La historia política de Chile experimentará este domingo un momento trascendental cuando comience a sesionar, a partir de las 10, la Convención Constituyente encargada de redactar la nueva Carta Magna que reemplazará la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. El sistema político y económico que despertó halagos en distintos rincones de la región, pero que explotó en las protestas de 2019 se acerca a su lecho de muerte ante una sociedad que demanda cambios de fondo.
En las calles del país aún retumban las consignas que amplios sectores sociales levantaron en las manifestaciones de 2019, cuando el aumento de 30 pesos en el subte desencadenó una ola de protestas y se convirtió en una crisis estructural: “No son 30 pesos, son 30 años”, “Adiós, general (Pinochet)” o “Borrar tu legado será nuestro legado”, son ejemplos de aquellas consignas. El gobierno conservador de Sebastián Piñera no imaginó que su ajuste en el transporte se convertiría en un jaque mate a la herencia pinochetista grabada a sangre y fuego en la Constitución de 1980.
Pinochet abandonó el Palacio de la Moneda en 1990, pero no así el poder. Su modelo neoliberal, importado de la Escuela de Chicago, quedó plasmado esa Carta Magna hasta la actualidad a través de importantes disposiciones, como la privatización del agua, del sistema de pensiones y jubilaciones, de la educación y de la salud. Además, creó un sistema político restringido y destinado a las élites económicas a la vez que cercenó derechos, como el de huelga en la administración pública. Durante estos años pasaron los gobiernos de la Concertación, los mandatos de Michelle Bachelet y Piñera, pero las bases de la dictadura siguieron vigentes. Hasta este domingo, cuando empiecen a ser discutidas.
La Convención Constituyente, compuesta por 155 bancas, será la encargada de emprender esta tarea. Los posibles cambios que podría vivir el país se empiezan a vislumbrar a partir de su propia conformación. Si la Constitución de Pinochet fue escrita en las sombras por un puñado de técnicos, este debate será liderado por personas elegidas por el voto popular, con 17 representantes de los pueblos originarios y una mayoría de fuerzas de izquierda a independientes ante apenas 38 escaños que tendrán los partidos de la derecha tradicional. La misma tendrá un período de nueve meses, con una única prórroga de otros tres, para presentar su proyecto final, que deberá ser aprobado cerca de dos meses después en un plebiscito con voto obligatorio. Si recibe el visto bueno, deberá ser ratificado por el presidente; si no, el fantasma de Pinochet, una vez más, seguirá con vida.
En diálogo con Letra P, el abogado y constituyente electo del Distrito 16 por la lista Apruebo Dignidad, Nicolás Núñez, aseguró que “una de las consignas de la Constituyente será cambiar el modelo capitalista neoliberal” y ejemplificó: “La fecha de inauguración, el 4 de julio, es la independencia de Estados Unidos, que representa todo lo que queremos cambiar”.
Para ello contará con una importante característica. La redacción de la nueva constitución partirá de una “hoja en blanco”, es decir, que lo que surgirá será un texto nuevo y no una reforma del actual, como ha ocurrido en varias oportunidades. “Tenemos la posibilidad de redactar por fuera de los márgenes parlamentarios y replantear un montón de cosas”, afirmó Núñez desde Chile, quien enumeró algunos de los objetivos prioritarios del proceso: “El reconocimiento de la plurinacionalidad a partir del respeto a nuestros pueblos originarios, la protección del medio ambiente y los animales, el feminismo y modificar los sistemas privados de jubilaciones y pensiones y de salud”.
El modelo neoliberal de Pinochet fue uno de los primeros en llevarse a la práctica en el mundo, lo que lo transformó en un experimento a cielo abierto que le valió el reconocimiento y la amistad de la exprimera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher. “No va a cambiar todo de la noche a la mañana, pero necesitamos dar el primer puntapié desde la Constituyente. Será el primer paso para acabar con este sistema”, explicó Núñez en diálogo con este medio.
El plan pinochetista, basado en el achicamiento del Estado, en la expansión del capital a partir de la inversión interna y externa y en su respaldo en una cruenta represión, generó buenos réditos a nivel macroeconómico, pero magros resultados sociales a partir del acaparamiento de la riqueza en manos de un puñado de amigos del poder. “Chile creció a nivel económico, pero no creció en otros ámbitos de la vida humana. Hay que avanzar en igualdad, justicia y protección de los derechos en los que estamos muy atrasados”, agregó el representante de Apruebo Dignidad, una de las listas que reunió a la nueva izquierda en la elección de constituyentes.
De todas maneras, Núñez aseguró que la futura constitución incentivará la llegada de inversiones, pero anticipó los cambios que pueden llegar a existir a su alrededor: “Hay que cuidarlas, pero las condiciones las tiene que dar un Estado que fiscalice. Queremos un país estable para que haya inversiones y la mejor estabilidad es la estabilidad social porque no es atractivo invertir en un país donde hay injusticia, desigualdad y revueltas”. A partir de este domingo se empezarán a discutir las bases del Chile del futuro, que promete dejar atrás los mantras de un sistema impuesto a punta de fusiles que hasta 2019 había parecido inalterable.
La nueva constitución deberá respetar el carácter de República democrática, las sentencias judiciales firmes y los tratados internacionales ya ratificados y, además, sus futuras consideraciones deberán recibir el voto de dos tercios del pleno. Si la Constituyente lograra sortear las dificultades que le esperan, podría colocar los primeros ladrillos de un nuevo Chile y abandonar un modelo que fue paradigma en la región, pero que cayó ante los vientos de cambio.
