Poco extraordinarias: el Congreso sancionó cuatro de los 72 proyectos de Fernández

A fines de 2020 Fernández comenzó a poner a prueba su estilo para convocar a extraordinarias, pero a veces acompañada por una extensión del período de ordinarias. En este caso la decisión estaba concentrada en ordenar todos los tiempos legislativos para cerrar el año con la sanción del proyecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la atención post-aborto, junto con la norma de atención y cuidado integral del embarazo, conocida como la ley de los 1.000 días.

El grueso de esa extensión combinada se concretó en diciembre, con la sanción de la IVE antes del 31 de diciembre y en plena pandemia. Desde entonces hasta fines de febrero de 2021, la cámara baja sólo sesionó el 11 de ese mes y trató cuatro proyectos del temario: la ley de financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología, la de sostenibilidad pública, la implementación de una pensión extraordinaria para los familiares del personal militar que falleció en el hudimiento del submarino ARA San Juan y un régimen de beneficios impositivos para impulsar inversiones en la construcción de obras privadas nuevas. Sucedió en medio de la pandemia y con las tirantes negociaciones para renovar los protocolos de funcionamiento remoto durante la crisis sanitaria. 

El Senado sesionó dos veces en las extraordinarias de febrero de 2021. Entre otras, transformó en ley cuatro textos que había aprobado la Cámara Baja y aprobó el Consenso Fiscal 2020. Diputados recién lo transformó en ley el 10 de junio de ese año. 

Las extraordinarias de 2022 fueron definidas ese mismo año. El 25 de enero Fernández firmó el decreto 51/2022 y convocó al Congreso para funcionar entre el 1° y el 28 de febrero. Estableció un temario de 18 puntos que incluían algunos textos importantes para el Ejecutivo, como ley de cáñamo industrial y cannabis medicinal y otros que habían sido producto de acuerdos entre oficialismo y oposición, como la nueva ley de VIH. Pero todo el plan quedó en la nada. El 31 de enero, un día antes del inicio del período, el diputado Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos. Fue en desacuerdo a la negociación que llevaba adelante el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Las extraordinarias de febrero del año pasado tenían una significación particular. Implicaban un ejercicio de precalentamiento para el oficialismo. Sus 118 voluntades afrontarían a partir de marzo el debate para que el Congreso autorice la renegociación de la deuda. Kirchner se quedó en su banca, dejó la conducción del bloque y fue reemplazado por el rosarino Germán Martínez, que buscó contener la discusión interna del FdT. La discusión concluyó con una votación dividida en el recinto que desnudó el nivel de desacuerdos.

El último intento para instrumentar un período de extraordinarias data del 12 de enero. Fue mediante el decreto 17/23, donde Fernández repitió la extensión del temario de 2021 y estableció 27 proyectos para que el Congreso pueda tratar entre el 23 de enero y el 28 de febrero. Entre los ejes del temario incluyó una serie de iniciativas que son consideradas clave por el Palacio de Hacienda, como la creación de un monotributo para los exportadores de servicios tecnológicos, un blanqueo impositivo para los contribuyentes con bienes en Estados Unidos, y la modificación de la legislación penal para perseguir el lavado de activos. De esos textos los dos primeros todavía no han sido presentados por el Ministerio de Economía y reflejan las pocas esperanzas que tiene el Ejecutivo de que prospere algo que no sea el trabajo de la Comisión de Juicio Político que arranca este jueves a las 11. También está la moratoria previsional y el debate de una reforma del presupuesto para cumplir con el fallo de la Corte que le restituyó casi dos puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Ninguna de esas iniciativas aparece con chances de prosperar en el escenario que se avecina.

El último listado de 27 temas no sólo incluye los proyectos de juicio político a la Corte, también incluye la ampliación del máximo tribunal a 25 miembros que aprobó el Senado y el tratamiento del pliego del juez Daniel Rafecas como Procurador, que está frenado hace tres años y desató intrigas internas. Incluso metió el proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura, que ya estaba en el temario del año pasado, antes de que se cumplieran los plazos fijados por la Corte.