Con el temario definido y el decreto firmado, el próximo período de sesiones extraordinarias del Congreso posiblemente se extienda con mucha rosca, pero sin sesiones en la Cámara de Diputados y con alguna chance de funcionamiento en el Senado. Desde el 1° de enero el escenario está cruzado por el pedido de juicio político a la Corte Suprema, que ingresó este viernes. Será rechazado por la oposición, que quiere dejar sin cuórum cualquier sesión que busque tratar alguno de los 27 temas que incluyó el Ejecutivo en la convocatoria.
En la Cámara Baja, su presidenta, Cecilia Moreau, transitará un verano áspero en materia de negociaciones políticas, tal como le viene sucediendo desde agosto, cuando reemplazó a Sergio Massa en el cargo. La diputada viene sondeando a los jefes parlamentarios opositores desde esta semana. Lo hace junto al jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. Según confiaron en el oficialismo, los contactos continuarán la semana que viene. Suceden luego del pronunciamiento preventivo que hizo la titular del cuerpo el domingo pasado. "Para este período legislativo, invitamos a todas las expresiones políticas a un debate de ideas y proyectos que mejoren la calidad de vida de los argentinos y argentinas", expresó Moreau.
Por entonces, ya estaba al tanto del rechazo de JxC al pedido de juicio político y la Mesa Nacional de esa alianza confirmó este martes que participarán de la comisión, pero no darán cuórum. En el interbloque Federal, donde hay ocho voluntades que podrían ser clave para sesionar sin JxC, también advirtieron que no acompañarán el intento de mantener en funcionamiento la Cámara mientras avance el pedido de juicio político a la Corte.
Así son las respuestas que Moreau y Martínez vienen recibiendo desde que hicieron las primeras exploraciones con los jefes de cada bloque e interbloque opositores. Continuarán en los próximos días. El planteo es que el Congreso debe funcionar y las respuestas son un muro de reproches que se incrementaron este jueves cuando se conoció que el temario incluyó los proyectos que aprobó el Senado para ampliar la Corte a 25 integrantes y el que reforma el Consejo de la Magistratura para responder al fallo del máximo tribunal. Es la ley que le había reclamado al Congreso una nueva norma mientras restituía otra derogada por el Poder Legislativo. Con ese texto el cuerpo quedó presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti, y fue ampliado a 20 integrantes. Así comenzó un conflicto de poderes entre el Senado y el máximo tribunal que no ha terminado.
También sumó el tratamiento del pliego del juez federal Daniel Rafecas como candidato a jefe del Ministerio Público Fiscal. La iniciativa está frenada en el Senado desde 2016. Al año siguiente, Juntos por el Cambio amagó con prestar el acuerdo para alcanzar los dos tercios, pero como una forma de dejar en evidencia que no avanzaría por las diferencias internas entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sobre el magistrado. Tres años después, algunos integrantes del bloque oficialista vieron ese punto en el temario e interpretaron una chicana del Presidente a la vicepresidenta.
En otros casos, leyeron una apuesta para explorar negociaciones con la oposición en la Cámara alta o para dejarlos en off side después del amague de prestar los dos tercios necesarios para el nombramiento.
Más allá de las especulaciones sobre el impacto de cada uno de los ejes impulsados por el Ejecutivo, los proyectos judiciales confirman que la negativa de la oposición será más cerrada que antes. Es otra piedra en el camino, aún más grande, para las autoridades del oficialismo en los sondeos con JxC que tienen para la semana próxima. Este viernes sugieron nuevos obstáculos para esa negociación a partir del debate interno en el oficialismo de que Fernández firme un decreto para reformar el Consejo de la Magistratura. Un sector del cristinismo sostiene que el Presidente tiene el recurso del decreto. Es otra forma de pedirle que use la lapicera, como bramó CFK el año pasado. Más allá de los tironeos, la mención en el temario de extraordinarias puede ser una forma del Presidente de insistir con el camino legislativo para contener los reclamos, o parte de una estrategia en desarrollo.
La agenda legislativa comenzará dentro de 10 días. Será el arranque del funcionamiento de la Comisión de Juicio Político que preside la peronista entrerriana Carolina Gaillard. Podría tener un trabajo de dos meses y el proyecto plantea 35 citaciones para testigos y otras cuatro para los cortesanos. A la par de ese proceso podrían continuar los intentos para buscar formas de sesionar con temas de consenso antes de marzo, pero con resultado muy brumoso.
En el Gobierno dicen que están preparados para el embate. Como contó Letra P, el ministro de Economía, Sergio Massa, ya resignó su expectativa de contar con la aprobación del blanqueo para contribuyentes con activos no declarados en Estados Unidos y con el monotributo especial para exportadores de tecnología. Son dos de los puntos que reivindica Moreau dentro del temario que busca aprovechar para sondear voluntades.
"Hay iniciativas que aguardan todavía la aprobación de la Cámara de Diputados, tales como el Plan de Pago de Deuda Previsional que beneficia a casi 800 mil personas para que puedan percibir la jubilación que les corresponde", escribió la titular del cuerpo el domingo pasado. Según supo este portal, ahí esta otro de los temas que JxC no respaldará. Algunos dirigentes del espacio opositor sostienen que es una forma preventiva ante la posibilidad de volver al Gobierno y encontrarse con números que no esperaban en materia previsional. El argumento es rechazado de plano en el oficialismo, aunque existen chances de que sea parte de otra negociación a partir de marzo. Para entonces, la gran mayoría de los 27 puntos del temario puede que sigan como están ahora.