Alejandro Vilches no descartó judicializar, pero anunció que trabajan en reglamentar la norma. Si no lo hace, el Congreso puede remover al jefe de Gabinete.
Guillermo Francos, encargado de fondear la ANDIS..
Javier Milei tuvo que echarse atrás este miércoles y una vez más dejó en ridículo a sus voceros: luego de filtrar en los medios que la ley emergencia en discapacidad no se aplicaría y apostaría por la judicialización, el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, informó que ya hay un equipo encargado de reglamentarla.
El funcionario, que reemplazó al desplazado Diego Spagnuolo, realizó este anuncio durante su participación en el Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), donde asistió en forma sorpresiva. Se trata del organismo que reúne a funcionarios de Discapacidad de las provincias.
La aclaración de Vilches no fue casual: como anticipó Letra P, la oposición exige que la emergencia se aplique esta semana y amenaza con destituir al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, si Milei decide declararse en rebeldía.
El diputado de Encuentro Federal, Oscar Carreño, publicó un tuit con lo que hasta entonces era un secreto a voces en los pasillos del parlamento: que, si Francos no dispone las partidas para aplicar la ley de Discapacidad, el Congreso "puede interpelar o incluso aplicar la moción de censura del artículo 101 de la Constitución".
Este apartado de la carta magna permite que el jefe de Gabinete sea "removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras". Se trata de un número mucho menor a los dos tercios que reunió la oposición para insistir con la emergencia de Discapacidad.
La no implementación de una ley sancionada por el Congreso, con la posterior insistencia ante un veto presidencial, es motivo suficiente para remover al jefe de Gabinete.
En la Casa Rosada y en el Congreso hubo llamados cruzados por la amenaza de Carreño, que derivaron en la apresurada visita de Vilches al Cofedis. Es que al parecer los asesores legales del Presidente no habían tenido en cuenta esta opción y Francos llevó el problema a Milei ni bien supo que podían ir por su cabeza.
Fuentes de La Libertad Avanza aseguran que el jefe de Gabinete mantiene una tensa relación con Karina Milei y Santiago Caputo -por la que estuvo a punto de renunciar en diciembre-, pero se sostiene en el Gobierno con el aval del jefe de Estado. Claro que no podría continuar si el Congreso se reúne para echarlo. En ese caso, además, sería difícil -o imposible- que Milei consiguiera un reemplazo, a no ser que el elegido tenga aval legislativo.
Como detalló este martes en la comisión de Discapacidad el diputado Daniel Arroyo (UP), para evitar una moción de censura, Francos debe reasignar partidas para cumplir con la emergencia en el sector. En lo inmediato, está obligado a desembolsar un aumento a las prestaciones, que consisten en lo perdido por inflación hasta 2023.
Desde el mes que viene, la emergencia obliga a que estos valores sean indexados por la movilidad jubilatoria, que toma en cuenta la inflación. La ley se completa con un nuevo esquema de pensiones, que incluye una por protección social, que absorbe la de invalidez laboral, y sólo podrá eliminarse si el beneficiario tiene ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. Además, habrá una pensión a mayores de 70 años en esa condición.
En las organizaciones que representan a prestadores hicieron los cálculos de los aumentos que les corresponden y miden los tiempos para ir a la justicia. De mínima, dejarán pasar los ocho días que hay para la promulgación. No tendrán en cuenta el plazo que disponga Milei para una eventual reglamentación, que es opcional.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la compensación de las prestaciones tiene un costo fiscal mínimo del 0,03% del PBI, porque el Estado sólo cubre una parte mínima a quienes no tienen obra social y prepaga. El resto debe ser financiado por el fondo compensador que maneja Mario Lugones, ministro de Salud.
Por razones que nunca se explicaron, hace un año que el nomenclador no tiene aumentos. Con la ley de emergencia vigente los valores deberán subir todos los meses. En las organizaciones no descartan denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos a Lugones y Francos, si en las próximas semanas siguen sin poner plata.
Como explicó Letra P, este martes la comisión de Discapacidad avanzó con varios proyectos. Una iniciativa contempla quitarle al Poder Ejecutivo el control de la ANDIS y pasarlo a un consejo de siete miembros. El Gobierno ubicaría a sólo dos, la misma cantidad sería del Cofedis y tres serían de organizaciones de la sociedad civil. Además, se firmaron proyectos de resolución y pedidos de informes para revisar la quita de pensiones por discapacidad.
La diputada Victoria Tolosa Paz pide restablecer todos las pensiones caídas. Denunció un plan de premios para los empleados que eliminaran pensiones y anunció que, en la próxima sesión, podría derogarse el decreto que le permitió a Spagnuolo realizar auditar las pensiones. Este martes, en la bicameral mixta revisora de cuentas se definió que esa tarea la realice la Auditoría General de la Nación, un organismo autárquico que no depende del Poder Ejecutivo. Milei ya no podrá participar de esa tarea.