27|1|2021

El aborto legal cruza la cordillera

12 de enero de 2021

12 de enero de 2021

La aprobación de la IVE en la Argentina, ola expansiva para América latina. Pica en punta Chile, que debate el tema en el Congreso. 

El 30 de diciembre, la Argentina se integró a la cortísima lista de países de América latina y el Caribe que tienen aborto legal. Los otros son Uruguay, Cuba, Guayana y la Guayana Francesa. Por la extensión de su territorio, la importancia regional y la masividad de los feminismos, la Argentina es punta de lanza para otros estados en términos de avances por la ampliación de derechos. Ocurrió con Ni Una Menos, que se replicó y puso en agenda el problema de las violencias machistas más allá de las fronteras nacionales.

 

Ahora, entonces, le toca a Chile, donde este miércoles 13 comienza a discutirse en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas. El proyecto ingresó en 2018 y busca despenalizar el aborto hasta la semana 14. La presidenta de la Comisión, la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini, se puso a disposición de las organizaciones feministas “que han dedicado su vida a la pelea por un aborto libre y seguro para todas” y espera que el proyecto pueda ser despachado “lo antes posible a la sala”. El proyecto chileno tiene autoría compartida por legisladoras de distintos partidos políticos y fue redactado en alianza con la sociedad civil. En ese sentido, el modelo 2020 de Chile se asemeja más al de la Argentina 2018, cuando fue aprobado en la Cámara baja el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con modificaciones realizadas en acuerdo con “las sororas”.   

 

Para Orsini, la experiencia argentina es fundamental para avanzar en el país trasandino: “Fueron años los que les tomó a las argentinas agitar todos los pañolines que tuvieron que agitar; años de convencer a todos los congresistas que tuvieron que convencer; años de pelear contra prejuicios y dogmas religiosos. Ahora que ahí, cruzando la cordillera, nuestras compañeras muestran que la lucha y la perseverancia rinde frutos, nosotras acá en Chile no nos podemos quedar atrás. Debemos continuar avanzando en el camino de dignidad y derechos que el feminismo ha dibujado para las mujeres y la sociedad entera”.

 

Entre 1990 y 2017, en Chile el aborto era castigado sin ninguna excepción, una medida establecida por la dictadura de Augusto Pinochet, poco tiempo antes de dejar el poder. Recién hace tres años se despenalizó por causales: peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación, una promesa electoral de la entonces presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, y a pesar de que fue considerado un avance, esta legislación es resistida por la mitad de los obstetras del sistema público chileno, que se declaró objetor de conciencia en los embarazos por violación. Las organizaciones de la sociedad civil reclaman, desde entonces, protocolos y regulaciones que garanticen a las mujeres el acceso a las interrupciones legales de embarazo, algo que hasta ahora ningún gobierno resolvió.

 

Un informe de la Corporación Humanas hace explícito el problema: que la objeción de conciencia no tiene carácter “excepcional” y que a los centros de salud no se les exige la obligación de derivar a las mujeres o a las niñas a un equipo no objetor. El informe de Humanas ejemplifica con el caso de la ciudad de Osorno, en el sur del país y con una población de 140.000 habitantes, en donde 17 de los 18 obstetras del servicio de salud objeta la causal de violación, es decir, el 94,4% de los médicos.

 

Los pasos

El proyecto que comenzará a tratarse este 13 de enero fue presentado por primera vez en agosto de 2018, pocos días después del rechazo a la iniciativa en el Senado de la Argentina. “No bastan tres causales”, era la consigna con la que el movimiento feminista de Chile agitaba entonces, y hoy, la aprobación de una legislación menos restrictiva que la impulsada por Bachelet. Ya en mayo de ese año la movilización de los feminismos estaba en ebullición, con una ola de tomas que paralizaron a las principales universidades del país para denunciar abusos sexuales en las casas de estudios y reclamar protocolos para enfrentarlos. Y el 25 de julio realizaron la sexta convocatoria por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, en donde pudo verse la masividad con la que los pañuelos verdes cruzaron la cordillera.

 

El activismo estudiantil y los feminismos también fueron protagonistas del estallido social de 2019, la serie de manifestaciones populares que demandaban, entre otras cosas, una nueva Constitución. Aprobada finalmente en octubre, la nueva Carta Magna será redactada en forma paritaria. Camila Vallejo, la jefa de la bancada comunista, no quiere esperar la nueva constitución para abrir este debate: “Las tres causales son insuficientes para miles de mujeres que tienen necesidad de interrumpir sus embarazos por el motivo que sea y el Estado debe responderles descriminalizando su decisión", sostiene. En el mismo sentido, Daniella Cicardini (PS) está convencida de que este es el momento “para reimpulsar ese debate entendiendo que el contexto ha cambiado, que las mujeres levantaron también con fuerza la demanda por igualdad y sus derechos sexuales durante el estallido social, y logramos el hito histórico de la paridad en la nueva Constitución, por lo que no hay razones para postergar más y no avanzar en su aprobación".

 

La diputada de Comunes Camila Rojas también puso como ejemplo a la Argentina: “En Chile tenemos que avanzar en la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Queremos que esta discusión se tome el debate nacional, que el derecho de las mujeres a decidir ante casos tan cotidianos como que falle el anticonceptivo, se discuta en las casas”, igual que Karol Cariola (PC): “Argentina dio una tremenda lección a América Latina y el mundo respecto de la importancia de escuchar las necesidades y las demandas de las mujeres organizadas".

 

 

El ejemplo argentino no sólo prendió la mecha en Chile. En septiembre del año pasado, un grupo de 91 organizaciones y 134 activistas interpusieron una demanda conjunta en la que le piden a la Corte Constitucional de Colombia que elimine el delito de aborto del Código Penal por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud. En México, el 31 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de prensa que existen vías para despenalizar el aborto en todo el país, como lo hizo la Argentina y, contra la postura de las organizaciones y legisladoras feministas, habló de llamar a una consulta popular por el tema, mientras que uno de sus hijos, José Ramón López Beltrán, lo celebró en Twitter: “Gran avance por la despenalización del aborto en la Argentina. Ya nos toca”.

 

 

Otros menos tibios, se vieron directamente amenazados por la decisión del Congreso argentino de legalizar el aborto. El presidente brasileño Jair Bolsonaro tuiteó: “En lo que dependa de mí y de mi Gobierno, el aborto jamás será aprobado en nuestro suelo”, mientras que en Paraguay, el Parlamento hizo un minuto de silencio por “las miles de vidas de los hermanos argentinos que se perderán antes de nacer”.

 

 

La onda expansiva del pañuelo verde es literal: el símbolo fue adoptado para dar la batalla por el aborto legal, seguro y gratuito en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Paraguay, entre otros países. En tanto esperan la promulgación de la ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo este jueves, las argentinas dicen que “los pañuelos verdes no se bajan” porque planean extender la marea a toda América latina.