La dirigente kirchnerista está acusada de manejar irregularmente fondos nacionales para la construcción de viviendas. El sorpresivo aguante de Gennuso.
Comenzó el juicio a Maru Martini por Techo Digno, la megacausa que agita la política en Río Negro.
La megacausa que persigue a varios exintendentes de Río Negro volvió a recalar en Bariloche, con el inicio del juicio a la exintedenta María Eugenia Martini. La dirigente peronista enfrenta acusaciones de fraude a la administración pública, administración fraudulenta y peculado en el marco de un programa federal de construcción de viviendas ejecutado hace más de una década.
Martini, que condujo el gobierno de la principal ciudad turística de la Patagonia entre 2013 y 2015, está acusada de certificar y pagar avances de obra superiores a los realmente ejecutados en favor de las empresas Alusa SA y Oriente SA, encargadas de construir 825 viviendas en el sur de Bariloche. Además de la exjefa comunal, figura como coimputado el ingeniero Alfredo Milano, quien tenía a cargo por aquellos años la inspección de Obras Municipales.
El dato que llamó la atención en la primera jornada del proceso lo marcó el acompañamiento en los tribunales del exintendente Gustavo Gennuso, antiguo rival político de Martini, que atravesó un juicio por peculado en el marco de la megacausa y resultó sobreseído. Al igual que la primera plana de la dirigencia peronista provincial, el aún secretario general de Juntos Somos Río Negro había acusado al oficialismo rionegrino de direccionar la causa para “eliminar resistencias políticas de los exintendentes, varios aún con una cuota de poder", como contó Letra P.
Martini llegó a los tribunales provinciales acompañada por funcionarios y militantes peronistas, entre quienes figuraban la senadora de Unión por la Patria Ana Marks y la concejal de La Cámpora, Roxana Ferreyra. Allí escuchó la acusación de los fiscales Martín Lozada y Álvaro Viterbori, quienes leyeron más de 50 carillas para explicar que la exjefa comunal firmó dos acuerdos que la obligaban a cumplir determinadas pautas, entre ellas la presentación de certificados mensuales de avances de obra que dieran cuenta “de forma fehaciente, puntual y real” del estado de las mismas.
Lozada, detalló que el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner transfirió al municipio de Bariloche 117 millones de pesos para construir las viviendas en uno de los sectores más postergados de la ciudad más poblada de Río Negro.
Según la acusación, Alfredo Milano contrató inspectores de obra para certificar los avances. El entonces funcionario se puso de acuerdo con el representante técnico de la empresa Alusa, Alberto Usandizaga, para emitir órdenes de pago por valores más elevados. En este esquema, que Lozada definió como un “programa delictivo”, Martini autorizó esos pagos.
El juicio oral y público, que se prevé hasta el 20 de marzo, tendrá tres etapas de testigos. La primera, dedicada a escuchar vía zoom a exfuncionarios nacionales, como Iván Kerr, exsecretario de Vivienda durante el Gobierno de Mauricio Macri. En un segundo momento desfilarán por el estrado exfuncionarios locales, y finalmente será el turno de consultores técnicos.
Entre los testigos que presentará la defensa destaca el diputado y exsenador por Río Negro Miguel Ángel Pichetto, motivado por un peronismo que ve en esta causa una persecución política del gobernador Alberto Weretilneck.
Uno de los momentos políticos más relevantes de la primera jornada del juicio contra Martini fue la presencia de su sucesor en la intendencia, Gustavo Gennuso, que llegó aireado luego de lograr la confirmación de su sobreseimiento en su causa por peculado: un Tribunal de Impugnación rechazó la apelación contra la sentencia que había presentado el fiscal Lozada.
El exjefe comunal permaneció durante toda la audiencia en un gesto de respaldo a su excontrincante política, con quien años atrás mantuvo profundas diferencias. De hecho, en su momento avaló una declaración de ediles de su partido, quienes habían expresado que Martini y su equipo “se habrían robado hasta el agua de los floreros”.
En el marco de Techo Digno, en las últimas semanas también se conoció la absolución del exintendete de Fernández Oro Juan Reggioni, mientras que el diputado nacional por La Libertad Avanza y exintendente de Cipoletti, Aníbal Tortoriello, fue enviado al banquillo a finales de febrero .
Tortoriello es visto en la dirigencia provincial como el principal retador de Alberto Weretilneck en la pelea por la gobernación, por lo que su procesamiento genera un fuerte impacto polítio y calienta un año clave para definir candidaturas de cara a 2027.
El día que el juzgado decidió enviarlo a juicio, varias de las principales figuras justicialistas de Río Negro se pronunciaron en bloque contra la megacausa a través de un documento de alto voltaje que calificó el proceso como un caso de "judicialización selectiva".
Como contó este medio, el texto habla de persecución, de connivencia entre sectores del Ministerio Público Fiscal y el poder político de turno y de una causa que, según los firmantes, dejó de “buscar verdad para instalar sospechas” permanentes.