En esta nota de febrero, la aritmética que le sube el precio a la bancada que conduce el colaboracionista Rodrigo de Loredo.
Rodrigo De Loredo y Karina Banfi, autoridades del bloque UCR en Diputados. Piden por la reforma laboral.
Luego del rechazo al decretazo de Javier Milei en el Senado, la Unión Cívica Radical (UCR) encontró otro motivo para su interna: sus votos serán claves para sostener el Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) 70/23 mediante su aprobación en la Cámara de Diputados.
Como es habitual en el partido centenario, no hay una postura uniforme: un sector ligado a algunos gobernadores radicales está dispuesto a aprobar el DNU; y los rebeldes, cercanos al presidente de la UCR, Martín Lousteau, proponen derogarlo y discutir los temas en formatos de proyecto de ley. Hay una postura intermedia que es debatirlo por tramos y no registra antecedentes.
La discusión es seguida con atención por los referentes de la Libertad Avanza (LLA), porque si hay una rebelión radical en la Cámara baja, como la que hubo en el debate de la ley ómnibus, podría ocasionar una mayoría dispuesta a votar en contra del decretazo. Si las dos Cámaras votan en contra, el DNU desaparece; mientras eso no ocurra, sigue vigente.
La titular del Senado intentó que el debate se prolongue todo lo posible en la Cámara alta pero ante la insistencia del bloque de Unión por la Patria (UP), que se basó en la ley 26.122, se inició el tratamiento en el recinto. El resultado fue el esperado por todos los sectores políticos: rechazo por parte del bloque de UP; los radicales Lousteau y Pablo Blanco, y referentes de partidos provinciales.
La bicameral no tendrá mayoría de ninguna fuerza: UP quedó con seis miembros, LLA con tres; la UCR y el PRO con dos y el resto serán de fuerzas alternativas, como los senadores Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal); y el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal).
El destino del decretazo se definirá en la Cámara de Diputados y la UCR tiene la última palabra, ya que La Libertad Avanza (LLA) necesita de al menos un sector del partido centenario, fragmentado ante la postura que sostienen mandatarios provinciales y referentes nacionales.
Una de las primeras muestras de sus diferencias surgió en febrero de este año, cuando el gobernador Gustavo Valdés atacó a Martín Lousteau, luego de recibir en Corrientes al presidente, Javier Milei. " Me importa un carajo lo que diga", lo increpó. Junto a su colega de Mendoza, Alfredo Cornejo, lideran el grupo dialoguista del radicalismo, decidido a dejar vigente el DNU.
"El rechazo completo huele más a capricho que a convicción. Quedarnos con el mismo discurso que el kirchnerismo. No sólo es errado, sino que también va en contra de las demandas que nos plantearon nuestros votantes", sostuvo la diputada Pamela Verasay, cercana a Cornejo.
Sus pares referenciados en Lousteau y el exgobernador jujeño Gerardo Morales consideran que no se puede avalar un decreto tan voluminoso. Pueden reunir hasta 16 de los 34 miembros del bloque, con figuras como Facundo Manes y Julio Cobos. Un sector de este grupo propone otra alternativa: reinterpretar la ley 26.122 y debatir el decretazo por tramos. Algunos podrían ser aprobados y otros no.
El promotor de esta idea es el diputado formoseño Fernando Carbajal. Si bien no hay antecedentes, el jurista Ricardo Gil Lavedra aportó algunas argumentaciones para justificar esa postura, que entusiasma al jefe del bloque radical en Diputados, Rodrigo De Loredo, porque podría permitir conciliar posiciones. Otra fractura radical, puede dejar a Milei sin la herramienta legal más importante de su gestión.