La Casa Gris sigue de cerca la renovación del organismo que realiza concursos para designar magistrados. El 10 de octubre asumirán los nuevos representantes.
Elecciones en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos: quiénes entran, quiénes salen y las peleas abiertas.
Le llevó dos años al gobierno de Rogelio Frigerio poner en marcha la maquinaria de concursos para la designación de jueces, fiscales y defensores en Entre Ríos. Dos años en los que el Consejo de la Magistratura no convocó a un solo concurso; y cuando iniciaba ese camino ahora debe enfrentar elecciones por la renovación de sus integrantes.
El mapa de la integración del organismo para los próximos dos años muestra varios cambios, no solo de sus integrantes, sino de los propios estamentos, con universidades que están y deberán ceder su lugar, nuevos actores dispuestos a dar la pelea y la inquietante participación de la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales que esconden su verdadero ropaje.
Al cierre de esta nota, algunos estamentos ya definieron a sus representantes; otros lo harán en unos días, con la elección de dos representantes de la sociedad civil y una banca que les corresponde a los trabajadores judiciales para el período 2026-2028. ¿Y el Poder Ejecutivo? Un signo de interrogación que terminará de develarse el 10 de octubre, cuando asuman los nuevos consejeros.
El Consejo de la Magistratura fue creado por decreto en 2003 e incorporado a la Constitución provincial en 2008 como un organismo asesor del Poder Ejecutivo para la designación de jueces, fiscales y defensores, mediante la realización de concursos públicos. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en Entre Ríos no funciona como encargado del juzgamiento de los magistrados.
La Constitución entrerriana determina la integración y le asigna la presidencia al representante del Poder Ejecutivo, pero no define un número de integrantes y eso originó arduos debates en torno al significado de la frase que pregona que “la composición asegurará el equilibrio entre los sectores que lo integran”.
Después de intensas discusiones, la ley fijó la conformación del organismo en 11 integrantes: uno en representación del Poder Ejecutivo, que además es el presidente; dos representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, el gremio de los jueces; dos abogados de la matrícula, un empleado judicial, tres referentes de reconocida trayectoria en el ámbito académico o científico y dos representantes de la sociedad civil que pueden o no ser abogados.
Los consejeros duran dos años en sus cargos y pueden ser reelectos una vez. He ahí parte de la trama que hoy tiene al gobierno entrerriano con la guardia alta, de cara a los concursos para la designación de cargos sensibles, como la Fiscalía Anticorrupción y Cámara de Casación Penal de Paraná, el máximo tribunal penal de la provincia.
La política entrerriana fue encontrando a lo largo de los años una composición equilibrada, pero ello no obsta que el gobierno –el anterior, el actual o el que le suceda– tengan intenciones de tener una preeminencia.
El actual presidente, Mauro Vazón, navegó aguas turbulentas en los dos años que lleva al frente del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, todo indica que tendrá continuidad en el cargo.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial ya eligió a Alejandro Cánepa, expresidente de la entidad; y la continuidad de Fabiola Bogado Ibarra; mientras que el Colegio de la Abogacía postuló a Daniel Galizzi (Paraná) y Graciela Chiappa (Concordia) como consejeros titulares.
Las organizaciones de la sociedad civil elegirán a sus representantes este jueves 1 de octubre, en una elección que se desarrollará en el Museo de la Casa de Gobierno de Paraná.
Para ello existe un registro de organizaciones de las más diversas identidades y tienen derecho a proponer postulantes. Entre ellas, el Consejo Empresario de Entre Ríos, la Federación Agraria, la Biblioteca Popular del Paraná, asociaciones civiles y fundaciones religiosas.
En la Casa Gris miran con atención y entusiasmo la posible elección de un representante de Entre Ríos Sin Corrupción, una plataforma que nació para defender a la restituida procuradora adjunta Cecilia Goyeneche cuando enfrentó a un Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño.
También miran con buenos ojos a las cooperadoras universitarias. La ley vigente le asigna una banca permanente en el Consejo de la Magistratura a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que se estrenó en 2022 y estuvo representada por Juan Pablo Filipuzzi, hermano del rector.
Luciano Filipuzzi, el rector de la universidad provincial, es un aliado de Frigerio, pero la ley no impide la registración de las cooperadoras, que podrían acceder al organismo, dotando a la UADER de un segundo escaño, pero bajo otro paraguas.
En tanto, el 2 de octubre será el turno del gremio del personal judicial, que por primera vez tendrá disputa abierta entre la histórica Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), que postula a Heidi Venditti, y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), el gremio que a nivel nacional conduce Julio Piumato e irrumpió con fuerza en la provincia y postula a la secretaria general, Bibiana Starck.
En cuanto a las bancas que se le asignan al ámbito académico o científico, Juan Pablo Filipuzzi cumplió dos mandatos y la UADER postuló a Víctor Javier Almada, secretario de Relaciones Institucionales de la universidad provincial y alfil del rector.
Los otros dos escaños, hasta ahora ocupados por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Católica Argentina (UCA), pasarán a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), respectivamente, por el sistema de rotación que prevé la ley.
