Enviaron una nota representantes de Santa Cruz, Río Negro, Misiones y Córdoba. También firmó un radical. Con los K, están los votos para rechazar el DNU.
José María Carambia, le permitió a Javier Milei tener facultades delegadas.
La pelea entre el presidente Javier Milei y los gobernadores por los fondos retenidos a Chubut trajo este lunes la primera consecuencia en el Senado: por nota, las bancadas referenciadas en los partidos provinciales le pidieron a Victoria Villarruel convocar a una sesión para tratar el DNU 70/23, conocido como decretazo. Se sumó el radical Pablo Blanco.
La misiva tiene la firma de representantes de Santa Cruz (José María Carambia y Natalia Gadano), Misiones (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), Río Negro (Mónica Silva) y del trío de Unidad Federal: la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti; Carlos Espínola y Edgardo Kueider, exintegrantes de bancadas peronistas.
Unión por la Patria tiene 33 miembros, pidió en tres ocasiones convocar a sesiones para tratar el decretazo y Villarruel las ignoró, con la expectativa de diluir el tema en el debate en comisión. La última convocatoria fue para el pasado viernes, cuando se realizó la sesión preparatoria para elegir autoridades. Como se requieren 37 votos para el cuórum, el aporte de las fuerzas locales es más que suficiente para abrir el recinto. Los decretos son válidos desde su publicación, pero quedan anulados si son rechazados por ambas cámaras del Congreso.
La nota enviada por las partidos provinciales no exige un día y horario específico para la sesión, como sí precisaban las de UP, sino que refiere a los artículos 19 y 20 del reglamento de la Cámara alta que delega en la vicepresidenta esa potestad.
Villarruel tampoco tiene muchas opciones: para el período ordinario, que empezará el 1 de marzo, se fijó sesionar el miércoles y el jueves a las 14, siempre que haya temario y cuórum. Como anticipó Letra P, con la rebelión de la dupla santacruceña y de Kueider, UP ya tenía mayoría para rechazar el decretazo. La rebelión de los gobernadores engrosó el número.
Aunque la nota no lo menciona, las fuerzas locales comparten el criterio de UP respecto a que el decretazo está en condiciones de debatirse en el recinto sin esperar el trámite en la comisión bicameral de trámite legislativo, que recién se conformó el pasado jueves.
Sería así porque la ley 26.122 establece que, transcurridos diez días hábiles desde su arribo al Congreso, los decretos deben votarse en una sesión, aun si no fueron dictaminados.
La embestida de los partidos provinciales complica el tratamiento del decretazo en la bicameral, donde Villarruel buscaba esconderlo para ganar tiempo.
En la reunión constitutiva, el oficialismo logró acordar con las fuerzas no peronistas para elegir como presidente al senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto.
También se definió realizar reuniones semanales para debatir todos los decretos que no tuvieron trámite parlamentario, entre ellos el 70/23. Hay 177 archivados, más de 100 de la gestión de Alberto Fernández. No se estableció un orden de prioridad, motivo de festejo para la vicepresidenta.
Uno de los miembros de la comisión es el correntino Espínola, firmante de la nota remitida este lunes a la vicepresidenta. El correntino pidió que el gabinete explique los alcances del decretazo, que ahora exige debatir en el recinto. La rebelión de los gobernadores lo hizo cambiar de parecer.
En la Cámara alta la fusión de UP y partidos provinciales alcanza para el cuórum, pero aún así el senador Blanco firmó al pedido de sesión. Hasta el año pasado, el fueguino respondía a las estrategias del ex presidente del partido, Gerardo Morales. La semana pasada, fue el único opositor no peronista que le pidió a Milei retractarse por decirle "ratas" a los miembros del Congreso.
En Diputados, la UCR es clave para derogar el DNU y por ahora no mostró una postura homogénea. Si bien la mayoría de sus referentes cuestionó el procedimiento (que implica ignorar el Congreso), surgieron tres propuestas distintas.
Un grupo cercano a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) acepta dejar vigente el decretazo y en tal caso avanzar con una ley espejo, que garantice la mayor parte de su contenido. No quieren borrar algunas medidas, como la derogación de la ley de alquileres. Esa posición la comparte el diputado Nicolás Massot, miembro de la bicameral.
Los más rebeldes, cercanos al senador Martín Lousteau, solicitan la derogación e iniciar los debates parlamentarios de cero. Hay un sector de díscolos con orígenes diversos que estudian el reglamento para evaluar si es posible votar el decretazo por partes. Hasta ahora, la interpretación de la ley 26.122 es que puede aprobarse o rechazarse en su totalidad.
El decretazo es un compendio de reformas para desregular la economía, que incluye la derogación o eliminación de más de 300 leyes. Además, contiene la herramienta principal que utilizó Milei en estos tres meses: la declaración de emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social.
El Presidente citó este fragmento del decretazo para justificar los castigos económicos a las provincias, como el recorte al envío de fondos a la provincia de Buenos Aires anunciado este lunes, o la negación a refinanciar una deuda con Chubut.
En caso de derogarse el DNU 70/23, estas disposiciones seguirán aplicándose porque la ley 26.122 resguarda los derechos adquiridos durante la vigencia de los decretos, aunque no podrían tomarse otras similares en el futuro. Además, se exhibiría una mayoría parlamentaria dispuesta a ponerle límites a Milei.
Por lo pronto, Villarruel deberá definir si sigue ignorando los pedidos de la oposición para tratar el decretazo o abre el recinto y acepta una previsible derrota. Será la discusión que mantendrá con su equipo este lunes.