor. D, docentes y ambientalistas en contra.
Dirigentes del agro de Entre Ríos siguiendo de cerca el debate del proyecto de ley de fitosanitarios.
Entre Ríos logró, después de muchas vueltas, una ley que regulará la aplicación de plaguicidas. A principios de año, el gobernador Rogelio Frigerio le dio vía libre al diputado socialista Juan Rossi (Juntos) para que lograra el mayor respaldo posible al proyecto. Parte del PJ se plegó, entusiasmado, a la necesidad. El ambientalismo terminó disconforme. El agro quedó contento.
Con 25 votos a favor y ocho en contra, la Cámara de Diputados provincial sancionó este jueves la norma que regulará la aplicación de fitosanitarios, que ya había votado semanas atrás y que sufrió modificaciones en el Senado. Fue crucial en una provincia con una base económica principalmente agropecuaria y ligada a la producción primaria la insistencia de las distintas entidades del campo reunidas en la Mesa de Enlace, que demandaban “seguridad jurídica” para la producción.
Parte del PJ trató de darle viabilidad al proyecto, que durante el mandato de Gustavo Bordet intentó impulsar sin éxito. Primero lo torpedeó Sergio Urribarri en Diputados, quien tuvo un inusual interés por la agroecología sólo para oponerse a su sucesor. Después, en el segundo mandato, Bordet tampoco pudo convencer a su tropa para avanzar con un texto. Juan José Bahillo, entonces -como hoy- diputado provincial del peronismo, impulsó la iniciativa como legislador y después como ministro de la Producción. Nunca hubo consensos en el peronismo, reactivo en parte a colaborar con la “oligarquía terrateniente”. Secuelas del conflicto por la Resolución 125 de 2008.
Frente a la Mesa de Enlace, que conformó con otras instituciones la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas, se paró una comunión de sectores ambientalistas, docentes (por las escuelas rurales de la geografía provincial) y sectores de la izquierda no capitalista, que si bien participaron de algunos debates legislativos en comisión, siempre pusieron severos reparos a cualquier tipo que normativa que autorizara la aplicación de fitosanitarios. Casi siempre con el argumento del supuesto daño a la salud.
Por ese motivo, Rossi hizo hincapié durante los debates en la cuestión sanitaria. “Espero que esta ley brinde la previsibilidad necesaria a nuestros productores”, sostuvo luego de que se sancionara la ley y enseguida agregó: “Y que garantice un futuro sostenible para todos. Tenemos que priorizar la salud, producir con más valor, cuidando el ambiente y qué mejor que hacerlo con los pequeños y medianos productores viviendo en los campos entrerrianos", destacó el socialista, presidente de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente, quien recordó que fue "el 6 de marzo el Superior Tribunal de Justicia ordenó al Poder Legislativo avanzar en una nueva normativa en un plazo razonable".
La norma que regía la aplicación de agroquímicos, la número 6599, databa de 1980, durante la última dictadura, aunque luego tuvo algunas modificaciones. Muchas de ellas con observaciones en la Justicia, incluso en el Superior Tribunal. La cuestión de la distancia respecto de escuelas o población rural para la aplicación de agroquímicos fue siempre el tema más sensible. El glifosato, un herbicida que llegó asociado a un tipo especifico de soja transgénica, es quizás la palabra, o el compuesto químico, que más resistencia encuentra.
En la primera votación en Diputados, el proyecto obtuvo el acompañamiento oficialista, también de las cinco bancas mileístas dispuestas en tres bloques y el de parte del PJ, excepto las diputadas Lorena Arrozogaray (Gualeguaychú), Stefanía Cora (Paraná), Silvia Moreno (Feliciano), Andrea Zoff (Paraná) y Laura Stratta (Victoria). Todos los varones de la bancada peronista votaron a favor y todas las mujeres, en contra.
En el Senado, votó en contra el peronista Martín Oliva (Uruguay), un médico con publicaciones relativas al cuidado del ambiente, por lo que su rechazo no sorprendió. También Patricia Díaz (La Paz). En la sanción de este jueves en Diputados, a las mujeres que ya habían rechazado el proyecto se sumaron Enrique Cresto y Mariel Ávila.
El Senado le introdujo cambios al proyecto. Básicamente de técnica legislativa y modificaciones de tipo formal. En tanto, hubo dos aspectos más sustanciales, con más impacto. En primer término, se obliga la creación de un cuerpo de inspectores, cuando el texto original sólo lo sugería. Por otro lado, se extiende las cortinas vegetales que solo habían sido pensadas para las escuelas rurales. Ahora, se amplía al perímetro de todas las áreas sensibles con personas en riesgo, como caseríos o puestos policiales.
“Se pospuso demasiados años”, apunta Nicasio Tito, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), y reconoce que esta situación “provocó demasiados desmanejos”. Al respecto, el productor agropecuario menciona que “la ley le sirve a toda la sociedad. Al productor y a la comunidad toda, porque es el marco normativo que permite los límites o no que tiene sobre las diferentes actividades productivas".
De todos modos, reconoce que “luego habrá cosas por pulir y por supuesto como toda ley se va a ir actualizando y mejorando”. La Mesa de Enlace venía reclamando modernizar la norma y, valiéndose del poder de lobby de sus entidades e instituciones cercanas, como el Colegio de Ingenieros Agrónomos o docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNER, impulsó muchas veces estos debates e instó que lleguen al fin a tener una ley que los aleje de los pleitos en la Justicia.
"Tener una normativa vigente nos da tranquilidad a los productores", subrayó Matías Martiarena, de Federación Agraria Argentina (FAA) en la provincia, y destacó a "la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas que tuvo mucho que ver en la redacción del texto".
La oposición a la ley de aplicación de fitosanitarios radicó en grupos de presión con relativo prestigio en la opinión pública e incidencia en los medios, por constancia en sus apariciones y por perseverancia de los actores.
En este contexto, la coordinadora Basta es Basta viene marcando la cancha desde 2018 con posiciones muy críticas respecto del modelo productivo en general y de la aplicación de lo que consideran “agrotóxicos” en particular. Una de las expresiones más contundentes está dada por las marchas, llamadas “rondas”, que realizan todos los martes en torno de la Casa Gris.
“El proyecto de buenas prácticas agropecuarias fue diseñado para perpetuar un modelo destructivo y regresivo”, afirma la coordinadora y marcan que “es imperativo trabajar en una legislación que priorice la salud pública, la justicia ambiental y la transición hacia un modelo agroecológico”. La postura imposibilita pensar incluso en alternativas de transición, denuncian el agro ante estas expresiones.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) también planteó observaciones “acerca del modelo productivo predominante, que se sustenta en la promesa del desarrollo económico, pero acarrea consecuencias sociales, sanitarias y ambientales que no son parte de ninguna ecuación económica”. El gremio plantea que los docentes viven la realidad de pulverizaciones en campos lindantes a muchas escuelas rurales, una particularidad de la geografía entrerriana.
Como partido político, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que conforma la Red Ecosocialista, fue el único espacio que se posicionó uniformemente en contra de ley. Nadia Burgos, su principal referente en la provincia, habló de mirar la agroecología y caminar “hacia otro modelo productivo" y no a uno "que siga legalizando este, que trae como consecuencias impactos en el ambiente y en los territorios”. La Legislatura se volcó mayoritariamente a favor del proyecto del oficialismo.