Cuestionado por un "aumentos desmedidos" de tasas, el intendente deberá recaudar con valores de 2025. Rechazo peronista. El rol de Juntos Somos Río Negro.
Walter Cortés, intendente de Bariloche.
El Concejo Municipal de Bariloche le aprobó a Walter Cortés un presupuesto que contempla un crecimiento de 75% respecto del de 2025. Sin embargo, rechazó actualizar las ordenanzas Fiscal y Tarifaria, por lo que redujo los recursos del intendente para alcanzar la recaudación prevista. Con denuncia de “impuestazo”, la oposición le puso moño a un año cargado de tensión política.
Una denunciada falta de consensos en el deliberante hizo naufragar las herramientas con la que el Ejecutivo de esa ciudad de la Patagonia buscaba obtener una recaudación récord, cuestionada por aumentos en los tributos locales, que en algunos casos llegaban al 1000%, orientada principalmente a gastos de personal (44,5%) y obras públicas (21,2%).
El rechazo a esas medidas provino de Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), Facundo Villalba (Primero Río Negro) y Roxana Ferreyra (Nos Une Bariloche), cuatro de los cinco ediles que habían demandado al Ejecutivo por conflicto de poderes y lograron que el Superior Tribunal de Justicia anulara al referéndum convocado por Cortés a mitad de 2025.
En una sesión que se extendió por casi 12 horas, el deliberante aprobó con diez votos sobre once un presupuesto de 203,8 mil millones de pesos, un monto sensiblemente inferior a los 248,9 mil millones que figuraban en el proyecto original pero muy superior a los 115 mil millones de 2025. Ese crecimiento, al que la mayoría de los ediles cuestionó por basarse en un fuerte aumento de tasas municipales, fue el eje del debate en las comisiones durante las últimas semanas y derivó en la iniciativa reformulada que se llevó al recinto.
Según la propuesta del Ejecutivo, por cada 10 pesos que gastara el municipio en 2026, 6,6 saldrían del bolsillo de los barilochenses y 3,3 pesos vendrían de la coparticipación provincial, mientras que los fondos provenientes del gobierno nacional serían prácticamente cero.
Luego de que se aprobara el presupuesto con amplia mayoría, sobrevino la sorpresa. Los cuatro ediles opositores decidieron no avalar la actualización de las normas que determinan los valores de las tasas de servicios, comercios y habilitaciones, entre otras. De esta forma, el Ejecutivo deberá recaudar en 2026 con los mismos valores que manejó durante 2025, y tendrá que esperar seis meses para presentar un nuevo proyecto tarifario.
El voto negativo de los cuatro opositores alcanzó para voltear las actualizaciones, que requieren de dos tercios del Legislativo para su aprobación. "El oficialismo nos está llevando a medir fuerzas, hasta ahora no nos habíamos plantado como hoy”, le dijo Wallace a Letra P, y consideró que la medida fue una demostración de que el concejo “es un poder más, que el intendente omite mirar”.
Durante el debate, la concejal peronista denunció un “impuestazo” al plantear que los montos del proyecto eran “sumamente desproporcionados" y que pese a los pedidos para poner límites, esos topes terminaron estando muy por encima de la inflación prevista para 2026. La actualización tarifaria proponía no solo aumentar el valor de los módulos fiscales, la unidad de medida que se toma de referencia para determinar tasas e infracciones, sino que contemplaba una modificación en las escalas para distintas actividades y servicios.
En la misma línea, Villalba sostuvo que la recaudación actual ya está en topes históricos y denunció que la iniciativa del oficialismo suponía una "transferencia de recursos a costa del sudor de los barilochenses". Puesto en dólares, el presupuesto equivale a 140 millones mientras que el del año pasado equivalía a 100 millones de dólares, explicó el concejal, y cuestionó que “aumenta la recaudación porque se cobra más impuestos” a los vecinos.
Si bien los tres concejales del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN) acompañaron la Fiscal y la Tarifaria, durante los debates en comisión ya habían logrado reducir una serie de iniciativas que elevaban sensiblemente la recaudación a través del aumento de tasas.
Entre ellos, disminuir el valor del módulo fiscal de los 417 pesos pretendidos a 410; que se diera marcha atrás con una subdivisión de la ciudad en zonas que implicaba aumentos a comercios según su ubicación; la eliminación de coeficientes a las actividades turísticas; frenar el aumento del valor de los derechos para los espectáculos públicos y mantener el precio de la habilitación comercial para los instructores de esquí, que aumentaba en 1000%.
Esos recortes del bloque que en el inicio del mandato se paró como socio del intendente, se interpretaron como otra señal de que la relación entre el Partido Unión y Libertad (PUL), de Cortés, y JSRN, no volvió a ser la misma luego del cimbronazo electoral que dejó al oficialismo provincial sin representación en el Congreso y tras el dictamen del procurador general en contra del referendum, una decisión que en la Intendencia atribuyeron al entorno del gobernador, Alberto Weretilneck.
En ese marco, algunas de las definiciones más duras que se escucharon contra el jefe comunal durante la sesión provinieron de Natalia Almonacid, concejal de ese espacio. "No se puede conducir a una ciudad como si fuera un gremio", cuestionó la edil, mientras se discutían cambios en la estructura gubernamental.
"Cómo alguien va a acompañar a un tipo que por más que haga asfalto lo único que busca es tapar el sol con el dedo", siguió, y tras denunciar que el intendente "propone una máxima concentración de poder", criticó que con el nuevo organigrama Cortés "solamente busca un cargo para un amigo".
El presidente del concejo, Gerardo Del Río, del PUL, aseguró que la modificaciones en las escalas así como los tributos habían sido acordados en reuniones previas, y justificó que esos aumentos se verían materializados en cuestiones como la compra de maquinaria, el avance del asfaltado de calles, la limpieza de los barrios y el subsidio al transporte público. Además, acusó a quienes votaron en contra de priorizar su “ consideración política, no técnica".
Wallace redobló la apuesta al recordar que las consecuencias que esto pueda traer “le caben pura y exclusivamente al partido que gobierna, porque no buscaron los consensos" para aprobar los proyectos.
La última sesión del años dejó una foto elocuente que muestra que Cortés consiguió el aval para seguir administrando, pero no para redefinir el esquema de ingresos. Con un deliberante que marca límites y un oficialismo sin mayoría propia, el poder del intendente aparece validado en los papeles y condicionado en los hechos.