La propuesta reaparece como atajo frente al delito juvenil, pero elude el debate de fondo: la ausencia de prevención, inclusión y políticas eficaces.
Patricia Bullrich propone otro régimen penal juvenil
UNICEFCada vez que la inseguridad ocupa el centro de la escena pública en la Argentina, como está haciendo ahora el gobierno de Javier Milei, reaparece una consigna tan simple como ineficaz: bajar la edad de imputabilidad. Se la presenta como una respuesta firme frente al delito juvenil, cuando en realidad funciona como una coartada discursiva que evita discutir los verdaderos déficits del sistema.
Los datos son contundentes: la mayoría de los delitos no son cometidos por menores de edad. El núcleo de la criminalidad grave está protagonizado por adultos que integran estructuras delictivas organizadas. Sin embargo, el debate vuelve una y otra vez sobre los menores, como si el problema fuera la edad y no la ausencia de políticas públicas eficaces.
El derecho penal no puede ni debe operar como respuesta automática al fracaso social. El Estado no está solo para castigar cuando el daño ya ocurrió; su responsabilidad principal es llegar antes. Pretender que el encierro temprano solucione la exclusión, la violencia estructural o la falta de oportunidades es desconocer décadas de evidencia empírica.
Además, el debate omite una pregunta central: ¿Qué se hará con ese menor al que se pretende castigar penalmente? Los establecimientos en los que eventualmente sería alojado no están preparados para la reinserción social. No cuentan con dispositivos reales de educación, contención ni acompañamiento integral.
La experiencia demuestra que muchos de esos espacios no corrigen conductas, sino que las agravan: se entra por un delito y se sale con más herramientas para delinquir, con vínculos criminales consolidados y con un futuro aún más condicionado.
Bajar la edad de imputabilidad, sin modificar el sistema de abordaje, no mejora la seguridad ni protege a la sociedad. Solo adelanta el contacto de los sectores más vulnerables con un sistema penal que ya demostró no saber qué hacer con ellos.
Si el objetivo es reducir el delito, el camino es otro: presencia estatal temprana en educación, políticas de contención reales, alejamiento efectivo de los menores vulnerables del consumo de drogas y una intervención decidida sobre las grandes estructuras delictivas —como el narcotráfico— donde actúan adultos que reclutan y utilizan a menores como mano de obra descartable.
El cierre del debate es incómodo, pero inevitable: bajar la edad de imputabilidad no es una política de seguridad, es la admisión del fracaso del Estado. Es reconocer que no supo llegar a tiempo y que, ante esa ausencia, opta por castigar antes.
El derecho penal no puede ser el sustituto de la educación, la inclusión y la prevención. Cuando se lo usa de ese modo, no ordena la sociedad: la degrada.