La Corte, la fiscal general y la titular de la Defensa Pública provinciales debatieron sobre un tema picante. Conmoción por la muerte de Locomotora Oliveras.
Diario de la Convención de Santa Fe, día once: la pelea por quién tendrá la lapicera de la Justicia
El diseño del poder en la Justicia asoma como uno de los temas más picantes de la Convención que encara la reforma constitucional de Santa Fe, que este lunes vivió su onceava jornada hábil en estado de conmoción por la noticia de la muerte de Alejandra Locomotora Oliveras.
Dentro de la temática judicial, sobresalen algunos tópicos especialmente sensibles, como los órganos de selección y remoción de jueces, fiscales y defensores. Dicho en crudo: quién o quiénes serán los que tengan la facultad de poner y sacar funcionarios judiciales.
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, la fiscal general y la titular del Servicio Público de Defensa presentaron sus propuestas al respecto y las expusieron días atrás en la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales.
El máximo tribunal llegó a acuerdos internos en varios puntos sobre la ingeniería constitucional para la Justicia. En este caso hubo una disidencia: la de Daniel Erbetta. Sí hay consenso en que los ministros de la Corte deben ser elegidos a través de una propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y eventualmente cesanteados por juicio político. Es decir, el mecanismo actual.
Por fuera de ese estamento, la opinión mayoritaria en la cabeza del Poder Judicial es que el resto de los jueces, defensores y fiscales sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la asamblea legislativa según una terna vinculante que resultará de un orden de mérito obligatorio del concurso que lleve a cabo el Consejo de la Magistratura, que adquirirá rango constitucional. Es un aspecto determinante, que fue objeto de polémica recurrente durante el primer año del gobierno de Maximiliano Pullaro.
De acuerdo a esa propuesta, será un órgano autónomo con autarquía financiera, compuesto por siete miembros titulares y siete suplentes integrados al Poder Judicial. Su titular será el presidente de la Corte, al igual que a nivel nacional. Habrá un fiscal, un juez o un defensor, según la pertenencia de la vacancia a cubrir. El Poder Ejecutivo tendrá un representante, al igual que la Cámara de Diputados y el Senado. Completan la grilla un abogado y un profesor concursado de una universidad pública. En todos los casos, los consejeros serán elegidos por sus pares.
Por otra parte, el proyecto cortesano establece que los jueces (no los del tribunal supremo), fiscales y defensores “serán enjuiciables en la forma que lo establezca una ley especial ante un tribunal de enjuiciamiento que estará integrado por cinco miembros: el presidente de la Corte lo presidirá; un juez, fiscal o defensor según corresponda; un diputado; un senador; y un abogado”. El procedimiento no podrá durar más de un año desde la formulación de la denuncia. En la composición de ambos órganos se juega buena parte del partido. Ahí se dirime la correlación de fuerzas interna.
La opinión de Erbetta respecto del órgano de selección es sustancialmente distinta. En la nota que presentó a la Convención, asevera que “atendiendo al fracaso operativo de la mayoría de los Consejos de la Magistratura, en particular el nacional cuyo fracaso operativo y desperdicio presupuestario es superlativo, resulta inconveniente que se prevea a nivel constitucional la conformación de órgano (Consejo de la Magistratura), que normalmente deviene en una burocracia ineficiente y en un dispendio presupuestario injustificado”.
En este contexto, el ministro de la Corte propone que haya tribunales de evaluación no permanentes, técnicos y sin representantes políticos; que se hagan concursos anuales y que una ley regule su funcionamiento.
Durante su paso por la comisión del Poder Judicial, la flamante jueza suprema Margarita Zabalza respaldó la mirada crítica de Erbetta y llamó a “no generar organismos a imagen y semejanza del Consejo de la Magistratura de la Nación, porque si hay algo que sabemos que no funciona es ese modelo. No podemos replicar modelos que son nefastos por ejemplos que en la ciudad de Rosario sobran”.
Respecto del Tribunal de Enjuiciamiento, Erbetta propone que sea integrado por siete miembros: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá; un juez, fiscal o defensor según corresponda, dos diputados, un senador, un abogado y un profesor concursado de una universidad pública. También en esta idea, todos deberán ser electos por sus pares.
En la propuesta presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) “se ha fijado una opinión en relación a promover un proceso de selección y remoción autónoma, con la debida participación equilibrada de otros estamentos, como ocurre en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”. Hasta ahora, esta idea parece carecer de consenso en el proceso reformista.
De hecho, en el documento ingresado a la convención por el órgano que conduce María Cecilia Vranicich se advierte que “se han elaborado varias propuestas propugnando distintas configuraciones de Consejos de Magistratura y/o Tribunales de Enjuiciamiento con diversa composición. Si esta fuera la decisión de los honorables convencionales, entendemos que más allá del diseño que se promueva, la idea central para su definición debe ser la equilibrada representación de todos los estamentos. Si uno de los estamentos tiene mayor participación, esto va a afectar la calidad institucional de las decisiones”. Como ya se dijo, en la integración está la gracia.
Por su lado, el Servicio Público de Defensa va en la misma sintonía con matices. “Procedimiento de selección de Defensores autónomo y a cargo” del órgano, “que elevará una terna para la designación por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. En consonancia con el mecanismo previsto en la ley de Ministerio Público de la Defensa a nivel federal”. Y también establece un “procedimiento de remoción autónomo y con carácter técnico a cargo de un órgano de enjuiciamiento” de la propia institución “con participación de otros estamentos, en consonancia con el mecanismo previsto en la ley de Ministerio Público de la Defensa a nivel federal”.
La tercera semana de la reforma arrancó con un encuentro de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación ciudadana, que se reunió con representantes de ex combatientes de Malvinas, cooperativas, asociaciones, colegios, consejos y cajas profesionales y derechos humanos.
Un rato después llegó el sacudón: Alejandra Locomotora Oliveras, constituyente electa, falleció por el episodio de salud ocurrido el mismo día del inicio de la Convención.
Cerca de las 20:30 del lunes, un comunicado oficial confirmó lo que ya corría como rumor entre los convencionales desde que se conoció la lamentable noticia: la Convención suspendió todas las actividades programadas para este martes, en adhesión al Decreto Provincial que estableció tres días de duelo por la muerte de Oliveras.
En tanto, las actividades del miércoles y jueves iniciarán con un minuto de silencio en su memoria, y todas las comunicaciones oficiales llevarán un crespón negro en señal de duelo.