El triple femicidio de Florencio Varela, el ataque a la procuradora de la Corte en Uruguay y el escándalo Espert encienden todas las alarmas en la región.
José Luis Espert posa junto a Nazareno Etchepare frente al avión de Fred Machado que usó durante la campaña presidencial de 2019.
Uruguay se despertó este domingo sobresaltado. Dos personas ingresaron en la madrugada a la casa de la fiscal de Corte –el cargo equivalente a la procuración general en la Argentina –, Mónica Ferrero, rompieron vidrios, la despertaron a los tiros y, en su retirada, detonaron una granada para dejar más clara la amenaza.
El gobierno de Yamandú Orsi y la oposición de centroderecha coincidieron en atribuir el episodio al imparable narcotráfico y en expresar, en medio de pronunciamientos de funcionarios judiciales, del Colegio de Abogados y otros sectores, un estado de alarma institucional. ¿Y por casa cómo andamos?
Nuestro país sigue conmocionado por el triple femicidio de Florencio Varela, episodio que motivó manifestaciones espontáneas en varias ciudades y, el sábado, una importante en Plaza de Mayo que recordó que la consigna Ni una menos tiene plena vigencia. Con la política en otra, algo grave está pasando por debajo de los radares.
A pesar de sus formas de acción política más civilizadas e inteligentes, Uruguay no consigue controlar un fenómeno que excede las fronteras nacionales y que, como lo demuestran el caso de Rosario y más solapadamente el de Buenos Aires y su conurbano, se ceba especialmente con los puertos que mueven grandes volúmenes de mercadería.
Javier Milei, Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro se golpean el pecho por la ponderable reducción de la violencia tras la grave escalada de febrero-marzo del año pasado en la principal ciudad de Santa Fe, pero todo indica que el repliegue respondió más a una gestión de la violencia de las bandas en pugna que a avances concretos en la desarticulación de esas organizaciones y contra la podredumbre que anida en la policía de esa provincia, muy similar a la de otros distritos argentinos.
Narcotraficantes de Rosario no sólo provocaron graves hechos de violencia, incluso al azar, a comienzos del año pasado, sino que se ocuparon de sembrar terror con improvisadas notas anónimas.
El caso de Uruguay –país estragado por una tasa de homicidios superior a los 11 cada 100.000 habitantes, inflada por los casos de Montevideo y Canelones, y casi el triple de los 3,8/100.000 de la Argentina– ilustra falencias institucionales que explican también aquí la impotencia de los Estados para lidiar con este drama de época.
Quiso la casualidad que el diario El País de Montevideo titulara su edición impresa señalando que El gobierno espera por la coalición para elegir fiscal de Corte. Ocurre que Mónica Ferrero está en el cargo de manera interina y que el rumbo de la Fiscalía General no satisface al Gobierno, pero sí a la oposición.
En tanto, cabe recordar que Eduardo Casal ocupa desde el último día de diciembre de 2017 el cargo de procurador General en nuestro país, sin que el Senado haya conseguido –ni buscado demasiado– ya a lo largo de parte de tres presidencias –parte de la de Mauricio Macri, toda la de Alberto Fernández y ahora la de Milei– el consenso de dos tercios de sus miembros para avanzar en su ratificación plena o en su reemplazo.
Por debajo de eso, abundan las vacantes en juzgados federales y el Consejo de la Magistratura no funciona ni para promover ni para sancionar. El cuadro se completa con una evidente infiltración de varias fuerzas de seguridad en diferentes niveles.
Tanto en Uruguay como en Argentina, así es difícil.
Los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez –las dos primeras de 20 años y la tercera, de 15– provocaron conmoción. Así fue por la brutalidad de los perpetradores, por lo que hicieron con sus cuerpos y por el hecho, informado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, de que el episodio fue transmitido en vivo para una "audiencia" de 45 personas en Instagram. La política saca el cuerpo.
Axel Kicillof habló de entrada de "un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en la Ciudad de Buenos Aires". Traducción: narcotráfico implica competencia federal; "base en la CABA" significa que, en todo caso, la responsabilidad de coordinar acciones es de la Policía de la Ciudad, además de la Federal.
Bullrich le respondió a su manera. "Yo no voy a politizar este caso ni echarle la culpa al gobernador", dijo. Pero… "Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires", añadió, tras reprochar el comunicado referido en el párrafo anterior.
La ministra de Seguridad postea cada operativo y cada detención vinculados al narcotráfico en todo el país, pero no explica por qué los resultados de su gestión parecen detenerse –según su propia lógica– en la provincia de Buenos Aires. "A Bullrich le ponen droga para que la encuentre, pero el negocio sigue", dijo Elisa Carrió en 2018, durante la anterior gestión de la funcionaria.
Referentes oficialistas menos alcanzados por la responsabilidad directa en la problemática usaron el triple femicidio en clave electoral con menos pudor.
Guillermo Francos, nada menos que jefe de Gabinete del gobierno al que le corresponde contener el auge narco,sorprendió al culpar a los votantes de Fuerza Patria. "¿Qué dirá la gente que votó al intendente o la dirigente de La Matanza, a Magario? ¿Qué pensará después de este crimen aberrante?", se preguntó.
En tanto, el primer candidato a diputado bonaerense José Luis Espert pontificó que ese distrito está "ensangrentado de inocentes" y que el gobernador "no se compromete con el combate contra el narcomenudeo".
"Yo a los narcos quisiera arrasarlos de la faz de la Tierra, directamente. Para mí, ni Justicia al narco. Ahí es bala o bala, no cárcel o bala. Yo creo que el narco no merece derechos porque está dispuesto a matar a criaturas, mujeres... No tienen códigos. Si bien la muerte siempre es mala, hay que ir y liquidarlos directamente", agregó, sin explicar cómo distinguiría culpables de inocentes antes de la aplicación de la pena de muerte prejudicial.
Una nota imperdible de Sebastián Lacunza en elDiarioAR reveló que "una contabilidad atribuida por fiscales de Texas a (Federico "Fred") Machado y a su socia, la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, indica que el fideicomiso que ambos gestionaban habría transferido 200.000 dólares a Espert en 2020" o en una fecha algo anterior. Machado habría sido el principal aportante de la fallida campaña presidencial de 2019 del actual diputado mano dura, a quien ahora el peronismo, justamente por ese vínculo, intenta sacar de la Comisión de Presupuesto de la cámara baja.
"El registro forma parte del expediente de tribunales federales de Texas que ya derivó, en noviembre pasado, en una condena a 16 años de prisión a Mercer-Erwin por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Machado está procesado en la misma causa y se encuentra detenido en su domicilio en Viedma, Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema decida sobre el pedido de extradición" a Estados Unidos, sigue la nota.
El tema, que también fue portada de Perfil, mereció una mención al paso en la noche del domingo en una entrevista que Espert concedió a TN. El legislador de extrema derecha se limitó al rap de la "campaña sucia del kirchnerismo" y a calificar a Machado como "alguien que me habían presentado y que me llevó a Viedma en su avión para presentar mi libro". No hubo repreguntas, desde ya, pero Lacunza detalló que los contactos entre el presunto narco y el político excedieron largamente un viaje de onda.
Está visto que no alcanza con radarizar las fronteras para combatir un negocio mafioso que sabe permear en las fuerzas de seguridad y en la política.
Como si vivieran en un país imaginario e intocado, abundan los legisladores que se declaran dispuestos a cortarse un brazo antes que votar con el kirchnerismo. La grieta es funcional a los narcos.
Otro artículo relevante fue el publicado en La Nación por Hugo Alconada Mon sobre el triple crimen.
"Los narcos operaban desde una villa porteña, levantaron a las tres mujeres en La Tablada y las masacraron en Florencio Varela. Otro dealer vivía en Barracas y lo asesinaron en Merlo. Otra banda ocultaba la cocaína en una fosa de General Rodríguez, la llevaba a un departamento cerca del Obelisco y generaba desde ahí un estropicio en todo el Conurbano. Y los ejemplos se amontonan, contradiciendo a los políticos que durante días descargaron las responsabilidades por delitos y cadáveres al lado opuesto de la General Paz".
"El área metropolitana es un universo por el que circulan millones de personas y mercaderías cada día, entre los recelos mutuos de las autoridades y las peleas por negocios de las policías bonaerense y metropolitana", añade, señalando corredores viales bien conocidos por los especialistas en los que no hay control, inversión en infraestructura ni coordinación policial y de inteligencia suficientes.
Sin diálogo y política civilizada, la pelea está perdida de antemano. Sin una Procuración General normalizada y una Corte Suprema completa con figuras idóneas, también. Sin presencia del Estado, sin educación, salud y trabajo, lo mismo. Sin políticas consensuadas en seguridad y migración y sin una inteligencia que no se entretenga en el espionaje interno y el chantaje, también.
Sin la provisión de un futuro a miles de pibes que no sea entrar en ese submundo y a miles de pibas que no sea también ese contacto, la prostitución u Only Fans, tampoco hay chances. Sin un vínculo fluido con vecinos como Paraguay o Brasil, desde donde derrama el paulista Primer Comando de la Capital (PCC), menos aun. El engañabobos de los "comunistas" y la "batalla cultural" debería provocar preocupación.
La mirada más atenta de los Estados Unidos desde la instauración del Protectorado del Río de la Plata tampoco asegura nada, como se ha visto largamente en Colombia.
No aparecen reflejos por ningún lado y la grieta sigue siendo funcional, incluso cómplice.