El tiempo transcurre de una extraña manera en Perú. La ciudadanía vive con el miedo a una nueva ola de covid-19, el transporte sufre el aumento de los combustibles y el campesinado, el de los fertilizantes. Sin embargo, en el poder, la dirigencia política parece detenida en el tiempo entre crisis que se suceden casi cotidianamente, no entienden de nombres y se llevan puestas a distintas figuras. Antes fueron sus antecesores y hoy quien está en peligro es el presidente, Pedro Castillo, el maestro que llegó de forma sorpresiva al Palacio de Pizarro con un programa de izquierda que nunca aplicó, fue abandonado por el partido que lo llevó al poder y es investigado por distintas causas de presunta corrupción. Sin certezas de plazos, su foco es evitar un derrumbe ante un Congreso que aumenta su poder y sus ambiciones.
“La continuidad de Castillo está en peligro”, sentenció en diálogo con Letra P la expresidenta del parlamento Rocío Silva Santisteban, quien aseguró que el jefe de Estado y su bancada legislativa “sobreviven como pueden” mientras la ciudadanía observa el panorama. “Hay una tremenda crisis en cámara lenta”, analizó. “Es una situación muy delicada. Parece que estamos encima de una telaraña y que todos los que se mueven generan situaciones de pesos, que todo es precario y que puede reventar en cualquier momento”, agregó.
Castillo enfrenta dos conflictos que amenazan su continuidad. El primero es el judicial. En los últimos meses, dos causas se volvieron un dolor de cabeza para el presidente. En la primera lo acusan de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada junto a dos de sus sobrinos –uno de los cuales está prófugo–, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas y figuras del sector privado por, presuntamente, favorecer a una empresa. A raíz de este caso, el mandatario se convirtió en el primer presidente de la historia peruana en ser imputado mientras ocupa el cargo y debió declarar durante más de cuatro horas.
En la segunda causa, la esposa del presidente, Lidia Paredes, declaró durante tres horas por una investigación que involucra a su hermana Yenifer Paredes por pertenecer a JJM Espino Ingeniería & Construcción, una supuesta empresa fantasma que ganó, desde que Castillo llegó al poder y después de que su línea directiva asistiera a la sede de gobierno para reuniones que aún no se aclaran, una licitación por casi un millón de dólares. A este combo se le suman otros antecedentes que ya pesan sobre Castillo, como las acusaciones por haber mantenido encuentros fuera de su agenda y sin registros ni testigos con distintas personas en una vivienda privada o interceder ante el comando de las Fuerzas Armadas para favorecer a figuras cercanas a su administración.
El otro frente es el político, el que puede acelerar su caída. A fin de mes, Castillo renunció al partido con el que ganó las elecciones, Perú Libre, luego de meses de discusiones internas. La decisión plasmó algo que se preveía: el jefe de Estado nunca fue un hombre orgánico, representó a esa agrupación en los comicios de forma impensada y el programa de izquierda de este nunca lo terminó de convencer, por lo que nunca lo llevó a su gestión.
Con esta ruptura, Castillo queda rodeado por todos los frentes. Por un lado, desde la derecha fujimorista, que lo acusa de comunista y de no ser capaz de comandar el país, por lo que ya presentó dos pedidos de vacancia para acortar su mandato que no prosperaron en el Congreso. Por el otro, desde la misma izquierda que lo vio como una figura capaz de cambiar la matriz productiva, económica y social neoliberal y extractivista heredada de la dictadura de Alberto Fujimori, que se desencantó con su mandato a medida que la gestión se desarrollaba.
Para el presidente, la ruptura representa, más que una cuestión ideológica, un problema práctico. Sin el apoyo de su partido, perdió los votos de sus bancas para sobrevivir a un (nuevo) intento de vacancia que buscará presentar la oposición, aún sin fecha confirmada. Con 87 votos de sus 130 asientos, el Congreso podría destituir al jefe de Estado. En esta selva política, Castillo apenas cuenta con el respaldo de 17 escaños que ya adelantaron que, si las investigaciones confirmaran algún delito, también votarían para removerlo.
Por su parte, el Congreso busca más poder. Esta semana, comenzó a tratar una reforma constitucional para crear la Cámara del Senado y permitir la reelección legislativa, puntos que la población rechazó en un reciente referéndum. Con una desaprobación alta, una oposición carnívora y decidida a destituirlo más temprano que tarde, Castillo debe reforzar sus cimientos si no quiere seguir el camino de sus antecesores.
La coyuntura peruana evidencia las dificultades que encuentran varios gobiernos regionales en un momento de alto e inflamable descontento social, aumento de la inflación y los combustibles y un deterioro de la calidad de vida.
Castillo no es el único mandatario que hace malabares para sostenerse a merced de gran parte de sus promesas. Desde agosto, será el turno del colombiano Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de su país que ya se vio obligado a tejer una alianza legislativa con fuerzas tradicionales para no correr peligros.
En octubre, según todas las encuestas, le tocará en Brasil de Luiz Inácio da Silva, que deberá hacer lo propio ante un Poder Legislativo que ya derrocó a Dilma Rousseff. Recientemente, le pasó en Ecuador a Guillermo Lasso, quien sobrevivió a un intento de destitución de la Asamblea Nacional mientras las protestas se sucedían en las calles de Quito. Ni siquiera el argentino Alberto Fernández está exento de turbulencias a raíz de la interna de su propio frente gobernante y las diferencias con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Por errores propios y ambiciones opositoras, Castillo, por ahora, es el caso más emblemático, pero los problemas de gobernabilidad trascienden fronteras y la onda expansiva del derrumbe amenaza con ser amplia.
