Como se esperaba, Chile votó a favor de abandonar la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet y redactar una nueva. La opción del “apruebo” en el plebiscito celebrado este domingo recibió el 78,27% de los votos y el “rechazo”, el 21,73%. Asimismo, se impuso con holgura la Convención Constitucional, compuesta enteramente por constituyentes electos, como órgano redactor de la nueva Carta Magna: recibió el respaldo del 78,99%, contra el 21,01% de la Convención Mixta, compuesta en un 50% por constituyentes electos y otro 50% por actuales legisladores. En medio de la pandemia y con medidas de distanciamiento social, la sociedad chilena decidió cerrar una etapa e iniciar una nueva.
El apruebo se impuso con contundencia en las 16 regiones del país, con un pico del 86% en Atacama y el nivel más bajo, del 66%, en la Araucanía.
No había dudas sobre la masividad del voto a favor. Los interrogantes pasaban por la participación electoral en un país donde el voto no es obligatorio y donde hay una baja tasa de concurrencia, algo que se agravó por la pandemia, que provocó que casi 10.000 personas no hayan podido votar por estar enfermas de covid-19.
La participación fue del 50,83%. Fue la segunda vez en una década que superó el piso del 50% y, a pesar de representar un aumento del 2 por ciento en relación al ballotage de 2017, es un número bajo para una elección tan importante que necesitaba una victoria contundente y, además, una votación masiva para otorgarle a la nueva Constitución la legitimidad que la actual nunca tuvo.
El proceso que generó este plebiscito y este cambio histórico se inició en octubre del año pasado, cuando miles de estudiantes decidieron saltar los molinetes del subte para no pagar el aumento de 30 pesos en el pasaje anunciado por el presidente Sebastián Piñera. El comité de expertos que recomendó la medida no imaginó que iba a desencadenar el cambio político más importante desde la recuperación de la democracia. A los pocos días, la capital chilena comenzó a vivir masivas protestas que dieron paso a un reclamo de fondo y transversal a la sociedad que superó ampliamente al sistema político, tanto al oficialismo como a la oposición. “No son 30 pesos, son 30 años”, fue la frase que se hizo símbolo y bandera de la población que decidió ponerle punto final a una dictadura que en los hechos finalizó en 1990, pero cuyo legado perdura hasta la actualidad con su Carta Magna ilegítima muchas veces modificada, pero nunca abandonada.
La Constitución que se modificará es la que aprobó la dictadura de Pinochet en 1980 con el 65,71% de los votos en un plebiscito que no contó con las mínimas garantías y sobrevivió a la transición democrática, pero no al estallido de octubre. Uno de los juristas de la dictadura y redactor de la misma, Jaime Guzmán, aseguró durante aquellos años: “La Constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno anhelaría, haciendo extremadamente difícil lo contrario”.
La protesta contra el boleto devino contra el sistema económico, político y social nacional, un sistema todavía regulado por la Constitución militar que no garantiza derechos sociales y establece un sistema neoliberal, desigual e injusto en el país. Dos banderas que se vieron este domingo en los festejos por el resultado son síntoma del cambio político que vive el país. “Adiós general” y “borrar tu legado será nuestro legado”, decían con letras blancas sobre un fondo negro.
El siguiente paso de este proceso se llevará a cabo el 11 de abril, cuando el pueblo chileno elija, con paridad de género, a las 155 personas que compondrán la Convención Constituyente, el órgano encargado de redactar la nueva Constitución en un plazo de nueve meses con la posibilidad de solicitar una prórroga de tres más. Si en ese período no alcanzara una nueva Carta Magna, seguiría vigente la de 1980.
Las nuevas normativas deberán contar con el apoyo de los dos tercios del órgano para entrar en vigor, lo que obligará a las partes a alcanzar acuerdos. La distribución de los escaños será fundamental, porque los partidos de la derecha que se oponen a las modificaciones podrán aglutinarse en un bloque clave para trabar demandas profundas de la sociedad, como la eliminación de la privatización de servicios, la garantía de derechos sociales, el rol de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el aborto y el reconocimiento de los pueblos originarios, entre otros. Antes de su entrada en vigor, la nueva Constitución deberá ser ratificada en otro plebiscito, previsto para 2022, bajo voto obligatorio.
Días antes del estallido social del año pasado, Piñera dijo que Chile era un “verdadero oasis” en una “convulsionada” región. A los pocos días, ordenó el primer despliegue militar desde el retorno de la democracia para sofocar las protestas. Al igual que el sistema, la clase política también se encuentra fuertemente desprestigiada de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. El estallido del año pasado la desbordó. No fue sólo contra Piñera; fue contra el sistema y contra sus distintos representantes en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que han administrado el neoliberalismo impuesto a sangre y fuego por los militares sin atreverse o sin poder modificarlo. Ese “oasis” que ostenta el PBI per cápita más alto de Sudamérica, pero en el cual el 1% de la población acumula el 26,5% de la riqueza nacional, según la CEPAL, se rompió en mil pedazos y deberá ser la Convención la encargada de construir uno nuevo más equitativo e igualitario.
Luego de abandonar el Poder Ejecutivo, Pinochet siguió al frente del Ejército hasta 1998 y fue senador vitalicio hasta 2002. Cuando dejó el cargo de la institución castrense, con una ceremonia especial, dijo: “Misión cumplida”. Este domingo, el pueblo chileno dio un paso fundamental para poder decir en el mes de abril: “Misión cumplida”.
