La Casa Rosada juega a favor de los ruralistas y abre otra grieta con Sergio Ziliotto. La oposición aprovecha para capitalizar el empate en el recinto.
La Pampa: el campo nacionaliza la guerra por la ley de plaguicidas y la empuja a la Legislatura
El proyecto para reglamentar la ley 3288 en La Pampa, aprobada en 2020, suma un nuevo entuerto al gobierno de Sergio Ziliotto. El lobby empresario escaló a nivel nacional y logró que una funcionaria de Javier Milei se parara del lado de las patronales que rechazan la norma que reglamenta el uso de plaguicidas en la provincia.
La dirigencia agropecuaria tacha de “excesivamente burocrático” al borrador que les presentó el Ejecutivo provincial y se niega a cumplir con las distancias prohibidas para fumigar en zonas urbanas.
La vicepresidenta del INTA, María Beatriz “Pilu” Giraudo, estuvo en la provincia el último jueves en una reunión del Consejo Asesor del organismo en General Pico. Quienes participaron del encuentro aseguran que “no se habló del conflicto con los productores”. Sin embargo, la funcionaria había declarado en medios porteños que llegaría a La Pampa para intentar mediar con la ministra de la Producción, Fernanda González. También había adelantado su posición a favor de los planteos de las gremiales agropecuarias.
“Se debe evitar una burocratización excesiva sobre procesos que son regidos por la biología de los cultivos y de las plagas”, dijo Giraudo y añadió: "El uso adecuado de fitosanitarios garantiza la inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, la salud y el cuidado del ambiente”.
La llegada de la funcionaria de Milei generó expectativas en el empresariado local, que la semana que viene buscará el apoyo de los titulares de Senasa, pero la ministra González aseguró a Letra P que Giraudo “jamás pidió audiencia". "Nos quedamos esperando. Todo fue una cuestión para las redes”, agregó a este medio.
La postura de Giraudo no es novedosa. Ex presidenta de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapressid) y ex funcionaria del Ministerio de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, es una de las voces más incidentes del agronegocio santafesino. En La Pampa tiene fuertes vínculos con Jorgelina Montoya, ingeniera agrónoma de la Estación Experimental de Anguil y esposa del diputado opositor y productor agropecuario Maximiliano Aliaga.
Mientras crece el lobby palanqueado por medios afines al gobierno nacional, el gobernador de La Pampa se planta contra los detractores de la norma y afirma que la ley se va a reglamentar sí o sí. Sin embargo, gambetea la lapicera y no pone fecha cierta para sellar con su firma el acto administrativo. En declaraciones a Letra P, Ziliotto minimizó las presentaciones judiciales del bloque Comunidad Organizada, que integran Aliaga y Sandra Fonseca, quienes accionaron un pedido de inconstitucionalidad de la reglamentación. La dupla denuncia a Ziliotto por no cumplir con el plazo de 120 días para reglamentar la ley.
“Las leyes se reglamentan permanentemente. Más allá de los plazos que establezcan, es algo usual”, dijo el mandatario a este medio y agregó que el intento libertario por marcarle la cancha en un nueva contienda “no fue nada concreto, solo mediático”.
A su vez, aseguró que “la ley se está aplicando, está vigente, muchos productores la cumplen y algunos piden excepciones. En La Pampa no está prohibido producir”. En las últimas semanas, se conoció que, desde la vigencia de la norma, hubo 13 denuncias por pulverizaciones prohibidas y en cuatro oportunidades fueron sancionados sus responsables.
En la Legislatura, la oposición en pleno cosecha un discurso “antiley”. La Cámara de Diputados muestra un virtual empate y eso vigoriza a los adversarios del peronismo, que capitalizan todas las disputas. A la bancada oficialista, con 15 integrantes que hablan de unidad pero siembran sospechas, se le oponen tres bloques: UCR, PRO-MID y Comunidad Organizada. Esa tríada también suma 15 votos y hoy es el principal escudo político de los intereses ruralistas.
La presidenta del bloque PRO, María Laura Trapaglia, le dijo a este portal que “la ley cuida al ambiente y a la salud, pero no protege a la producción”. En 2020, Trapaglia había votado en contra de la norma y sostiene que su bloque va a apoyar las iniciativas de los productores. “Pensamos que hay que trabajar en una ley en la que se tenga en cuenta a todos los sectores”, sostuvo.
La ex titular de la Delegación local de Agricultura Familiar fustigó a Ziliotto porque “el Ejecutivo quiere consenso, pero nunca lo buscó”. En la misma tesitura que su aliada, el presidente del bloque radical, Hipólito “Poli” Altolaguirre, agregó que la ley “no contó ni cuenta con el apoyo del radicalismo”, pero hizo silencio respecto de las presentaciones judiciales de Aliaga y Fonseca. Se sabe que la UCR se tapa la nariz cada vez que tiene que acordar con ese bloque.
En el oficialismo muestran incomodidad con el tema. Advierten que el conflicto es inoportuno y ruegan que la escena no llegue a la cámara. Aún así, aseguran que el bloque oficialista está unido y que la ley no está en riesgo. Sin embargo, reniegan cada vez que el gobierno de Milei encuentra una veta para arremeter contra las decisiones del Ejecutivo provincial.