La cumbre Nación-Provincias le dio oxígeno a Villarruel, quien hace una semana confirmó que en la Cámara alta no están los votos para avalar el mega-DNU 70/23, la herramienta de Gobierno más importante del presidente, Javier Mieli. Lo supo cuando recibió una nota de los partidos provinciales pidiéndole tratarlo en una sesión.
Si el decretazo es volteado en los dos recintos del Congreso, la totalidad de la medida, que tiene más de 300 artículos, queda anulada.
Para evitarlo, la vicepresidenta y el titular de Diputados, Martín Menem, activaron la bicameral de trámite legislativo, con el objetivo de estirar el debate del decretazo. Su presidente, el senador de LLA Juan Carlos Pagotto, convocará este martes a funcionarios y citaría a la comisión el jueves por la tarde.
La vicepresidenta sostiene su tesis de que el reglamento del Senado la habilita a elegir cuándo convocar a sesión, aunque sus asesores reconocen que no es tan fácil mantenerse en rebeldía durante el período ordinario del Congreso. De mínima, la oposición le exigirá una reunión de labor parlamentaria para definir un plan de trabajo.
Una autoridad de la UCR explicó a Letra P que si bien su bloque avaló estirar el debate del decretazo en comisión, la mayoría entiende que no se puede seguir demorando una sesión.
El principal obstáculo es el proyecto para aumentar penas por lavado de activos, exigido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que envió una misión al país que permanecerá 15 días. El organismo puede bajar la calificación de Argentina si no se sanciona la ley que pide.
“El Gobierno no puede ser castigado por tener el recinto cerrado. Y si una mayoría pide tratar el 70/23 en labor parlamentaria, no podrá evitarse”, completó la fuente radical. Villarruel confía en que el viernes, en la Casa Rosada, los números queden a su favor.