Los especialistas dicen que la exasperante demora del anuncio de los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú, celebrada el último domingo 6, no afectará le fecha de entrega del mando, prevista para el 28 de julio, pero el ánimo social no atiende esos argumentos tranquilizadores. El escrutinio oficial, que le dio al izquierdista heterodoxo Pedro Castillo el triunfo por un mínimo margen de 44.058 votos, ha quedado varado en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por impugnaciones de la derechista Keiko Fujimori que involucran unos 200 mil. La jugada, con toda probabilidad, no alterará el desenlace, pero es funcional a una temprana operación del establishment para erosionar desde el vamos el ímpetu reformista del ganador, la que, por su intensidad, sería la envidia de los círculos rojos de países que, como la Argentina, presumen del ancho de su grieta.
La ofensiva comienza en la Justicia electoral. El JNE va despejando con morosidad el camino de los reclamos de anulación de actas del fujimorismo, lo que provocó el miércoles la salida de uno de sus fiscales, Luis Arce Córdova. El magistrado, que acusó a sus pares de "sobreponer los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral", admitió que su dimisión sería ilegal en el contexto de un proceso electoral en curso, por lo que pidió acogerse a la figura de la "declinación", también inexistente. Así las cosas, el JNE interrumpirá sus sesiones o seguirá adelante flojo de papeles, lo que supondría todo un lastre para la legitimidad de Castillo.
En tanto, sectores de las Fuerzas Armadas salieron a poner más sal y pimienta a ese caldo espeso cuando cientos de oficiales retirados se juntaron el martes a la noche en una plaza de Lima, algunos incluso con uniforme. Exigían la revisión de todas las impugnaciones y protestaban por un fraude a favor del izquierdista, uno que sería el más curioso de la historia por tratarse del candidato que no quería ver vencedor ningún factor de poder… salvo la mayoría de los peruanos que lo votó.
Otro clásico que vuelve, el anticomunismo, también estuvo en boca de los quejosos, tal como se ha visto en muchos países y en la propia Argentina cuando la fallida expropiación de la cerealera Vicentin, en las manifestaciones anticuarentena y en la imaginería de comunicadores dados al consumo de lavandina.
La escena se hizo más tensa dado que muchos de los presentes se exhibieron con espadas, respuesta a la presencia, día antes también en la capital, de campesinos pro-Castillo con machetes.
Con el lamentable antecedente de Brasil, la escena de militares presionando en la escena pública se hace cada vez más frecuente en Sudamérica. En la Argentina las cosas no han llegado a ese punto, pero hay que recordar cómo una huelga de policías bonaerenses, acompañada de amenazantes manifestaciones, tuvo en vilo al país en septiembre del año pasado.
Desestabilización de origen. Castillo, ganador impugnado por el establishment.
En lo que ya supone otro lugar común, los medios han hecho su parte y así lo advierte la población. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada por el diario La República, una amplia mayoría considera que aquellos favorecieron intencionalmente a alguno de los candidatos en la segunda vuelta. Más en detalle, el 59% detectó un sesgo a favor de la candidata del modelo, Fujimori, y el 7%, uno proclive a Castillo. El dato es interesante: más de uno haría bien en recalcular los costos y los beneficios de jugarse la credibilidad en la era de las redes sociales.
Más generalizada todavía –en especial en Argentina– es la torsión del mercado financiero contra cualquier proyecto político reformista. En el caso peruano, todo lo que siguió al ballotage del 4 de junio resultó abrumador. El índice general de la Bolsa de Lima se desplomó 15,47% entre el viernes previo a la apertura de las urnas y el miércoles último.
Fuente: investing.com
En el mercado cambiario, el sol aguantó mejor la tempestad, lo que limitó la suba del dólar a un 3,37% en el período mencionado, algo posible en virtud de una fortísima venta de billetes verdes por parte del Banco Central de Reserva del Perú.
Fuente: Morningstar
¿Qué será, así las cosas, de las propuestas más audaces de Castillo? ¿Será capaz de avanzar con sus promesas de reformar la Constitución en un sentido progresista y de incrementar los impuestos a la minería, principal actividad económica del país y base de un "milagro" que ha sido macro, pero que nunca derramó a la sociedad de manera equitativa? ¿Podrá imponer su programa en un país que ha visto pasar a cuatro presidentes en el último período de gobierno y donde los jefes de Estado tienen como destino el descrédito inexorable o, incluso, la cárcel?
A pesar de la radicalidad de sus posturas económicas, el hombre, un sindicalista docente de 51 años, tiene su costado conservador, sobre todo en lo que se refiere a la mano dura contra el delito y al rechazo a la agenda de género. ¿Dará también el paso de domesticarse en lo económico, tal como hicieron, contra lo que se esperaba de ellos, Alejandro Toledo, el segundo Alan García y Ollanta Humala?
Sea por eso o para calmar los ánimos en la coyuntura, Castillo ya aclaró: "No somos chavistas, no somos comunistas". "Somos emprendedores y garantizaremos una economía estable, respetando la propiedad privada, la inversión privada y, por encima de todo, los derechos fundamentales, como el derecho a la educación y la salud", agregó, ambiguo.
En tanto, su principal asesor económico, Pedro Francke, dijo en una reciente entrevista con la agencia AFP que el nuevo gobierno no hará "expropiaciones" ni "estatizaciones" ni "controles de precios generalizados" ni "un control de cambios que haga que no puedas comprar y vender dólares y sacar los dólares del país". Su presencia a cargo de la economía en el futuro gabinete sería un reaseguro para el mundo de los negocios, que se ha lanzado a una intensa fuga de capitales, de que el programa del gobierno sería más reformista que radical.
El establishment aprieta todas las clavijas de las que dispone para limar las aristas más filosas de quien fue candidato por un partido que se define como "marxista", sin que importe que los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tanta ayuda prestó a la idea del fraude y al golpe posterior en Bolivia, hayan declarado que los comicios fueron irreprochables. Tampoco, que el propio presidente Fracisco Sagasti –un moderado– se haya expresado en igual sentido, lo mismo que países de la región como Argentina y hasta los Estados Unidos.
Menos se preocupa por los antecedentes de Keiko Fujimori, por la causa por financimiento ilegal de campaña que la tiene al filo de la cárcel ni por los nefastos antecedentes del clan familiar, de los que nunca abjuró y han incluido matanzas de guerrilleros, el gatillo fácil contra el delito, el espionaje masivo y hasta del autogolpe que su padre Alberto perpetró en 1992.
Hay para quienes la democracia no es más que una herramienta. Lo que manda, en el fondo, son los intereses.
