El abogado constitucionalista dijo que el Gobierno no tiene elementos para avanzar sobre el beneficio. Alcances del anuncio y el rol de la Justicia.
El Gobierno quiere que CFK deje de percibir su jubilación como expresidenta.
Eduardo Barcesat.
Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en La Plata
Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en La Plata
“Los derechos adquiridos no se pueden afectar, a lo sumo se pueden suprimir a futuro”, aseguró el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat en referencia a la decisión del gobierno de Javier Milei de quitarle la jubilación de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner y la pensión por viudez de Néstor Kirchner.
En diálogo con Letra P, el letrado recordó que la ratificación de la condena contra la expresidenta en la causa Vialidad "no está firme", porque puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia, y dijo que el fallo "no habilita" al gobierno libertario a "avanzar" sobre el beneficio jubilatorio.
Hace seis meses, el presidente Javier Milei había prometido que no iba a "tocar el derecho adquirido" ya que la ley no establece excepciones por problemas judiciales.
Más allá de que el anuncio de Manuel Adorni se concentró en CFK, el vocero aclaró que la medida alcanzará también a “otras personas en similares condiciones”.
De hecho, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó a Ámbito Financiero que el Gobierno también le sacará la jubilación de privilegio al ex vicepresidente Amado Boudou siguiendo "el mismo criterio que se aplicó a Cristina".
Boudou había sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, quien rechazó en 2020 todos los recursos presentados en el caso Ciccone y dejó firme la sentencia que había dictado un tribunal oral en 2018 por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. En 2021, el juez Ricardo Basílico le concedió la libertad condicional al ex titular del Senado.
Si el Gobierno efectivamente insiste en dejar de pagar el beneficio, el abogado constitucionalista anticipó que la Justicia deberá obligar al pago a partir de una serie de presentaciones que podrían empezar a llegar desde los representantes legales de las personas afectadas.
En ese sentido, Barcesat adelantó que la Justicia no admitirá “una acción de clase” ya que, más allá de las acciones que podrían derivarse de la aplicación de norma, “los amparos colectivos están cada vez más restringidos”.