Le pide a la Nación que gire $16.000 millones por mes para la Caja de Jubilaciones. El plan de pagos sugerido y la deuda acumulada. El juego de García Aresca.
Presupuesto o la plata de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, la oferta de Martín Llaryora al ministro de Economía de Javier Milei.
Martín Llaryora quiere que Javier Milei tenga su Presupuesto, pero no prestará los votos cordobesistas si no garantiza las obras acordadas y la plata de la Caja de Jubilaciones. El gobernador de Córdoba le dejó picando una propuesta a Toto Caputo: los fondos de 2025 para los pasivos a cambio de un plan de pagos en bonos de la deuda judicializada.
El “hermano de la vida” de Llaryora ya tiene instrucciones para moverse en el debate. Ignacio García Aresca es dueño de una de las firmas necesarias para que la ley de leyes logre el despacho de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Firmó para la salida de la ley ómnibus en esa frenética madrugada. Podría volver a hacerlo. O no.
Cómo contó Letra P, las 25 obras cedidas al gobierno cordobés por el convenio firmado en el despacho del jefe de Gabinete libertario asoman como el punto innegociable. Los fondos para los jubilados, también. Llaryora ya tiene una línea de negociación.
Para que Aresca ponga el gancho, la Nación debe garantizar el envío de los $16.000 millones mensuales comprometidos por ley para la Caja local.
El equipo económico que lidera Toto Caputo quiere desembolsar en ese concepto $215.000 millones anuales para las 13 provincias que no armonizaron.
En números directos, la partida garantizada no alcanzaría siquiera para cubrir el mínimo de la partida necesaria para cubrir la plata de las jubilaciones cordobesas en 2025.
En ese marco, Llaryora tratará de que el ministro de Economía mejore la oferta a cambio de morigerar las presiones por los $4.500 millones adeudados y judicializados.
El mandatario provincial da por descontado que la Corte Suprema fallará a favor de las provincias demandantes. Confía en los antecedentes y en los movimientos de los magistrados que resolvieron positivamente el reclamo por coparticipación a la Nación que hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No obstante, en la mesa chica del mandatario provincial saben que los tiempos son políticos. “La Corte no va a descalzar a un gobierno nacional apenas asume”, comprenden.
En el centro cívico mediterráneo estiman que recién el año que viene podrían tener noticias en el frente judicial. Intentan reflejar cierta paciencia y evitar hacer conjeturas sobre la futura composición del máximo tribunal. Con el arribo de los tres integrantes del máximo tribunal a la capital cordobesa, menos Ricardo Lorenzetti, se reactivó la versión que dice que se llamaría a una mediación entre las partes antes de fin de año.
Con ese horizonte, la apuesta cordobesista será lograr los fondos de 2025 para la Caja y acordar un plan de pagos “llevadero” con los adláteres de Milei. "Podemos recibir bonos", afirman la voluntad negociadora en el Panal, como se llama a la sede del gobierno provincial.
Ése será el gesto de máxima voluntad de Llaryora que políticamente no quiere entrar en tensiones con la Casa Rosada. Orejea las encuestas que le devuelven niveles de aceptación similares con Milei en electorado compartido y la conclusión de mantener los platos en equilibrio.
La estrategia pondera el acuerdo político por encima de la judicialización que agitan con más ahínco en provincias vecinas, como Santa Fe, bajo el gobierno del radical Maximiliano Pullaro.
En fase de negociación, el cordobesismo apela a la vía dialoguista, pero prepara sus armas como ya quedó claro en el comunicado que hace algunos días salió con la firma de la senadora Alejandra Vigo y las de los cinco integrantes cordobeses en el bloque de Miguel Ángel Pichetto.