Para menores de 35 años, los avances tecnológicos han producido cambios más profundos y transformadores que la política. Y ahí radica el verdadero desafío.
Reforma laboral: jóvenes, plataformas y el fin del paradigma laboral del siglo XX
El informe “Jóvenes y Trabajo”, publicado por las consultoras Reyes-Filadoro y Enter Comunicación en noviembre pasado, permite entender cómo perciben los jóvenes su presente y su futuro laboral y explica, en parte, por qué el debate actual sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei les resulta ajeno.
Según el estudio, sólo el 23% de los jóvenes entre 18 y 35 años tiene un empleo registrado. El 77% restante no realiza aportes previsionales ni accede a los beneficios del trabajo formal. No tiene aguinaldo ni vacaciones pagas. Pero tampoco tiene jefe ni horario fijo. Para muchos, el sistema jubilatorio no es una promesa futura sino una estructura que probablemente colapse antes de que puedan acceder a ella.
Es cada vez más raro escuchar jóvenes que aspiren a conseguir trabajo en una fábrica o sueñen con “hacer carrera” en una empresa. En algunas provincias el Estado constituye la única esperanza de acceder a un trabajo estable formal, aunque sea mal remunerado. La experiencia de un trabajo registrado en el sector privado es reservada para unos pocos.
No sorprende entonces que, cuando se les pregunta cuál es el “trabajo ideal”, sólo el 30% aspire a un empleo en blanco. La mayoría prefiere esquemas flexibles, híbridos o remotos, que permitan compatibilizar ingresos, estudio y vida personal.
Las plataformas digitales consolidaron esa transformación. Para muchos jóvenes fueron herramientas emancipadoras, sobre todo después de la pandemia. Pero esa autonomía convive con una nueva forma de disciplinamiento. Sin jefe visible, sin sindicato y sin espacio físico compartido, el control se ejerce mediante algoritmos y sistemas de rating. No hay patrón, sino interfaz. No hay horario fijo, sino disponibilidad. No hay carrera, sino flujo de tareas.
Para los jóvenes menores de 35 años, los avances tecnológicos han producido cambios más profundos y transformadores que la política. Y ahí radica el verdadero desafío.
El modelo laboral del siglo XX, basado en relación de dependencia, estabilidad y seguridad social ligada al empleo, se diseñó para una economía industrial y territorial. Hoy el trabajo es fragmentado, transnacional y mediado por plataformas que operan en múltiples jurisdicciones. Empresas como Uber, Rappi o Mercado Libre tienen sede fiscal en un país, servidores en otro y trabajadores dispersos en varios. Pueden retirarse de un mercado si la regulación no les resulta conveniente.
Este desplazamiento no es meramente tecnológico sino que también es político porque desestabiliza la forma clásica en que el Estado organizó derechos, obligaciones y mecanismos de protección social. La legislación laboral presupone una relación bilateral clara entre empleador y empleado. Pero en la economía de plataformas esa relación se rompe, se fragmenta. La empresa se presenta como intermediaria tecnológica, el trabajador como “colaborador independiente” y el vínculo queda definido por términos y condiciones digitales.
La pregunta entonces no es si estos trabajadores deben ser considerados autónomos o dependientes bajo las categorías que conocemos. La pregunta es si esas categorías siguen siendo suficientes.
En este contexto, el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Milei establece que los trabajadores de plataformas son autónomos y quedan excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, se consolida jurídicamente un estatus sin relación de dependencia, sin indemnización, sin vacaciones pagas y sin negociación colectiva. De este modo, el Estado reconoce la transformación tecnológica, pero no redefine el esquema de protección, simplemente acepta la fragmentación como hecho consumado e institucionaliza una categoría híbrida, similar al modelo norteamericano del “contratista independiente”.
El problema no es sólo jurídico, sino conceptual, ¿puede considerarse plenamente autónomo quien acepta tareas asignadas por una aplicación que fija tarifas, rutas y evaluaciones? ¿Puede hablarse de libertad cuando el algoritmo decide visibilidad, ingresos y permanencia en el sistema?
Mientras tanto, otros países exploran caminos distintos. En México, la reforma de 2025 reconoce a los trabajadores de plataformas como sujetos de derechos laborales plenos, con acceso a seguridad social, cobertura por accidentes y prestaciones básicas. Algunos ponen en duda su implementación, pero al menos parte de una premisa distinta a la del proyecto argentino al plantear que la tecnología no puede ser excusa para desregular derechos, sino un desafío para ampliarlos.
Crece la tensión entre dos formas de organizar el trabajo y, en consecuencia, la ciudadanía. Por un lado el paradigma industrial asociado al trabajo estable en relación de dependencia, la mediación sindical y la protección estatal. Por otro, el paradigma digital vinculado al trabajo por demanda, ingresos variables y gobernanza algorítmica privada.
Por lo tanto, no se trata de forzar a los jóvenes a encajar en el molde del empleo industrial del siglo XX sino de construir un nuevo contrato social para la era digital que reconozca el trabajo híbrido, garantice derechos universales desvinculados exclusivamente de la relación de dependencia y habilite nuevas formas de organización colectiva en entornos digitales.
Los jóvenes no rechazan necesariamente la protección social. Lo que desconfían es de un sistema que les ofrece derechos asociados a una forma de empleo a la que difícilmente accederán. Cuando el empleo formal deja de ser horizonte plausible, la legislación que lo presupone pierde capacidad de interpelación.
Probablemente, el desafío no consista en adaptar la normativa existente, sino en repensar el vínculo entre trabajo y derechos en una economía digitalizada. Esto implica discutir si la protección social debe seguir anclada exclusivamente a la figura del empleado o si debe desplazarse hacia esquemas más universales que reconozcan trayectorias laborales discontinuas y plataformas transnacionales.
La política enfrenta un dilema estructural. Puede intentar restaurar un orden laboral que se desvanece, o puede diseñar un nuevo contrato social capaz de integrar autonomía, flexibilidad y protección.
La reforma en debate se ancla en la primera lógica. Pero los jóvenes ya viven —y trabajan— en la segunda.