Mandó a su secretario de Seguridad a enfrentar a la oposición. Confirmaron que Luna Suyai Ortigoza entró a la gestión de la mano del intendente axelista.
Lucas Ghi, intendente de Morón.
El intendente de Morón, Lucas Ghi, faltó este jueves a la interpelación del Concejo Deliberante por el escándalo de la funcionaria narco y mandó a su secretario de Seguridad, Damián Cardoso, a dar la cara. El distrito es una olla a presión: Luna Suyai Ortigoza sigue prófuga y la interna peronista entre Ghi y Martín Sabbatella no da tregua.
La sesión extraordinaria arrancó a las 9.18 y se extendió por más de cuatro horas. Cardoso defendió la gestión con el argumento de que Ortigoza no tenía antecedentes ni alertas previas: "Desarrollaba su actividad normalmente, nada hacía presuponer que tenía una actividad delictiva. El delito fue absolutamente ajeno a la administración municipal", sostuvo el funcionario ante los concejales.
El argumento no cerró la discusión. Cuando el concejal Ariel Aguilera le recordó que Ghi había dicho públicamente que Ortigoza "venía de otra gestión", Cardoso confirmó que la exdirectora del área de Género ingresó al municipio el 1° de febrero de 2020, con Ghi ya al frente de la intendencia. La concejal libertaria Analía Zappulla, impulsora de la convocatoria, dijo al cierre que la sesión "dejó sabor a poco". Desde el bloque sabbatellista, la concejal Florencia De Luca fue más directa: "Era una situación que obligaba a responder al intendente".
La interpelación fue posible por la fractura del peronismo local. El pedido lo impulsó La Libertad Avanza, pero los votos para llegar a los dos tercios los aportó el sector de Nuevo Encuentro alineado con el exintendente Martín Sabbatella, quien mantiene una guerra abierta con su sucesor desde hace meses. El massista Martín Marinucci, ministro de Transporte de Axel Kicillof y referente del Frente Renovador en el distrito, salió a defender a Ghi: sostuvo que "actuó con absoluta responsabilidad y transparencia desde el primer momento" y que "un intendente no puede saber ni controlar eventuales conductas ilícitas que una persona realice de manera clandestina".
El caso Ortigoza no es el único expediente judicial que pesa sobre la gestión. En el decreto de interpelación, la oposición también incluyó el caso de Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo municipal detenida en febrero acusada de integrar una banda de extorsiones digitales. Dos funcionarias investigadas en menos de un año alimentaron la ofensiva opositora y sabbatellista.
El sector del intendente lee la maniobra como una operación política. La agrupación La Patria es el Otro ya lo había dicho sin rodeos en la previa: Sabbatella busca "cambiar por el Concejo lo que las urnas no le dieron". Desde Nuevo Encuentro rechazan el argumento y niegan cualquier ánimo destituyente.