Condenas desde los 14 años. Sólo UP y la izquierda rechazaron el proyecto. El Frente Renovador podría respaldarlo en el recinto. 15 años de cárcel, pena máxima.
Laura Rodríguez Machado (PRO) y Manuel Quintar (LLA), durante el plenario del proyecto de Patricia Bullrich para bajar la edad de imputabilidad.
El mismo día en que anunció que deja el PRO para afiliarse a La Libertad Avanza, Patricia Bullrich se anotó un triunfo en el Congreso: en Diputados se dictaminó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad. El oficialismo logró consenso para llevarla a 14 años. No pudo dejarla en 13, como indicaba el proyecto original.
En el recinto, LLA intentará sumar al sector de Sergio Massa, quien cuando era diputado promovió reducir la edad punible a 14. Su tropa oscila la decena de miembros en la bancada de UP y al menos siete podrían votar a favor en el recinto, según fuentes del bloque. Para que no se desmarquen de sus pares, hubo tres massistas que fueron relevados de las comisiones: Marcela Paso, Ramiro Gutiérrez y Mónica Litza. UP también cambió a los representantes de Santiago del Estero, otro aporte que podría tener LLA en la sesión. El bloque presidido por Germán Martínez presentó un dictamen propio con un nuevo régimen penal juvenil, que mantiene la edad de imputabilidad en 16 años.
Como anticipó Letra P, el consenso incluyó además garantías procesales para los menores y, por pedido de la UCR, se dispuso una pena máxima de 15 años de cárcel, para cumplir con la convención nacional de los derechos del niño. No se tuvo en cuenta la frase "delito de adulto, pena de adulto" que dijo el presidente Javier Milei. Tampoco se sancionará a quienes sean considerados inimputables.
El despacho tuvo las firmas de LLA, PRO, UCR y Encuentro Federal. Con disidencias, adhirieron la Coalición Cívica y Democracia Para Siempre (UCR crítica): solicitaron que los menores sólo puedan ir a prisión si están las instalaciones adecuadas. Por motivos similares, presentó un dictamen de minoría Margarita Stolbizer (EF). Habrá una fuerte pelea en el debate en particular cuando el proyecto se trate en el recinto, tal vez en 15 días. Es en ese momento cuando se harán valer los votos del massismo.
El proyecto para bajar la edad de imputabilidad fue enviado en agosto por Milei. El dictamen de mayoría tuvo 77 firmas y llegó tras más de una decena de plenarios de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Niños, Niñas y Adolescentes y la de Presupuesto. Las reuniones fueron coordinadas por la diputada Laura Rodríguez Machado, del PRO, en diálogo permanente con Patricia Bullrich. La Iglesia es una de las principales detractoras de la baja de edad de imputabilidad, a través de la Pastoral Social.
El debate más intenso en el recinto será sobre el presupuesto despacho contempla cárceles específicas para menores, que requieren una fuerte inversión.
Se las denominará Institutos Especializados de Detención y deberán garantizar atención médica, actividades formativas, deportivas y asistencia de salud. El Servicio Penitenciario deberá realizar informes trimestrales por cada persona alojada. Dejarán esa dependencia recién cuando cumplan la mayoría de edad.
Para un sector de los aliados, ningún menor debe ir preso hasta que no haya lugares acondicionados. "Proponemos que no se puedan aplicar las detenciones si no están las condiciones adecuadas", sostuvo Marcela Campagnoli (Coalición Cívica). Apoyó su posición Fernando Carbajal, de DPS. "El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso es absurdo: dicen que el único impacto es poner veedores", se indignó el formoseño. Ocurre que el dictamen contempla condiciones de alojamiento, con dependencias “especialmente acondicionadas” y los menores no podrán convivir con mayores.
El texto final contempla múltiples garantías para los menores. Propone que la prisión sea la última instancia y los jueces puedan optar por medidas alternativas. Deberán hacerlo cuando se trate de penas inferiores a los tres años de cárcel.
En esos casos, los magistrados deberán elegir castigos a los adolescentes con una amonestación; prohibición de contacto o aproximación a la víctima, de conducción de vehículos, de concurrir a determinados lugares o de salir del país o de la residencia. Otra sanción posible será prestar servicios a la comunidad, uso de tobilleras electrónicas o reparación integral del daño a la víctima.
Las medidas paliativas también serán aplicables si la pena es de hasta 10 años y no hay registro de muerte o violencia física sobre las personas; o si se trata de delitos culposos, sin lesiones, causas de muerte o daño psíquico grave de la víctima. En cualquier caso, el juez deberá tomar en cuenta si hay antecedentes. Con estas excepciones, en el oficialismo sostienen que no habrá un aumento desmedido de las detenciones de menores.
El dictamen contempla la tutela durante todo el proceso y reafirma la responsabilidad civil de los progenitores, otro de los temas en debate. "Mientras no se modifique la ley de salud mental, no se puede aplicar", sostuvo Campagnoli. El dictamen estima además que haya un supervisor de los menores. Entre las garantías del proceso, se asegura que el adolescente participe del juicio con un abogado defensor, sea oído y el trámite judicial tenga celeridad.
Con el objetivo de garantizar la resocialización, el dictamen plantea instancias de asesoramiento y orientación a los menores, con programas educativos y la garantía de continuidad de una educación obligatoria. No está claro con qué fondos se garantizarán esas obligaciones.
"Tendrían que haber venido los actores judiciales a explicarlo", sostuvo Matías Molle, de UP. "Estamos pensando en cómo vamos a encerrar a los pibes y no en cómo mejorarlos. ¡Porque no nos importa!". La exministra de Desarrollo Social, Victoria Toloza Paz rompió en llanto. "Necesitamos más escuelas para los chicos y chicas; no cárceles", reclamó.