Proyecta un 2025 con control a la caja propia, menos tasas, pedal a la deuda e inversión en obras. Orden fiscal, la guía. Carta política para lidiar con Caputo.
El ministro de Economía, Guillermo Acosta, presentará el Presupuesto 2025 del gobierno de Martín Llaryora.
Martín Llaryora prevé transitar el año electoral con las dificultades que imponen los torniquetes de la Nación. El Presupuesto 2025 para Córdoba no contempla el reconocimiento a los reclamos que el bloque cordobesista planteó sobre las proyecciones de Javier Milei. Sin embargo, el gobernador está dispuesto a demostrar que no hay un único camino para sostener un superávit fiscal.
La iniciativa provincial, que ingresará este viernes a la Legislatura, anticipa un profundo rojo para la Caja de Jubilaciones y una partida para obras públicas calcada a la del ejercicio en curso.
No obstante, plantea una masiva eliminación de tasas y sendos ajustes impositivos acordes al menguante ritmo inflacionario. En similar dirección, incluirá distinciones para sectores de la industria y el agro, a cuyas bases podría ofrecer algún alivio fiscal.
Con promesa de un superávit fiscal continuado -este año será del 18%- Llaryora buscará resaltar en la lectura política de su Presupuesto esos atributos que pondrá en juego en la campaña por algunas de las nueve bancas de la Cámara de Diputados. El combo atiende a una eficiente recaudación eficiente de impuestos, con beneficios para cumplidores; control del gasto público en materia salarial y refinanciamiento de la deuda en dólares.
En resumidas cuentas, el gobernador promete mantener para el año electoral atributos de gestión eficiente, equilibrada y desarrollista con que el cordobesismo, hoy ampliado a Partido Cordobés, gusta presentarse a nivel nacional.
El volumen total del presupuesto provincial para 2025 supera el 1.1 billón de pesos. La cifra marca un incremento del 113% respecto de la previsión para el año en curso, originalmente calculada en $550 mil millones.
El déficit previsto para la Caja de Jubilaciones asciende a $450 mil millones, poco más de $100 mil millones más que en 2024. Este rojo opera como admisión de nulas expectativas sobre giros desde la Nación. Mucho menos de un reconocimiento de la deuda que Córdoba reclama desde hace tres años, incluso con planteos en la Corte Suprema de Justicia. A la fecha, la cifra exigida es casi equivalente a aquel déficit proyectado para el 2025.
Llaryora tampoco espera una apertura de grifo para financiar obras públicas. La partida destinada por la provincia al rubro roza los 800 millones de dólares, guarismo equivalente a la proyectada para este año. Es decir, sin ajuste por inflación.
La oposición interpreta ese dato como una corroboración de que la Provincia sólo prevé finalizar trabajos ya en curso, como autovías y acueductos. No habría señales del inicio de grandes desarrollos.
Desde el Panal destacan, sin embargo, que sigue siendo la administración provincial que más dinero destina a la obra pública, otro sello distintivo de los gobiernos peronistas que llevan ya 25 años en el poder.
La iniciativa presupuestaria llegará acompañada por el Código Tributario y la Ley Impositiva Anual. Los textos, adelantan voces oficiales, no contemplarán sustanciales aumentos en las tasas e impuestos que colecta la Provincia.
Según afirman, sólo se ajustarán atendiendo a la inflación del año en curso (120%) y a la proyección que hizo el Gobierno nacional, que en su propio proyecto de presupuesto para 2025 la ubica en 18.3%.
El Ejecutivo incluirá algunas revisiones de las escalas aplicadas a dos sectores claves de la economía provincial, que explican buena parte de los ingresos corrientes: la industria y el agro.
Por un lado, se triplicará la referencia del mínimo no imponible para quedar exento del pago de Ingresos Brutos, hoy fijada en $640 millones anuales. Se trata de un prolongado reclamo del sector, que pedía un recálculo acorde a inflaciones superiores a 100 puntos anuales.
Por otro lado, se avanza en una reformulación de categorías para el cobro del Impuesto Inmobiliario Rural. Sin precisiones hasta el momento, se prevé un alivio para pequeños y medianos productores, otro reclamo sectorial de larga data entre las patronales del campo.
Además de estos recálculos, el gobernador propondrá la eliminación de unas 50 tasas. Según explican en su entorno, representan innecesarios cobros por trámites administrativos.
Se trata de una decisión ajustada al discurso cordobesista de simplificación tributaria, pero también acorde a la narrativa minarquista de época, que impulsa una reducción al mínimo de las fuentes de financiamiento. Este mismo camino ha sido emprendido ya por intendentes emblema del Partido Cordobés, como el villamariense Eduardo Accastello y el riocuartense Guillermo de Rivas.
Aunque funcionarios aseguren que las tasas tienen un impacto marginal sobre las arcas provinciales, la suma de exenciones siembra dudas. Esas mismas arcas, secas de aportes nacionales, afectadas por la caída en la recaudación, deberán afrontar los efectos de una recesión que aún no se disipa. También, los pedidos de recomposición salarial de empleados públicos.
Desde el Panal afirman que tanto el rojo de la Caja de Jubilaciones, como los acuerdos paritarios, se podrán afrontar con fondos destinados a “rentas generales”. Es decir, provenientes de aquella misma recaudación que podría verse afectada.
Como reaseguro, desde el Gobierno destacan la continuidad de un ya identitario superávit primario, cercano al 18% para el 2024. En simultáneo afirman que el gasto salarial seguirá en torno al 45% del presupuesto total.
Los vencimientos de deuda contraída durante las últimas gestiones de Juan Schiaretti emergen como otra preocupación en el horizonte cercano. El próximo año, Llaryora deberá afrontar pagos por más de 1.1 billón de pesos, equivalentes al volumen total del presupuesto.
Hace 20 días, Llaryora pagó casi 11 millones de dólares, entre capital e intereses, correspondientes a un bono nominado en dólares del año 2016. Sólo de tal compromiso restan pagar más de 83 millones de dólares.
Con todas las restricciones mencionadas, la Provincia analiza dos vías para afrontar los compromisos: una renegociación, sujeta a un cambio de perspectiva sobre la Argentina merced a los números de la macroeconomía; otro paso en la reconversión de la deuda dolarizada por pasivos en pesos, apelando a emisión de títulos.
Con todos esos elementos sobre la mesa, desde el Panal presentan con optimismo su propuesta de Presupuesto. “Es equilibrada. Mantiene el superávit, con niveles de inversión importantes en servicios y obras, sin aumentar la presión tributaria”, sintetizan.
La repetida apelación a excedentes en el manejo de la economía no sólo es algo distintivo del cordobesismo. Es también su carta brava para un año en que deberá disputar la representatividad parlamentaria ante una oposición envalentonada y un proyecto libertario que, ya formalizado, no oculta su deseo de penetración territorial con arietes propios.